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15
Abr
2020
Vuelven a pedir medidas de protección para los trabajadores de servicios públicos privatizados PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CCOO MadridCCOO recuerda que ya se lo ha pedido tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad

CCOO de Construcción y Servicios de Madrid afirma que hace 15 días solicitó a las administraciones públicas de la región “que se protegiera la salud y se realizaran pruebas de detección del COVID-19 al personal de los servicios públicos esenciales como los de limpieza, la ayuda a domicilio, la vigilancia privada, el saneamiento urbano, lavanderías y el mantenimiento de infraestructuras críticas”. Sin embargo, advierten de que tales medidas “no se han producido y la pandemia ha seguido avanzado”, por lo que el sindicato ha vuelto a reclamarlo.

Comisiones Obreras ha instado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital a asegurar la protección de la salud y la detección del coronavirus del personal perteneciente a servicios públicos privatizados. Según CCOO de Construcción y Servicios de Madrid, hace 15 días solicitó a las administraciones públicas de la región “que se protegiera la salud y se realizaran pruebas de detección del COVID-19 al personal de los servicios públicos esenciales como la limpieza hospitalaria, la ayuda a domicilio, la vigilancia privada, el saneamiento urbano, lavanderías y el mantenimiento de infraestructuras críticas”. Sin embargo, advierten de que tales medidas “no se han producido y la pandemia ha seguido avanzado”, por lo que el sindicato ha vuelto a reclamarlo.

El pasado 25 de marzo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció la realización de pruebas de detección del coronavirus para los servicios esenciales de la ciudad. CCOO de Construcción y Servicios de Madrid comunicó a este organismo la necesidad de realizar este tipo de pruebas y amplió el requerimiento a la Comunidad de Madrid para que de manera urgente se realizaran los test de detección al personal todos los servicios públicos esenciales, independientemente de su carácter funcionarial.

“Desgraciada e irresponsablemente –lamentan desde el sindicato- la administración, tanto municipal como regional, ha hecho caso omiso a estos requerimientos o los ha puesto en cola de espera en el mejor de los casos”, tal y como ha comunicado el Ayuntamiento al servicio de saneamiento urbano. La Comunidad de Madrid, por su parte, “ni se ha pronunciado ni ha contestado a los a las peticiones realizadas y registradas por CCOO de Construcción y Servicios al respecto”.

Desde CCOO explican que el personal de servicios de limpieza de edificios y locales es otro de los colectivos afectado por la precariedad y la ausencia de medidas de protección adecuadas, especialmente la limpieza hospitalaria que, al igual que nuestro personal sanitario, ha sido un colectivo que ha trabajado en condiciones precarias, de alto riesgo de contagio y sufriendo una merma por infección confirmada o aislamiento de su personal, de entre el 40% y el 50% según el centro hospitalario. “Este colectivo –critican- ha sido discriminado y, en algunos casos, ha sido obligado a reutilizar material durante días y a trasladar residuos biosanitarios, saltándose todos los protocolos establecidos”.

Según CCOO, la situación provocada por la pandemia varia día a día y la respuesta como sociedad y administración pública también, por lo que algunas cuestiones referidas al procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19, elaboradas por el Ministerio de Sanidad, han tenido que ser reinterpretadas, tal y como ha demandado el departamento de Salud Laboral de CCOO de Construcción de Servicios en varias ocasiones. “Los tres escenarios de riesgo ahora no son estancos y un trabajador y/o profesión puede estar en uno u otro dependiendo de la tarea realizada en un determinado momento”, indican.

Para el sindicato la capacidad de adaptación ante la pandemia “no se produce en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento capitalino, donde se mantienen en posiciones fijas, mientras los escenarios de la epidemia y su atención varían”. Estas administraciones “tienen la responsabilidad de tomar iniciativas para proteger a aquellos servicios públicos esenciales en coordinación con los servicios de prevención de las empresas contratadas”, señalan.

Uno de los ejemplos que destacan es el de las auxiliares de ayuda a domicilio, un colectivo que, al igual que las personas a las que atienden, debería ser de especial atención y seguimiento por parte de la administración para evitar el contagio a una población de gran riesgo como son las personas mayores. “Y más ahora –continúan- debido al aumento de altas que se produce para no colapsar los hospitales, y a las personas en cuarentena que vuelven a sus domicilios, lo cual requiere de los mismos equipos de protección individual (EPI) que en un hospital para sus cuidados”.

La reanudación de parte de la actividad económica hoy y el reparto de mascarillas a los viajeros en los intercambiadores de transporte, ha ocasionado que tanto en Metro, en los trenes de cercanías o en los autobuses fuera “difícil mantener la distancia de seguridad. Ante esta situación CCOO denuncia que los vigilantes encargados de mantener el orden y evitar aglomeraciones por orden de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, llevan desde el comienzo de la crisis trabajando “sin protección” durante toda su jornada laboral. “Algunos vigilantes, los más afortunados, han tenido acceso hoy a una mascarilla al encontrase en las zonas de reparto, el resto seguirán realizando su labor sin equipos y sin saber si son transmisores de la enfermedad”, recrimina el sindicato.

Por todo ello, los servicios públicos esenciales, independientemente de su carácter público o privado, “no pueden ahora colapsarse ni quedar desprotegidos”. Durante el estado de alarma los materiales de protección y test de detección se han tenido que poner a disposición de la autoridad competente y, por tanto, la administración pública de la cual dependen es la que debe garantizar el suministro de estos hasta que se normalice la situación, en el caso de que las empresas concesionarias debido a la situación del mercado no pueden proporcionarlos.

 

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