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13
Ene
2019
Archivan la querella por la venta de viviendas del IVIMA a fondos buitre PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por FRAVMTras la decisión de la fiscalía de cambiar el criterio

Perplejidad, incomprensión e indignación. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la FRAVM han reaccionado de esta manera al archivo de la causa penal que el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid mantenía abierta desde 2014 por la operación de enajenación de casi 3.000 viviendas públicas al fondo buitre Goldman Sachs. Los abogados de la asociación, como parte de la acusación popular, recibieron ayer por la tarde la comunicación de sobreseimiento provisional del caso…

Este hecho se produce unos pocos días después de que el nuevo fiscal lo solicitase al considerar que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos”. Por supuesto, los letrados recurrirán ante la Audiencia Provincial el archivo de la causa, que tiene su origen en una querella presentada por el PSOE y apoyada por AVVI.

El pasado martes, varias decenas de afectados por la operación que se encuentra en el origen del caso se manifestaron ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para reclamar justicia y que el instructor hiciera caso omiso de la demanda de la Fiscalía Provincial y continuase con la investigación hasta sus últimas consecuencias. En vano. De manera incomprensible, el juez se ha apresurado a cerrar la instrucción en cuanto ha cambiado el fiscal, después de haberla paralizado durante años. Recordemos que el fiscal precedente, que llevaba en la causa desde su apertura, tenía claro que el proceso de venta de las 22 fatídicas promociones del IVIMA estuvo “trufado de irregularidades”.

“No entendemos por qué ahora el juez actúa con tanta celeridad cuando ha estado meses sin hacer nada. Da la sensación de que el juez estaba esperando el cambio de fiscal para dar cerrojazo a la causa. No hay derecho de que la cierre de esta manera, dejando desamparadas a las miles de familias afectadas”, sostiene Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, una entidad que siempre ha estado al lado de las familias damnificadas en su batalla para revertir la operación de venta.

“Ahora confiamos en que la Audiencia Provincial de Madrid atienda nuestro recurso y permita que se enjuicie a los responsables de este despropósito, porque es imprescindible que se valoren las pruebas que la Fiscalía consideraba más que suficientes hasta hace muy poco tiempo”, sostiene una de las portavoces de AVVI, Montse González.

A pesar del nuevo revés, las familias afectadas no van a tirar la toalla. Saben que cuentan con el apoyo y la simpatía de buena parte de la sociedad madrileña, que con ellas reclama justicia ante uno de los casos más sangrantes de nuestra reciente historia. Recordemos que en 2013 la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González (hoy imputado en el caso Lezo), malvendió al fondo buitre Goldman Sachs 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA, generando un quebranto patrimonial sin precedentes y el inicio de un auténtico calvario para las casi 3.000 familias afectadas. En estos momentos, siguen abiertos cinco procedimientos contencioso-administrativos por una operación que en su día precipitó la dimisión del director General de Vivienda y ex gerente del IVIMA, Juan Van-Halen.

Decenas de personas damnificadas por la venta de viviendas del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs se manifestaron a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para reclamar al juez que instruye su caso que no atienda la petición de archivo de la Fiscalía y continúe el proceso hasta sus últimas consecuencias. “¡No al archivo! ¡Queremos justicia!” gritaron una y otra vez, antes de lanzar al aire globos negros en los que habían escrito el tiempo que llevan esperando una solución a su problema: cinco años.

“Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella”. Con este lema, miembros de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), con el apoyo de la FRAVM, se concentraron ante los conocidos juzgados contra la demanda del Ministerio Público. Después de un lustro de pelea para que se haga justicia y se reconozcan sus derechos como moradores de unas viviendas que en su día fueron públicas y protegidas, las familias afectadas no están dispuestas a que su caso se cierre en falso. Por ello, días después de conocer el cambio de criterio de la Fiscalía en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid decidieron sacar a la calle su protesta y rogar al juez que continúe su investigación. El cambio de criterio ha coincidido con la sustitución del propio fiscal de la causa. “Parece que el nuevo fiscal tiene una línea conservadora y con esa línea ha cambiado de criterio en claro favor a la Comunidad de Madrid”, indicó durante el acto el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, antes de subrayar que hay “jurisprudencia y dictámenes suficientes” como para que concluya la instrucción y se abra un juicio oral. En este punto, el representante vecinal recordó, para compararla con la enajenación de los pisos del IVIMA a Goldman Sachs, la reciente condena del Tribunal de Cuentas a Ana Botella y a otras siete personas de su anterior equipo de gobierno municipal por la venta de viviendas de la EMVS al fondo buitre Blackstone: “se trata de dos operaciones idénticas y equivalentes. Se vendieron viviendas a fondos en condiciones en las que se restó a los legales adjudicatarios sus derechos”, remachó.

En la misma línea, la portavoz de AVVI, Montse González, recordó que Encasa Cibeles, la empresa que gestiona actualmente los inmuebles vendidos por la Comunidad de Madrid, “está presionando de todos los modos posibles para que nos vayamos (desde correos amenazantes a okupas de tipo violento), y estamos resistiendo a base de muchísimo esfuerzo y mucha carga física y emocional. Y claro, estamos esperando que el juicio se celebre y si ahora nos dicen que se va a archivar, pues muy mal”, sostuvo. González criticó también el papel del Gobierno regional en esta problemática, que no solo no les ha apoyado sino que ni siquiera ha accedido a mantener una reunión. De todas formas, “no nos vale su perdón. Tienen que rectificar”, indicó la portavoz vecinal.

La asociación de damnificados no entiende a qué se debe el repentino cambio de postura de la Fiscalía Provincial, que ahora considera que “no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos” cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo “trufado de irregularidades”. Recordemos que en 2013, cuando se produjo la vergonzosa operación de venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, político del PP que ha llegado a estar en prisión por su participación en la trama de corrupción del caso Lezo. En estos momentos, los abogados de AVVI esperan la llegada del escrito de la Fiscalía que pide el archivo del caso penal para estudiar las posibilidades de recurrirlo.

Al margen de esta causa, siguen abiertos cinco procesos contencioso-administrativos sobre la operación de venta. Pero los damnificados saben que este tipo de vía legal es más larga y lenta aún que la vía penal, por lo que insisten en reclamar al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que no de carpetazo a un proceso en el que han depositado enormes esperanzas.

 

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