 Además deberán hacerse cargo de desinfectarlas
Las comunidades de propietarios vuelven a hacer frente a una nueva problemática para la apertura de sus piscinas para esta temporada. Y es que queda claro que o hacen frente a gastos extraordinarios o no podrán disfrutar de ellas este verano.
Tras la publicación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de un nuevo protocolo -en el que se especifican medidas concretas para la apertura de piscinas durante la situación de alerta por covid-19-, queda reflejado que serán las propias comunidades de propietarios quienes se verán en la obligación de implantar los medios necesarios para cumplir con los protocolos de desinfección y de control de acceso y aforo, lo que conllevará gastos extraordinarios para los vecinos.
Según el texto publicado, siempre y cuando se respeten las medidas mínimas de seguridad y se lleve a cabo un protocolo de mantenimiento y desinfección acorde a las características de la instalación y a la intensidad de su uso, se debería inactivar el virus que ocasiona el COVID 19. Por ello, desde la AMEP (Asociación Madrileña de Empresarios de Mantenimiento de Piscinas) como órgano oficial de representación ante los organismos e instituciones públicas y privadas de las empresas del sector, ponen de manifiesto que “muchas de ellas decidirán cerrar la instalación, precisamente por no afrontar los gastos que suponen la implantación y el desarrollo de este nuevo protocolo”.
Y es que el reciente documento de la Consejería de Sanidad alude expresamente a medidas a adoptar “Antes de la apertura” y “Tras la apertura de las instalaciones”, pero no contempla el cierre; sin tener en cuenta que el abandono/cierre de las piscinas en las urbanizaciones supondrá un riesgo añadido para la salud, además de un incumplimiento de la legislación vigente. Desde la AMEP quieren incidir en este apartado de cierre de la instalación, pues afecta a vecinos y al sector de las piscinas en su conjunto.
Cabe destacar, además, la escasez de colaboración desde la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación, de cara a la problemática planteada en relación a los profesionales socorristas, pues aún no ha confirmado del número de licencias vigentes de socorristas para este verano, dato fundamental para los agentes implicados.
Desde la AMEP estiman que al menos 3.500 socorristas no podrán prestar servicio la próxima temporada estival pues, aunque la Comunidad de Madrid haya contemplado la ampliación de licencias que hayan caducado durante el estado de alarma hasta diciembre de 2020, hay que atender, además, a otros criterios, como son: la suspensión de cursos para nuevos socorristas, el reciclaje de títulos vencidos antes del estado de alarma y la imposibilidad de que otros acreditados extranjeros no puedan viajar desde su país por el cierre de fronteras debido al Covid-19. |
