 Según el Gobierno regional, el 83% de los niños están escolarizados en centros ordinarios
El Gobierno regional ha reiterado su apoyo a la labor que se lleva a cabo en los Centros de Educación Especial de la Comunidad de Madrid. Se trata de centros que escolarizan alumnos de entre 3 y 21 años con discapacidad severa y que presentan necesidades educativas especiales cuya mejor atención educativa requiere la existencia de centros específicos para este alumnado. Como muestra de ese respaldo, el consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, ha mantenido una reunión con José María de Areiza, miembro de la ‘Plataforma Educación inclusiva sí, Especial también’.
Durante este encuentro, el representante del Gobierno regional ha resaltado la labor de los centros específicos de Educación Especial, en los que se imparten enseñanzas correspondientes a Educación Infantil Especial, Educación Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta y en los que se ofrecen servicios, recursos y medidas muy singularizadas. Con el fin de facilitar la adaptación de la respuesta educativa que estos alumnos requieren, la cifra media de alumnos es de 6 por aula. Los alumnos son agrupados siguiendo criterios más flexibles que en los centros ordinarios y tienen en cuenta los perfiles personalizados y el tipo y grado de discapacidad y no se basan, como criterio esencial, en la edad o año de nacimiento.
Los centros de Educación Especial cuentan con profesionales y perfiles especializados. El personal educativo está integrado por maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Educación Física y Música, profesores técnicos de Formación Profesional, orientadores y profesor técnico de Servicio a la Comunidad. El personal de apoyo está integrado por fisioterapeutas, integradores sociales, diplomados universitarios en Enfermería y técnicos educativos. Asimismo, las instalaciones presentan unas características arquitectónicas, organizativas y de recursos que permiten una atención individualizada, no generalizable a todos los centros educativos. Por ejemplo, estos centros disponen de adaptaciones arquitectónicas (para la supresión de barreras), espacios para el trabajo individual, ordenadores y software específicos, sistemas alternativos de comunicación, materiales impresos y audiovisuales adaptados, comedor y transporte adaptado y salas de estimulación, multisensorial o de fisioterapia.
Del total de alumnos escolarizados en la región con necesidades educativas especiales, cerca de 33.000, el 83 % está escolarizado en centros ordinarios con apoyos o en centros ordinarios de escolarización preferente. El restante 17 % (algo más de 5.000) está escolarizado en Centros de Educación Especial. En la Comunidad de Madrid existen 24 centros públicos de Educación Especial y 40 centros concertados. También hay 8 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que cuentan con unidades específicas de Educación Especial.
Asimismo, el consejero de Educación e Investigación también ha resaltado la importancia de la educación inclusiva. Fruto de ello es el trabajo que viene realizando el Gobierno regional en la elaboración de un decreto que vertebre toda la normativa existente en materia de atención a la diversidad. Como ejemplo, la normativa pone de relieve la importancia que tienen en la organización de los centros ordinarios los tiempos de comedor, recreo, actividades y salidas complementarias, para garantizar la participación de todos los alumnos. También contempla la creación de espacios inclusivos de convivencia, para que los alumnos puedan aprender y participar en actividades extraescolares adecuadas a sus necesidades.
Entre otras novedades se incluye la elaboración, por parte de cada centro, de un Plan de Educación Inclusiva que incluirá las herramientas de planificación y organización que permitan dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos. Asimismo, se crea la figura del coordinador del Plan de actuación en cada centro, que informará regularmente al Consejo Escolar sobre el desarrollo y aplicación del Plan. En este trabajo la Comunidad de Madrid ha contado desde su inicio con la colaboración de CERMI-Madrid (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad), que agrupa a las asociaciones y entidades más representativas en este ámbito. Esta institución está siendo la encargada de trasladar a la administración educativa los criterios y las aportaciones técnicas de distintas entidades y asociaciones relacionadas con el mundo de la discapacidad en la región.
Desde el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) por una escolarización inclusiva queremos mostrar nuestra profunda preocupación por las informaciones difundidas los últimos días en relación con esta propuesta de ley, así como por la campaña de petición de firmas contra el cierre de los centros de educación especial.
Según dicha campaña, la Propuesta de ley de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid -impulsada por 43 ayuntamientos, 233 entidades y aprobada por la Asamblea de Madrid con 80 votos a favor y 42 abstenciones- plantea la desaparición de los centros de Educación Especial, lo que ha generado, como no puede ser de otra manera, una enorme preocupación y malestar entre las familias y ciertos colectivos de la educación. Sin embargo, la ILA no plantea en ningún apartado el cierre de ningún centro educativo, ni específico ni ordinario. Por eso, una vez abierto el debate, consideramos urgente expresar lo siguiente:
1. La ILA nace con el fin último de hacer cumplir el DERECHO FUNDAMENTAL DE LA INFANCIA A RECIBIR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. A pesar de que el derecho de todas las personas a educarse en el sistema educativo general sin ningún tipo de discriminación y con los apoyos necesarios está amparado en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2008, con la ratificación por parte del Estado Español de la Convención de las Naciones unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el actual sistema educativo no facilita el ejercicio de este derecho. Recientemente, el Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU ha denunciado que nuestro sistema educativo no respeta los derechos de los niños y niñas, y que son necesarias iniciativas legales para mejorar las escuelas ordinarias y avanzar hacia una educación inclusiva de calidad.
2. La ILA plantea esa transformación del actual sistema educativo pero solo desde la prudencia y de forma paulatina, con la mirada puesta siempre en las necesidades del alumnado , hasta conseguir que los niños y niñas con diversidad funcional puedan sentirse igual de acompañados y acogidos en la escuela ordinaria como lo están ahora en los centros de Educación Especial. La sólida fundamentación jurídica y la jurisprudencia que ampara el derecho a la educación inclusiva hacen que la transición hacia un modelo más inclusivo sea imperativa, pero plantear la transformación de los centros de Educación Especial sin asegurar previamente las condiciones necesarias en el sistema común sería una irresponsabilidad, como también lo es perpetuar el modelo educativo actual que vulnera sistemáticamente los derechos humanos . Dicha transformación se ha hecho exitosamente en el plazo de varios lustros en otros países, donde una parte del sistema de Educación Especial ha transferido sus excelentes recursos y su buen hacer a los centros ordinarios para atender adecuadamente a los niños y niñas con diversidad funcional en estos contextos.
3. En este proceso de transformación paulatino, la ILA plantea aumentar los recursos y mejorar las culturas profesionales en los centros ordinarios para facilitar la inclusión , sin que suponga una reducción en los recursos para aquellos niños y niñas escolarizados en centros de Educación Especial. Hoy día, la educación ordinaria y la educación especial funcionan como un sistema de vasos comunicantes: cuantos menos recursos hay en el sistema ordinario, es decir, cuando más segregadora es la escuela ordinaria, más necesaria se muestra la modalidad de Educación Especial. Esta relación queda demostrada con la simple observación de las significativas diferencias existentes respecto a la implantación de la Educación Especial en las distintas Comunidades Autónomas.
4. La ILA nació desde las comunidades educativas y se ha construido siempre desde el más profundo respeto a todas las familias, independientemente de la modalidad de escolarización de sus hijos e hijas . Lo que facilita esta ley es que las familias tengan realmente la opción de elegir un centro ordinario para sus hijos e hijas y que no se vean abocadas a irse a la educación especial porque en la ordinaria no se den las condiciones adecuadas para cubrir las necesidades específicas de todo el alumnado. Por ello, la ILA persigue asegurar las condiciones oportunas en la educación ordinaria que garanticen no solo la presencia de la diversidad, sino también el máximo bienestar y aprendizaje de todas las personas en las aulas comunes.
5. Valoramos muy positivamente la labor que realizan los profesionales de los centros de Educación Especial de nuestra región y consideramos que tanto en la situación actual como en un futuro modelo inclusivo estos profesionales son y serán siempre imprescindibles en el sistema educativo.
6. Consideramos que esta campaña de desinformación solo persigue generar alarma social entre las familias de los centros de Educación Especial para favorecer intereses ajenos al derecho a la educación de niños y niñas.
7. Por ello , solicitamos la retirada de dicha campaña de recogida de firmas al entender que su argumentación es sesgada y distorsiona el objetivo final de la ILA con el fin de influir negativamente en el proceso institucional y democrático de tramitación de este proyecto de ley impulsado por 43 ayuntamientos que representan a más de 5 millones de personas.
8. Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición de las familias o cualquier colectivo que crea que la ILA ataca a sus intereses con el fin de debatir y construir juntos una sociedad inclusiva , empezando por la infancia. |
