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25
Abr
2020
La Asamblea de Madrid recupera la actividad en un "Pleno interruptus" PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Asamblea de MadridLa imposibilidad de contactar con la Presidenta el jueves obligó a reanudar la sesión al día siguiente de forma semipresencial

Poco a poco las instituciones se van amoldando a la sorprendente nueva realidad que ha provocado la crisis sanitaria, y los últimos en hacerlo han sido los Diputados de la Asamblea de Madrid que este jueves y viernes vivían un Pleno doble, no porque estuviese así premeditado, sino porque las circunstancias obligaron a ello. Así el jueves los 135 diputados se aprestaban a celebrar el primer Pleno virtual de la historia de la Asamblea madrileña, pero, tan sólo noventa segundos después de comenzar se daba por suspendido. El motivo, que el sistema era incapaz de conectar con la Presidenta.

Al día siguiente, y ante la imposibilidad de recuperar el sistema, el Pleno se reanudaba, aunque esta vez de forma semipresencial y con solo 33 escaños ocupados. Esta segunda sesión, de dos horas y media, sirvió para que Ayuso informase de lo que ya se había hecho y de lo que quedaba por hacer.

La Comunidad de Madrid va a ampliar un mes más el aplazamiento del pago de los impuestos cedidos y de gestión propia, hasta que finalice el estado de alarma por la evolución del COVID-19. Para ello, la Consejería de Hacienda y Función Pública ha dictado una resolución, que entrará en vigor el 27 de abril, con el objetivo de ampliar un mes más el plazo del abono de estos tributos a los madrileños, y que ya había sido prorrogado con anterioridad.

Esta medida de aplazamiento del pago de impuestos a los contribuyentes madrileños comenzó el pasado 13 de marzo, cuando el Consejo de Gobierno acordó declarar días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de este mismo mes, lo que afectaba a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos autonómicos. Esta moratoria se prorrogó un mes más el 26 de marzo, por lo que ahora se ampliará en otro mes adicional y se seguirá extendiendo para que ningún ciudadano -ya sea una empresa, una pyme, autónomo o persona física- se vea afectado por la situación derivada del COVID-19.

En concreto, esta moratoria afecta al pago de los siguientes impuestos: Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e impuestos del juego.  El Gobierno regional estima que esta moratoria beneficiará a cerca de 110.000 contribuyentes y tendrá un impacto en la recaudación de 419 millones.

El objetivo de esta resolución adoptada por el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso es mejorar la liquidez de las empresas y familias de la región, que podrán retrasar el pago de impuestos sin que se les aplique por ello algún tipo de recargo o penalización. La política fiscal del Gobierno de la Comunidad de Madrid está basada en la impuestos bajos, y tiene como objetivo dinamizar la economía, el empleo y generar oportunidades para todos los ciudadanos.

En este sentido, la Comunidad de Madrid aplica el tramo mínimo autonómico del IRPF más bajo de toda España, con el 9%, (la media española es del 9,5%), lo que beneficia a todos los contribuyentes pero, de manera especial, a las rentas más bajas. Además, el impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99% para los grupos I y II, siendo además es la primera región que ha aprobado bonificaciones en este impuesto para hermanos, tíos y sobrinos.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera región europea en obtener financiación de una institución multilateral, como es el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), con el objetivo de luchar contra el COVID-19. En esta ocasión, el Gobierno regional ha cerrado un préstamo bilateral a 13 años, por valor de 200 millones de euros, y a un tipo de interés por debajo de mercado, cuyo destino será financiar gasto sanitario. Esta cantidad se suma a los 52 millones de euros anunciados ayer por la presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, procedentes del Bono Social Sanitario, que se dedicarán también al mismo objetivo.

La operación ha sido formalizada con CEB, entidad que financia y presta fondos para impulsar proyectos de carácter social o vinculados a situaciones de emergencia. Se trata del primer préstamo que esta entidad habilita a una Administración regional de la Unión Europea, y con cuyos fondos el Gobierno regional podrá acometer gastos sanitarios ocasionados por el coronavirus.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se ha referido a los gastos extraordinarios derivados del COVID-19, “como los hospitales, IFEMA, las residencias de personas mayores, las medidas económicas de apoyo a autónomos y a las pequeñas y medianas empresas”. Al mismo tiempo, ha lamentado que “no estamos contando con la más mínima ayuda por parte del Gobierno central, así que estamos saliendo a buscar nosotros lo que nos facilite financieramente poder hacer frente a estos gastos”.

A este respecto, ha destacado el acuerdo alcanzado con el CEB para obtener financiación “a través de un préstamo a 13 años, con un tipo de interés inferior al de mercado”. Esto demuestra, según el titular de Hacienda, “la confianza en la Comunidad de Madrid de las instituciones europeas y la capacidad que tenemos para hacer frente a todas nuestras obligaciones”

Por su parte, el gobernador del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, Rolf Wenzel, ha asegurado que “a la luz de esta crisis sin precedentes, existe una necesidad inmediata de fortalecer la capacidad sanitaria de los países miembros de CEB para ayudarlos en la gestión de la pandemia del COVID-19”.

Asimismo, el dirigente europeo ha subrayado que “el préstamo firmado con la Comunidad de Madrid, el primero firmado entre el CEB y una región europea, aliviará las necesidades en materia sanitaria y mitigará los efectos de la crisis en la población madrileña".

Esta operación está enmarcada en los límites de endeudamiento autorizados por el Consejo de Ministros en el mes de febrero para la Comunidad de Madrid. Además, Madrid cerró 2019 siendo la comunidad autónoma del sistema de régimen común con un menor nivel de deuda, junto con Canarias, situada en el 14 % del PIB.

Este nuevo acuerdo que permite obtener liquidez a la Comunidad de Madrid es un eslabón más de la apuesta del Ejecutivo regional por diversificar sus fuentes de financiación destinadas a proyectos sociales. De hecho, Madrid ya fue en 2016 la primera administración pública del país que emitió bonos sociales destinados a estos fines.

Esta nueva fuente ingresos se suma a la emisión del primer Bono Social Sanitario, diseñado por la Comunidad de Madrid para obtener liquidez que permita hacer frente a los gastos de la pandemia, y que fue anunciado ayer por la presidenta Díaz Ayuso. Se trata de un mecanismo pionero e innovador que sitúa a nuestra región la como la primera Administración en nuestro país que emite un bono de estas características. En esta ocasión, y fruto de la situación y evolución del COVID-19, el destino de estas emisiones de deuda es exclusivamente sanitario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional está trabajando en un plan de refuerzo y de reorganización de las residencias de mayores para garantizar la máxima y mejor atención en las mismas de cara a la evolución del coronavirus.

“Teniendo en cuenta que el coronavirus va a estar largo tiempo con nosotros y que los mayores son una población vulnerable, vamos a hacer un refuerzo y una reorganización de la atención socionsanitaria que se está haciendo en las residencias”, ha dicho la presidenta durante su intervención en las preguntas de control al Gobierno en el pleno celebrado hoy en la Asamblea de Madrid.

Díaz Ayuso ha explicado que ya se está en contacto con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, y que el objetivo es seguir trabajando con el material sanitario que se está adquiriendo en las últimas semanas para hacer frente a la crisis del COVID. Así, ha comprado más de 332 toneladas de suministro, con 26,2 millones de unidades de material de protección.

Además de las mascarillas, pantallas, buzos o guantes que se han adquirido para la protección de los profesionales, también se ha contado con nuevos respiradores para conseguir uno de los objetivos del Gobierno regional durante esta crisis, triplicar el número de camas UCIs. Parte de este material podrá llevarse a las residencias para que cuenten de forma permanente con este tipo de aparatos. “Vamos a aplicarlo para cuidar a los mayores y prevenirnos contra una posible ola. Madrid no se va a quedar de brazos cruzados”, ha defendido Díaz Ayuso.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 204 residencias medicalizadas, 25 de ellas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y 179 privadas. Asimismo, un total de 25 equipos de médicos y enfermeras pertenecientes a Atención Primaria mantienen un seguimiento rutinario de forma presencial en 69 residencias, tanto públicas como privadas, habiendo llegado a atender hasta 81 centros. Además, los profesionales de los centros de salud realizan un seguimiento permanente a otras 250 residencias.

Por otro, 14 hospitales de la red pública se han organizado para atender a un total de 75 residencias mediante 32 equipos, también formados por médicos y enfermeras. Los equipos de Farmacia Hospitalaria han repartido 115.500 dosis de medicamentos en 378 residencias y se han repartido 2.442 equipos de oxigenoterapia (botellas y concentradores de oxígeno) en 252 centros para el soporte asistencial de los residentes.

Esta estrategia se va a aplicar de forma paralela y coordinada con el plan de choque de residencias que activó el Ejecutivo regional el pasado 27 de marzo y que permanecerá activo el tiempo que dure la alarma sanitaria desencadenada en España como consecuencia de la propagación del coronavirus.

Dirigido por el mando único de la Consejería de Sanidad, se apoya sobre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, así como por la de Justicia, Interior y Víctimas, a través de los profesionales que integran la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, ha recordado la presidenta.

El plan es multidisciplinar, es decir, lo integran efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), médicos y personal de enfermería de la Consejería de Sanidad, técnicos de la Consejería de Políticas Sociales, Bomberos de la ciudad de Madrid y el SAMUR, Policías Locales, las agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja e incluso ONG como Médicos Sin Fronteras.

A través de este dispositivo se ha reconocido y analizado hasta el momento la situación de más de 460 centros residenciales, se han detectado focos de propagación del COVID-19 y, gracias al trabajo y profesionalidad del personal de los distintos cuerpos, departamentos y administraciones que colaboran en el dispositivo, se han atajado con eficacia.

Está permitiendo, además, completar el mapa de la red de más de 750 residencias de personas mayores, centros de atención a personas con alguna discapacidad y centros residenciales asistidos por congregaciones religiosas que existen en la región.

El dispositivo está siendo útil para actuar con eficacia en el escenario actual, pero, también para afrontar con garantías futuras oleadas del virus. El seguimiento epidemiológico, las pautas de prevención y la intervención sanitaria y social que conlleva el Plan de Choque facilitan la protección actual y futura de las personas que habitan en estas residencias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la emisión de un Bono Social Sanitario pionero en España cuya misión es lograr financiación para luchar contra los efectos económicos derivados por la crisis del COVID-19. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico se sitúa a la vanguardia como la primera administración de España en emitir un bono con estas características.

De esta manera, la Comunidad de Madrid ha logrado diseñar, en un tiempo récord, un instrumento innovador que permitirá poder salir a los mercados, a través de este bono, cuya particularidad es que su fin es exclusivamente sanitario.

En este sentido, el Ejecutivo regional ha llevado a cabo una emisión de deuda, por un valor total de 52 millones de euros, formalizada exclusivamente con la compañía MAPFRE. Por su parte, la aseguradora creará paralelamente un fondo de inversión garantizado a tres años denominado MAPFRE Compromiso Sanitario, que ofrecerá una rentabilidad del 3% en tres años -muy por encima del rendimiento de la emisión-, gracias a una aportación adicional cercana al millón de euros a cargo de la propia gestora.

Así, y junto a la Comunidad de Madrid, esta compañía suma esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 en un nuevo ejemplo de colaboración público-privada, ya que el objetivo del fondo es acercar el ahorro de los clientes de la aseguradora a la financiación de ayuda sanitaria. El fondo no aplicará ningún tipo de comisión, ni de gestión, depositaría o comercialización.

BBVA ha sido el banco asesor y colocador único en la primera emisión de bonos sociales en España destinada a apoyar a la sanidad pública. La Comunidad de Madrid ya se convirtió, en 2016, en la primera administración pública española que emitió bonos sociales destinados a financiar proyectos sociales. En este caso, la emisión se ha centrado específicamente en el ámbito sanitario.

En cuanto a los detalles de esta última operación, sobresale el hecho que se trata de un bono a tres años, y que está enmarcada en la autorización del pasado mes de febrero del Consejo de Ministros para que la Comunidad de Madrid pudiese emitir deuda a lo largo de 2020.

La Comunidad de Madrid cerró 2019 siendo la comunidad autónoma del sistema de régimen común con un menor nivel de endeudamiento, junto con Canarias, situado en el 14% del PIB. Solo el País Vasco, y por efecto del régimen foral, tiene unos niveles menores, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

Los niveles de endeudamiento de la Comunidad de Madrid se sitúan prácticamente diez puntos (9,7) por debajo de la media de las comunidades autónomas, que cerraron el cuarto trimestre del año pasado con un pasivo del 23,7% del PIB.

Paralelamente, la Comunidad es la región que menos ha incrementado su endeudamiento desde el inicio de la crisis. La diferencia respecto a 2008 es de 8,3 puntos porcentuales, mientras que el incremento en el conjunto de las comunidades autónomas para el período es casi del doble (17 puntos).

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado en el pleno celebrado en la Asamblea regional las medidas adoptadas en materia de transporte público para hacer frente a la alerta sanitaria por la expansión del COVID-19. Así, desde el 8 de marzo se establecieron medidas de limpieza y desinfección extraordinarias en Metro de Madrid; dos días después se aplicaron en todo el transporte público. También se ha limitado el aforo a un tercio en los autobuses, se ha indicado la distancia mínima entre los viajeros y se ha prohibido el pago en efectivo.

“El principal objetivo ha sido disminuir el riesgo y aumentar la seguridad de usuarios y trabajadores de los distintos medios de transporte”, ha subrayado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

“Desde el decreto del estado de alarma y conforme a sus sucesivas modificaciones, también hemos ido adaptando la oferta de transporte público a la caída en el número de viajeros y a las nuevas pautas de movilidad, con el fin de garantizar siempre la movilidad con las máximas condiciones de seguridad”, ha añadido.

El Ejecutivo ha detallado que se ha dado prioridad las líneas que atienden hospitales y se han mantenido las frecuencias de los autobuses interurbanos que prestan servicio a municipios más pequeños y alejados de la región o el servicio nocturno.

En el caso de Metro, se ha adelantado una hora el cierre de la red y se han clausurado 42 vestíbulos y 177 accesos para minimizar riesgos entre sus empleados. Esta medida permite, también, optimizar recursos y adaptarlos a la nueva situación. Además, se ha fomentado el teletrabajo, se ha reducido el número de empleados por estación y Metro ha empezado a repartir 1.500 mascarillas diarias a su personal de Operación para garantizar su salud y seguridad y la de los usuarios, ha recordado Garrido.

La Comunidad de Madrid ha contado con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el traslado de enfermos a sus centros hospitalarios, para lo que la UME ha dispuesto de 14 autobuses cedidos por el Consorcio Regional de Transportes.

Del mismo modo, ha establecido una docena de lanzaderas gratuitas entre los hoteles donde se alojan los sanitarios y los distintos hospitales donde trabajan. Otra lanzadera gratuita traslada a los trabajadores del hospital temporal de Ifema al centro de la capital por el eje Castellana-Recoletos-Prado. Por su parte, el traslado de los profesionales sanitarios para las visitas domiciliarias también está garantizado gracias al acuerdo que ha suscrito el Gobierno regional con los sectores de taxi y VTC.

Garrido ha explicado también las medidas que se han llevado a cabo para atender las necesidades del conjunto del sector del Transporte. “Hemos elaborado guías específicas para los profesionales del transporte y las mercancías, para orientarles en su forma de actuar frente al coronavirus, así como para los sectores del taxi y de VTC”, ha detallado.

El consejero madrileño ha insistido en la necesidad de proteger y preservar al sector del Trasporte, “uno de los grandes perjudicados por esta crisis”. “Por este motivo, hemos solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la aplicación de medidas económicas y fiscales que favorezcan su pronta recuperación, así como la creación de un Fondo estatal para la movilidad y el transporte, para garantizar la sostenibilidad del transporte público y facilitar la recuperación de autónomos y empresas del sector”, ha apuntado.

Al término su intervención, el consejero ha querido agradecer “el gran trabajo que están desarrollando todos los profesionales del transporte, que son los que con su trabajo diario garantizan la movilidad y los suministros”.

La Comunidad de Madrid aportará un millón de euros al fondo de provisiones técnicas de la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR. Esta aportación permitirá generar avales que facilitarán 40 millones de euros en créditos para los sectores audiovisual y de artes escénicas -con un 50% para cada sector-, y protegerá así el empleo generado por sus empresas.

La financiación, que se pondrá a disposición de las empresas y emprendedores de los sectores mencionados con domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, se realizará a través de los productos financieros habituales de CREA SGR y del nuevo producto acordado con la Comunidad de Madrid, la Línea COVID-19 Liquidez Cultural Comunidad de Madrid para empresas, emprendedores, asociaciones y fundaciones de la región cuya actividad se desarrolle en los sectores audiovisual o de artes escénicas.

Este producto financiero podrá utilizarse para necesidades generales de tesorería por un importe desde 20.000 euros y hasta 100.000 euros, en un plazo de hasta 4 años y con un período de carencia del principal de hasta 18 meses.

De este modo, una vez utilizada la totalidad de la financiación habilitada por la aportación de la Comunidad de Madrid, se analizará el impacto de esta medida en los sectores y se valorarán futuras inyecciones de capital que amplíen el volumen financiable. Además, tendrán carácter preferente aquellos proyectos cuya finalidad sea la puesta en marcha de obras, espectáculos y acontecimientos que generen puestos de trabajo dentro de nuestra región.

Por otro lado, y para facilitar la comprensión y acceso de las empresas de artes escénicas y audiovisuales a este paquete de medidas, la Comunidad de Madrid y CREA SGR realizarán una jornada de información al sector en la que se explicarán los mecanismos de la línea, los trámites administrativos necesarios y se presentarán casos de éxito de financiación de proyectos culturales.

Con esta medida, la Consejería de Cultura y Turismo pretende dar una solución a muchas empresas y emprendedores del sector cultural que no pueden acceder a la liquidez dadas las particularidades de sus modelos de negocio. Asimismo, y para velar por el buen funcionamiento de esta medida, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por la Comunidad de Madrid y CREA SGR.

La diputada del GPP y portavoz de Educación, Lorena Heras, ha preguntado hoy en la Asamblea de Madrid al consejero de Educación, Enrique Ossorio, por la valoración que hace el Gobierno de la Comunidad sobre las propuestas del Ministerio de Educación relacionadas con la finalización del actual curso escolar por la crisis del COVID-19.

Heras ha agradecido al consejero el trabajo realizado estas semanas desde la suspensión de clases presenciales, “que han servido de aprendizaje tanto para los alumnos como para sus docentes”, ha afirmado.  Además, ha aplaudido la respuesta que están dando todos los maestros y profesores madrileños “y por su parte, los estudiantes  que necesitan motivación para seguir aprendiendo, sentir que están trabajando para algo que merece la pena y que va a medirse y valorarse”.

La portavoz ha asegurado que “el éxito de un sistema educativo está siempre en dar a cada uno lo que necesita para llegar a su máximo potencial, no en bajar el listón y regalar aprobados”. En este sentido, Heras ha criticado que “proponer que cada comunidad autónoma decida con cuántos suspensos se promociona, supone dividir en 17 nuestro sistema educativo y es una clara dejación de funciones al tratarse de títulos oficiales que expide el Ministerio de Educación”, ha asegurado. Por ello, desde el GPP se apuesta porque “debe ser el Ministerio quien establezca el mismo criterio para todos, y cumpla y haga cumplir la ley” ha explicado.

Frente a la propuesta del Ministerio de Educación,  ha afirmado Heras, “los madrileños debemos aplaudir que el Gobierno regional haya dejado claro que Madrid cumplirá la ley y no regalará un aprobado general, que solo merma la figura del docente y desprecia el esfuerzo de los alumnos”.

La Consejería de Educación ya ha enviado a todos los centros educativos las instrucciones para el tercer trimestre y el final de curso. “Son unas directrices claras, que contemplan que en la evaluación se tendrá en cuenta la evolución del alumnado durante los dos primeros trimestres y el trabajo desarrollado durante el tercero”, ha explicado. Heras ha añadido otras de las instrucciones que tienen los  centros como que los docentes deberán valorar las posibles carencias no achacables al propio alumnado y que la promoción y titulación deberá respetar la normativa vigente estatal y de la Comunidad de Madrid para cada enseñanza.

“Como profesora, yo no permitiría que ningún político me obligue a aprobar o promocionar de curso a un alumno que no lo merece”, ha afirmado la popular. Y ha concluido su intervención agradeciendo “el trabajo de la Consejería para formar, ofrecer herramientas y para poner en valor el trabajo de cerca de 95.000 docentes; y por supuesto, también del millón doscientos mil alumnos y familias madrileñas”.

El diputado del GPP, José Antonio Sánchez Serrano, ha preguntado al consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, sobre las medidas adoptadas por la Consejería para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19.

Tras la respuesta del consejero, Sánchez ha agradecido que el Gobierno regional si les de seguridad, todo lo contrario a lo que  ocurre con el Gobierno de España, “que no nos da seguridad cuando toman medidas y horas más tarde rectifican, ni cuando compran material sanitario defectuoso o cuando nos mienten en las cifras de material que entregan a las comunidades autónomas ni cuando nos anuncian día tras día la llegada de test masivos que nunca llegan”, ha asegurado.

En materia de vivienda, Sánchez ha asegurado que las medidas que el ministro Ábalos ha anunciado “van a generar menor seguridad a todos los españoles”, mientras que la Comunidad de Madrid “busca un pacto regional con los principales agentes del sector inmobiliario, el Gobierno de España publica la posibilidad de expropiación de viviendas privadas”, ha recordado.

En este sentido, el popular ha recordado que la Comunidad de Madrid está ejecutando el Plan Alquila para ayudar a los madrileños “y el Gobierno Central usa la propaganda para anunciar más ayudas, pero no asigna suficiente dinero para ellas”.

Asimismo, “el Partido Popular, de forma leal, se ha puesto desde el minuto cero a disposición del Gobierno, el PSOE con los dirigentes de la Federación Madrileña de Municipios buscan la crispación en los ayuntamientos, incitando a la prevaricación al gobierno”, ha asegurado.

En este sentido, Sánchez le ha pedido al Gobierno Central que gestione y genere seguridad “y no una inseguridad jurídica que atenta contra la constitución y contra el derecho fundamental a la propiedad privada, intentando colar medidas comunistas, que generan más alarma social”, ha señalado.

Para concluir, Sánchez ha asegurado  que “cada rectificación del Gobierno de España pone de manifiesto la incapacidad para gestionar este grave problema”, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno regional, “que cada decisión que toma, muestra quién está gestionado pensando en las personas y no en números o ideologías”, ha finalizado.

El portavoz adjunto del GPP, Pedro Muñoz Abrines, ha preguntado al consejero de Haciendo y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, por los recursos económicos que ha solicitado al Gobierno de España para hacer frente a los gastos adicionales ocasionados por la crisis del COVID-19.

En primer lugar, Muñoz Abrines ha recordado que la competencia de la gestión del sistema de alerta precoz de pandemias es del Gobierno Nacional “y por tanto es quien tiene la responsabilidad de valorar el riesgo, de plantear estrategias y de aportar los medios necesarios para hacer frente a una pandemia”, ha explicado.

En este sentido, Muñoz Abrines ha lamentado que el Gobierno de la Nación haya tomado muchas “decisiones erróneas lo que  ha significado incrementar mucho más el peso que han tenido que soportar las comunidades autónomas”. Asimismo, el portavoz ha dado la razón a lo que ha planteado el consejero y es “solicitar al Ministerio de Hacienda que creé un fondo adicional que compense a las comunidades autónomas por todos los gastos extraordinarios y adicionales no previstos que ha generado esta crisis, en el caso de la Comunidad de Madrid de unos 2.000 millones de euros”, ha señalado.

Sin embargo, Muñoz Abrines ha lamentado que no parece que la Comunidad vaya a recibir ese dinero “y es un mal punto de partida si alguien quiere de verdad tener pactos”, ha afirmado.

Además, Muñoz Abrines ha explicado que la medida que de verdad hubiera reducido la tragedia que estamos viviendo “no tenía coste presupuestario, era simplemente haber adelantado el confinamiento en el tiempo, tal y como dicen los expertos”.  En este sentido, el popular ha asegurado que “si el presidente del Gobierno hubiera adelantado el confinamiento antes del 8 de marzo, los hospitales no solo habrían reducido su presión asistencial de manera exponencial, sino  que se habría salvado la vida de miles de personas”.

“Sánchez ha dejado solas a las comunidades autónomas, poca aportación de material y ni una aportación económica real”, ha afirmado Muñoz Abrines. Además, ha añadido que el presidente “no puede decir que no va a dejar a nadie atrás cuando hay más de 22.000 personas fallecidas, esas personas ya se han quedado atrás”, ha concluido el popular.

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, ha preguntado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por su valoración acerca del Hospital de Ifema. Serrano ha asegurado que “sin duda este hito es un ejemplo de lo que ha sido la gestión de la Comunidad de Madrid”.

En inicio de su intervención el portavoz ha querido dedicar unas palabras de cariño hacia las personas fallecidas e infectadas por el Covid-19, “pero también de los madrileños curados, símbolo de la esperanza y ejemplo del gran trabajo sanitario”, ha afirmado.

Tras escuchar la valoración de la presidenta, el portavoz ha hecho lo propio asegurando que “el Hospital de IFEMA es el fruto de la determinación de un Gobierno con su presidenta al frente, y el resultado del compromiso, la dedicación y la profesionalidad de los gestores y el personal sanitario de nuestra Comunidad”.

Además, son los propios datos los que demuestran el trabajo logrado en Ifema, “un hospital construido en un fin de semana y que de 3.781 pacientes ingresados, han fallecido 15 (el 0,4 %) y vamos por unas 3.200 altas hasta hoy”, ha señalado.

Serrano ha recordado algunas de las imágenes más destacadas del último mes en Ifema, como cuando “el jefe de la OMS que dijo literalmente que se trataba de un trabajo extraordinario”. También ha puesto en valor la opinión del médico y diputado del GPP, Eduardo Raboso, quien fue el encargado de hacer la primera operación quirúrjica en este hospital. “Para mi tiene un enorme valor su opinión, quien aseguró que se trataba de un logro histórico, una instalación espectacular que supuso un punto de inflexión y que salvó la vida a los hospitales madrileños”, ha señalado el popular.

Sin embargo, Serrano ha lamentado que la izquierda madrileña no haya sido capaz de reconocer o felicitar, no al Gobierno, “sino a los profesionales que han hecho posible este hito”.

El popular ha recordado las innumerables críticas  y valoraciones despectivas que ha hecho la izquierda sobre esta instalación. “Hay más riesgo de contagio que de curación, es un desastre, IFEMA es marketing, los que están dentro se encuentran vendidos… lo hemos oído en boca de diputados de izquierdas, liberados sindicales, concejales de Más Madrid y con una frecuencia pendiente de analizar por las Leyes del Azar, al enfermero con más tiempo libre para atender a medios de comunicación y que resultó era un candidato de Podemos”, ha afirmado.

Serrano cree que la izquierda valora tan poco Ifema “que hasta criticaron que la primera visita de la presidenta, tras pasar el virus, fuera allí”. Sin embargo, ha asegurado que no vio esas mismas críticas hacia SSMM el Rey, “quizá porque tuvo que ir el Rey para que alguien del Gobierno, aunque fuera de acompañante, se dignara a conocer ese trabajo”, ha finalizado. .

Una resolución aprobada en la Comisión Ejecutiva Regional (CER) resalta la “impagable” labor de los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid, y aboga por establecer de forma urgente la aplicación de una Renta Mínima con carácter inmediato a las más de 200.000 familias donde no entra ningún ingreso en sus hogares.

CCOO de Madrid señala en su resolución los sectores más afectados por la crisis provocada por el coronavirus y exige a todas las administraciones la coordinación necesaria para afrontar la situación de la manera más efectiva. Asimismo, destaca la urgencia de tomar medidas de forma inmediata dirigidas a los sectores más desfavorecidos y golpeados por la crisis.

La puesta en marcha de sendos planes de rescate –para apoyar a las personas cuyos ingresos se han visto muy reducidos o son inexistentes-, y de reconstrucción socioeconómica para reactivar y potenciar la vuelta del empleo en toda la región, son algunas de las cuestiones más importantes que se abordan en la resolución cuyo texto íntegro se incluye a continuación:

La Comisión Ejecutiva de CCOO de Madrid (CER), en reunión telemática celebrada en el día hoy ha aprobado por unanimidad la siguiente resolución:

En primer lugar, queremos recordar a las miles de personas fallecidas durante estas últimas semanas como consecuencia del COVID19, algunas de ellas pertenecientes a nuestra organización como el compañero Miguel Periáñez, secretario general de la Federación de Servicios, y trasladar nuestro cariño y afecto a sus familiares y amigos. Recordamos también a las personas afiliadas mayores, que han contribuido a fortalecer nuestra organización y que están siendo en este momento especialmente golpeadas por la enfermedad.

Toda nuestra vida se ha visto afectado por la extensión de la pandemia; miles de personas han fallecido, nuestro tejido productivo ha quedado gravemente tocado, centenares de miles de puestos de trabajo están en peligro y cientos de miles de personas se encuentran sin recursos frente a la crisis.

En efecto, solo en la Comunidad de Madrid (CM) se han presentado casi 72.000 expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), afectando, hasta ahora, a casi 500.000 trabajadores y trabajadoras que verán disminuidos drásticamente sus salarios.

Debemos recordar que en la CM a las más de 360.000 personas paradas se van a sumar, como efecto de la pérdida de empleo de las últimas semanas alrededor de 140.000, lo que dejará la cifra de personas paradas en el entorno de las 500.000 personas desempleadas, de las que la mitad no cobrará ningún tipo de prestación.

Las personas desempleadas se ven en una situación de mayor vulnerabilidad, porque al agotamiento de prestación o la imposibilidad de acceder a ellas se suma las enormes dificultades para buscar un empleo en esta situación de confinamiento y cierre de empresas. Por lo que las situaciones de riesgo de exclusión social y/o pobreza que afectaban ya a una de cada cinco personas antes de la llegada del COVID19 puede incluso incrementarse.

La CER quiere reconocer el impagable trabajo realizado por las personas que, a pesar del riesgo de contagio y de los deficientes medios de protección, están salvando vidas, ayudando a las personas mayores, dependientes y con discapacidad, y garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales. A quienes en el ámbito científico, con escasez de recursos, están investigando sin descanso para buscar los tratamientos más adecuados y la vacuna que terminara con esta pandemia.

Queremos agradecer al conjunto de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos que están en primera línea luchando contra el coronavirus, y a quienes en el resto de sectores laborales continúan con su actividad facilitándonos la provisión de las cosas más básicas para la vida cotidiana o facilitando que la economía no se pare del todo y se mantenga en una espera que nos permita relanzar la actividad cuando salgamos del confinamiento.

Es la clase trabajadora la que está en el frente de lucha contra esta pandemia, son las personas con empleos más precarios, mujeres en su mayoría, quienes están dando día a día ejemplo de profesionalidad y de compromiso con su pueblo. Como ha sucedido históricamente, será la clase trabajadora la principal responsable en la derrota del COVID19.

Los casi 6.000 fallecimientos en las residencias de la tercera edad ponen de manifiesto el fracaso del modelo social de cuidados, asentado en las privatizaciones y en el beneficio empresarial, tal y como CCOO viene denunciando desde hace décadas. A la irresponsabilidad de las empresas de residencias privadas, se ha unido la nefasta gestión de la intervención sobrevenida, realizada por el Gobierno Regional. Han aflorado las consecuencias de una privatización salvaje, sobre todo, y la precarización de las condiciones laborales de un sector altamente feminizado, en el que muchas de sus trabajadoras no llegan ni a mileuristas.

CCOO de Madrid, ante la situación de emergencia en la que está inmersa la sociedad madrileña exige a las administraciones altura de miras y coordinación entre ellas para la adopción de medidas extraordinarias para actuar sobre las personas que siguen estando en especial riesgo de contagio con consecuencias mortales.

Para garantizar la salud laboral de todos los trabajadores y trabajadoras, con prioridad absoluta a los que están en el sector sociosanitaria y de cuidados a las personas; para rescatar a las personas más vulnerables socialmente que están siendo abocadas a la pobreza extrema; para a impedir la desigualdad educativa y blindar el derecho a la educación de calidad para todos los escolares; a paliar desde las distintas administraciones la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo quienes han sufrido un ERTE.

Se necesita un Plan de Rescate en la Comunidad de Madrid que complemente las medidas adoptadas por el Gobierno central para hacer frente a la crisis sanitaria, socioeconómica y de empleo. Un plan coordinado con las Administraciones locales que, ante la ausencia de medidas regionales y el aumento de los hogares en riesgo de pobreza y con carencias de todo tipo, están asumiendo responsabilidades e implementando políticas de emergencia social. Y como medida urgente, la aplicación de una Renta Mínima con carácter inmediato a las más de 200.000 familias donde no entra ningún ingreso en sus hogares.

Sin duda, el modelo ultraliberal del Partido Popular ha saltado por los aires, necesitamos reconstruir el futuro, apostando por un nuevo modelo productivo que apueste por la industria tecnológica, biomédica y farmacéutica, y sea capaz de abastecer al sector sociosanitario, especialmente en momentos críticos como el actual. Un modelo respetuoso con el medio ambiente, asentado en la creación de empleo estable y con derechos.

Es indispensable potenciar los servicios públicos; sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, justicia, seguridad, etc., que han demostrado ser indispensables en la lucha contra la pandemia, revirtiendo los recortes producidos durante la crisis de 2008, cambiando el modelo de cuidados a las personas dependientes y blindando los sistemas y redes sociosanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.

Y para ello será imprescindible una nueva política fiscal más justa y solidaria, el dogma liberal de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano” ya no se sostiene. Esta crisis ha demostrado que hay que potenciar el estado el bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y pensiones) para garantizar el cuidado y la protección de las ciudadanas y de los ciudadanos.

CCOO de Madrid emplaza a todos los Gobiernos regional y municipales a convocar los espacios de Dialogo Social con los agentes sociales para abordar Pactos Sociales para la Reconstrucción de la actividad socioeconómica y productiva, paralizada por la crisis sanitaria, garantizando que nadie se queda atrás.

 

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