Se trata de uno sobre la instalación de máquinas recreativas, y otro sobre depósito de residuos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional va a eliminar todos los tributos propios con los que contaba hasta ahora la región. Se trata del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y el impuesto sobre Depósito de Residuos. El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación de la Ley de supresión de estos impuestos, que tendrá que ser aprobada posteriormente en la Asamblea de Madrid. Una vez entre en vigor, Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios.

En la Comunidad de Madrid, la recaudación por estos impuestos apenas supone el 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente. En 2020, la tributación total por ambos impuestos fue de 3,4 millones de euros. El impuesto sobre las máquinas en locales de hostelería autorizados grava la instalación de máquinas recreativas, con o sin premio, en este tipo de establecimientos. Se trata de un impuesto que ha quedado obsoleto tras la creación del impuesto estatal sobre el juego.

Actualmente, la Comunidad de Madrid es la única región que tiene un impuesto de estas características, siendo su recaudación residual ya que el grueso de la tributación se queda en la tasa fiscal sobre el juego. Así, en 2020, se tributó 1,2 millones de euros por el impuesto propio mientras que por la tasa fiscal se recaudó 144,6 millones.

Por su parte, el impuesto sobre depósito de residuos, destinado a la protección del medio ambiente, quedará solapado por el impuesto estatal que va a poner en marcha el Gobierno de España. En 2020, la recaudación en la Comunidad de Madrid por el tributo propio fue de 2,2 millones. Por otro lado, la Comunidad de Madrid cuenta con un recargo del 0% sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde el año 2009. Este impuesto grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio nacional. La gestión es compartida entre el Estado y las CCAA.

Las distintas rebajas de impuestos que han llevado a cabo los gobiernos de la Comunidad de Madrid desde el año 2004 han supuesto un ahorro a los madrileños de 52.819 millones de euros. Díaz Ayuso se ha comprometido a dar continuidad a esta política fiscal de impuestos bajos acometiendo la mayor bajada de la historia del IRPF, con una rebaja de medio punto en cada tramo autonómico del impuesto.

Tras el Consejo de Gobierno de este miércoles el Gobierno regional anunció la eliminación de todos los tributos propios con los que contaba hasta ahora la Comunidad de Madrid. Se trata de los impuestos sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería, el impuesto sobre Depósito de Residuos y por último el de Actividades Económicas, que estaba con un recargo del 0% desde el año 2009. La medida deberá ser aprobada posteriormente por la Asamblea de Madrid.

CCOO de Madrid señala en primer lugar que en el año 2020, por estos impuestos se recaudaron 3,4 millones de euros, lo que significa el 0,017% de la recaudación total. Por tanto, se trata de una medida de carácter propagandístico por la insignificancia de la cantidad que se deja de recaudar y porque estos impuestos iban a ser derogados por el Gobierno central a partir de la aprobación de dos leyes estatales referentes al juego y a las basuras. Y el impuesto de Actividades Económicas no se recaudaba desde 2009.

Esta medida se enmarca sin embargo en un proceso iniciado en el año 2004, por los distintos gobiernos del Partido Popular, de descapitalizar la capacidad recaudatoria de la Comunidad de Madrid, bajo el paraguas neoliberal de que “el dinero donde mejor esta es en el bolsillo del contribuyente”. Estas rebajas de impuestos han supuesto dejar de ingresar en las arcas regionales más de 53.000 millones de euros en 16 años. Estas rebajas no han beneficiado por igual a los 3,2 millones de contribuyentes madrileños, sino que han beneficiado sobre todo a una elite de contribuyentes, apenas el 2%, que son aquellos con los mayores ingresos y patrimonios, como evidencian los datos tributarios de la región del año 2019.

En el Impuesto de Patrimonio, de la bonificación del 100% se beneficiaron 19.730 contribuyentes, con un patrimonio medio superior a 2,7 millones de euros, que obtuvieron un ahorro medio de 52.000 euros anuales. Mientras, el ahorro medio de las rebajas en el IRPF para las personas asalariadas fue de 270 euros anuales.

CCOO Madrid cree imprescindible que la región deje de continuar siendo el “paraíso fiscal” del 30% de las fortunas de todo el país, que suman un patrimonio conjunto de más de 176.000 millones de euros porque además está “insolidaridad/dumping fiscal” de Madrid con el resto de comunidades autónomas rompe y contribuye a vaciar España.

Para el sindicato los impuestos son necesarios para garantizar el desarrollo de las políticas públicas, la protección social o las inversiones públicas, cuya necesidad y debilidades se han mostrado con nitidez durante la pandemia. Estas requieren de unos ingresos suficientes, lo que hace imprescindible un cambio de la política fiscal del Gobierno regional.

Por tanto es imprescindible un cambio radical de estas políticas fiscales, apostando por una fiscalidad justa y progresiva, como se establece en el artículo 3.1 de la Constitución Española, de forma que los esfuerzos recaigan en quienes más tienen, se persiga el fraude fiscal y se termine con los regalos fiscales, porque sin justicia fiscal no habrá justicia social.

La Comunidad de Madrid va a personarse como acusación popular en las diligencias previas sobre el caso de violencia de género que se sigue en el Juzgado Mixto nº 2 de Pozuelo de Alarcón. Este órgano judicial está investigando el fallecimiento en circunstancias violentas de una mujer de 76 años de edad, ocurrido en julio de este año y causado presuntamente por su cónyuge.

La noche del pasado 21 de julio Luisa Amelia, de 76 años, fue agredida en la cabeza, presuntamente por su marido, con un martillo, falleciendo a consecuencia de las heridas infligidas. Es la octava víctima de violencia de género (siete mujeres y la hija de una de ellas) registrada en la región en 2021, un periodo en el que 35 mujeres han sido asesinadas en España.

La personación es una de las medidas establecidas en la Estrategia contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 2016/21, dotada con 272 millones de euros. Esta recoge 160 medidas que incluyen la prevención de la violencia de género en el sistema educativo, la protección a los colectivos de mujeres más vulnerables, facilita el acceso a vivienda pública a las mujeres víctimas y mejora la coordinación de las administraciones y servicios públicos.

El Gobierno regional ejerce la acción popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre. Desde 2016, la Comunidad de Madrid ha ejercido esta facultad en 52 ocasiones.

Tras recibir el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha dictado orden en la que encomienda el ejercicio de las acciones jurisdiccionales necesarias para poder personarse como acusación popular en los citados procedimientos judiciales.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración del nuevo Acuerdo Marco que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en residencias de mayores de la región, lo que supone un paso más en el nuevo modelo de atención social centrado en la persona que está impulsando el Gobierno autonómico y que permitirá la contratación de un total de 8.839 plazas.

Se celebra por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios para las plazas mencionadas en las modalidades de financiación total (5.359) y parcial (3.490) durante los próximos cuatro años. La inversión total asciende a 854.286.503 euros, lo que se traduce en 191 millones más que el anterior acuerdo marco. Ahora se continuará con el proceso de licitación, tras el que se abrirá el ofrecimiento de plazas para realizar los nuevos contratos derivados.

El nuevo texto, que sustituirá al vigente desde 2017, establece las características (régimen económico, criterios de adjudicación, prescripciones técnicas…) de los contratos derivados que licita el Gobierno regional para la contratación de estas plazas, cuyo precio se incrementa un 37,4%, al pasar de 54,51 euros diarios actuales a 74,88 euros.

Este incremento diario más por plaza va a permitir aumentar en cinco puntos el ratio de personal de atención directa de los centros, en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos. El nuevo acuerdo marco eleva además la ratio para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza, cocina y mantenimiento.

Otra de las grandes novedades del nuevo Acuerdo Marco tiene que ver con los criterios de adjudicación de los contratos, ya que por primera vez los aspectos relacionados con la calidad en la atención tendrán más peso que la oferta económica de los licitadores. La puesta en marcha de talleres innovadores de terapia, la contratación de mayor número de fisioterapeutas o animadores socioculturales, la existencia de planes de formación continuada para todos los trabajadores, la mejora de sus condiciones salariales, la disponibilidad de mayor número de habitaciones individuales o la instalación de tecnología preventiva son algunos de estos aspectos que primaran.

El actual pliego introduce por primera vez criterios homogéneos para la evaluación de la calidad de alimentación de los centros. Además, con el objetivo de incrementar las garantías de buen servicio a los usuarios, el nuevo texto endurece el régimen de penalizaciones ante posibles incumplimientos –por ejemplo, los problemas de limpieza en habitaciones, ropa y demás espacios pasan a ser consideradas faltas graves en vez de leves-, y amplía los supuestos que permiten a la Administración rescindir los contratos con los adjudicatarios.

La Comunidad de Madrid ha finalizado las obras de remodelación del centro histórico de Valdemorillo con la mejora del asfaltado y la pavimentación de las calles Travesía de la Unión, Balconcillos y La Paz, en las que se han invertido 492.000 euros procedentes del Programa de Inversión Regional (PIR).

El consejero de Administración Local y Digitalización del Gobierno regional, Carlos Izquierdo, acompañado por el alcalde de la localidad, Santiago Villena, ha recorrido la zona de actuación donde el Ejecutivo autonómico ha renovado un área de más 3.400 metros cuadrados y donde se han eliminado las barreras arquitectónicas existentes para mejorar la accesibilidad de los vecinos.

“Desde la Comunidad de Madrid seguimos apostando por la mejora en las dotaciones e infraestructuras de todos los municipios de la región, preocupándonos por su modernización y la adecuación de sus calles y entornos históricos”, ha señalado el consejero.

Con esta actuación, el Gobierno regional también da respuesta a la demanda vecinal de soterrar todas las redes de servicios, concretamente las de suministro de telefonía, gas, electricidad y alumbrado que tras las obras pasan a ser subterráneas. Además, para mejorar la seguridad vial de ciclistas y motoristas se ha sustituido por asfalto el adoquinado existente en esta zona.

Durante la visita, Carlos Izquierdo, ha podido comprobar también el estado de las calles Travesía de las Huertas y Calle de La Nava, dos de las más castigadas del municipio tras las tormentas que afectaron a varias localidades de la región el pasado 25 de agosto. En este sentido, el consejero se ha comprometido a trabajar conjuntamente con el Consistorio municipal para efectuar las reformas necesarias que eviten que se vuelvan a producir estas inundaciones.

El Programa de Inversión Regional (PIR) para Valdemorillo contempla una inversión total de más de 2,8 millones de euros. De esa cantidad, la Comunidad de Madrid ha autorizado el empleo de más de 720.000 euros a gasto corriente para hacer frente a los problemas generados por la pandemia de COVID-19.

La Comunidad de Madrid ha concluido las obras de reforma de los juzgados de Plaza de Castilla. El proyecto de modernización, iniciado en 2017, ha supuesto la inversión de 4,7 millones de euros en la renovación de todo el conjunto arquitectónico, construido a finales de la década de los años 70. La Comunidad de Madrid ha concluido las obras de reforma de los juzgados de Plaza de Castilla. El proyecto de modernización, iniciado en 2017, ha supuesto la inversión de 4,7 millones de euros en la renovación de todo el conjunto arquitectónico, construido a finales de la década de los años 70.

El edificio, con 48.670 metros cuadrados de superficie, es la mayor sede judicial de la Comunidad de Madrid y una de las referencias del sistema judicial español. Por sus instalaciones, que albergan 54 juzgados de instrucción y seis de vigilancia penitenciaria, pasan diariamente una media de 3.000 personas y trabajan más de 1.100 empleados de la Administración de Justicia.

Tras constatar las necesidades de renovación del edificio, y teniendo en cuenta la opinión del Decanato de los Juzgados de la ciudad de Madrid y de la Fiscalía Provincial, la Comunidad de Madrid puso en marcha hace cuatro años las obras dentro del Plan de Modernización de la Justicia, posterior Plan Justicia 21x21, con el que el Ejecutivo regional no solo tiene como objetivo mejorar las instalaciones, sino también humanizar los espacios judiciales en los que se presta este servicio público.

Las labores de mejora han sido ingentes, destacando la construcción de una cámara Gesell, que permite la grabación de declaraciones de menores u otras víctimas vulnerables en condiciones en las que prima su protección; las dependencias de la Oficina de Atención a Víctimas; la impermeabilización de cubiertas; así como la renovación de pavimentos, de la instalación eléctrica y de climatización.

Las obras también han incluido la eliminación de barreas arquitectónicas tanto en los accesos al edificio como en los espacios interiores; la construcción de nuevos despachos para forenses y equipos psicosociales; nuevas salas de vistas para los tres juzgados de instrucción que carecían de ellas; la instalación del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita y Oficina de Mediación; nueva sala de traductores; nuevas oficinas de Policía Judicial y ampliación de los espacios de Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria y del Servicio de Información al Público.

A principios de agosto, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, visitó las nuevas instalaciones que la Comunidad ha construido para la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que trabaja en los juzgados de Plaza de Castilla. Entre los trabajos realizados en estas dependencias destacan la instalación de un nuevo pavimento; la sustitución de falso techo; pintura; y la instalación de pantallas led de iluminación. Además, se dotó de nuevo mobiliario a este espacio de la Policía Nacional.

Los Juzgados de Plaza de Castilla acogen también el Decanato de los Juzgados de Madrid, un Juzgado y la Fiscalía de Guardia, la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, la Clínica Médico Forense y una zona para detenidos. Todas estas mejoras forman parte del Plan Justicia 21x21 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, una de las grandes apuestas del Gobierno regional para modernizar las infraestructuras judiciales de la Comunidad de Madrid, que supondrá una inversión total de 100 millones de euros desde 2019 a 2023.