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26
Sep
2021
Sindicatos y empresarios firman la Estrategia Madrid por el Empleo de los dos próximos años PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMFue presentada por Ayuso en la Casa de Correos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado la Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023 como herramienta de modernización de la economía madrileña y del mercado laboral, fruto del consenso entre la Administración autonómica y los agentes sociales presentes en el Consejo del Diálogo Social (CEIM, CC OO Madrid y UGT Madrid). Ese trabajo conjunto ha permitido rediseñar actuaciones y medidas ya acordadas en marzo de 2020, de cara a adaptarlas a la nueva situación causada por la pandemia. En este sentido, la presidenta ha destacado la “vocación negociadora” y “dialogante” para alcanzar este tipo de acuerdos, algo que, en su opinión, es clave para abordar también asuntos como el Salario Mínimo Interprofesional.

El documento con la Estrategia ha sido firmado por la presidenta junto con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE, Miguel Garrido; la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López; y el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La Estrategia, que cuenta con una inversión de 1.078 millones de euros, es, según ha definido Díaz Ayuso, “un instrumento más que se suma a la política del Gobierno regional basada en impuestos bajos, contención del gasto público y eliminación de trabas que dificulten el crecimiento y el empleo”. Se trata de un pacto que permite poner “en manos de los trabajadores medidas que les faciliten no sólo acceder a un empleo sino reciclarse profesionalmente y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral”.

Como ha indicado la presidenta, esta nueva Estrategia, que se vertebra en cuatro ejes, tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad, especialmente de aquellos madrileños con mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo. Sólo para 2021 la dotación será de 345 millones, de los que se beneficiarán más de 220.000 ciudadanos. Cuenta con 19 líneas de actuación y 86 medidas, relacionadas con el empleo sostenible, la formación, el apoyo al emprendimiento y el fomento de la responsabilidad social.

En relación al primer eje -empleo sostenible-, el plan del Ejecutivo regional se orientará a la creación de más y mejor empleo. Para ello, se adaptará el funcionamiento de la Red de Oficinas de Empleo a las necesidades actuales tanto de los demandantes de empleo como de las empresas a la hora de gestionar sus ofertas de empleo.

En cuanto a los incentivos a la contratación, la Estrategia prevé simplificarlos y orientarlos para ganar una mayor efectividad. En este sentido, se elaborará un trabajo de evaluación del programa vigente de cara a su futuro rediseño. Otra de las medidas contempladas en este primer eje es la potenciación de los programas de colaboración con las Corporaciones Locales.

El segundo de los ejes, enfocado a la formación, contempla la mejora de la empleabilidad tanto de las personas ocupadas como desempleadas, especialmente de aquellas con un menor nivel de cualificación. De esta forma, se implementará un proceso permanente de convocatoria abierta de reconocimiento y acreditación de competencias y se extenderán los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral y de la formación no formal.

Además, se propiciarán programas para fortalecer el tejido productivo de la región, priorizando los sectores con capacidad de generar empleo y la formación en competencias digitales. A todo ello contribuirá el impulso de la actividad de los centros propios de formación para el empleo y la creación de nuevos centros integrados, fomentando la participación de las empresas de cara a las prácticas en los centros de trabajo.

El tercer eje está orientado a fomentar el emprendimiento, no sólo como como alternativa al desempleo, sino también como forma de desarrollo del talento, las capacidades y aptitudes de cada persona. Por último, se busca difundir los valores de la responsabilidad social, poniendo especial atención en las personas emprendedoras y en las pequeñas y medianas empresas, en colaboración con la Mesa de Responsabilidad Social y en la línea de los ‘Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030’.

La Estrategia también prevé medidas de carácter instrumental de cara a una ejecución eficaz de las iniciativas que contempla, como por ejemplo el Plan anual de trabajo para un mejor conocimiento de nuestro mercado laboral. Además, se perseguirá la simplificación administrativa en la gestión de la formación mediante la justificación por módulos y se trabajará en la modernización y digitalización del SMAC. También se prevé la potenciación de la actividad del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.

Fruto del diálogo social y con vigencia hasta 2023, el acuerdo tiene que beneficiar sobre todo, según Paloma López, a las personas más vulnerables, fomentar el empleo estable y asentar un modelo productivo más sólido y sostenible  Este jueves se ha firmado la renovación de la Estrategia Madrid por el Empleo, con vigencia hasta 2023 y una dotación presupuestaria de 1.100 millones de euros. El acto, celebrado en la sede de la Comunidad de Madrid, ha contado con los máximos representantes de los sindicatos CCOO y UGT, la patronal CEIM y el Ejecutivo regional.

Para la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, son las personas más vulnerables las que tienen verse más beneficiadas por este acuerdo, que es fruto del diálogo social y por el que ha felicitado a los equipos de trabajo y negociadores de las organizaciones firmantes. Un acuerdo que contiene más de 300 medidas y que se produce tras una “rigurosa evaluación” de los anteriores (el primero data de 2016) y que tendrá que volver a ser examinado, ha señalado Paloma López, que confía en que el mismo sirva, entre otras cosas, para ir convirtiendo en indefinido el empleo temporal y para sentar las bases de un modelo productivo sólido para la región, que haga posible un desarrollo sostenible.

La responsable sindical ha destacado la importancia del diálogo social, instrumento “útil” para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras madrileños.

Por su parte, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López, ha valorado el trabajo realizado por todas las partes para hacer posible un acuerdo que tiene que “llegar a las personas más vulnerables”, acabando con la desigualdad, con la brecha salarial y con el paro juvenil.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado que el objetivo de su organización en el diálogo social es que haya medidas para la creación de empleo, añadiendo que CEIM trasladará esta Estrategia a todas las empresas para que su aplicación sea “efectiva”.

Ha cerrado el acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha expresado la “satisfacción” por este “importante” acuerdo, que espera sea “un éxito” con el objetivo final de lograr el pleno empleo en la región, toda vez que el empleo es “una prioridad” para su gobierno. Ayuso, que ha destacado la capacidad de negociación y de acuerdo de su ejecutivo, no ha dudado en calificar de “inaceptables” las cifras de desempleo tanto en España como en la Comunidad de Madrid.

CCOO ha denunciado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recortado drásticamente la cobertura de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a pesar de los estragos de la pandemia y de las altas tasas de pobreza severa crónica que sufre la región, una grave situación que afecta a más de 467.000 personas. El sindicato exige la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la RMI, que lleva varios meses sin reunirse.

Este año 2021 la RMI sólo está protegiendo a una media mensual de 10.960 familias, lo que supone una cobertura aproximada de apenas 35.000 personas perceptoras. Así, se ha pasado de abonar un total de 285.225 prestaciones económicas en 2019 a 87.680 de enero a agosto de 2021, es decir, casi un 70% menos de prestaciones abonadas, y justo en un momento en el que los instrumentos de protección son más necesarios que nunca.

La prestación media de la RMI en la Comunidad de Madrid, que no se actualiza desde 2016, es de 459 euros al mes, siendo la mínima de 400 euros, a mucha distancia de los 644 €, 623 € y 564 € de mínima de esta prestación del País Vasco, Navarra y Cataluña, respectivamente. CCOO avisa de que Madrid se encuentra a la cola del gasto social por habitante, un 17,5% inferior a la media de España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2020, 1.416.997 personas malviven en riesgo de pobreza o exclusión social en la región madrileña.

Los datos del INE también revelan la elevada tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), que en 2020 afectaba al 20,9% de la población madrileña (1,4 millones de personas). A ello se suma la situación de absoluta vulnerabilidad en la que viven las 119.00 personas que no disponen de ningún ingreso. Mujeres y menores son los grupos de población más afectados.

La complejidad y las trabas burocráticas para el acceso a las ayudas, otro mecanismo de exclusión, explica el hecho de que en 2021 tan solo se hayan concedido el 9,6% (343) de las 3.548 solicitudes presentadas y que el número de solicitudes haya disminuido en un 63% respecto a 2019. En términos económicos, de los 166,9 millones de euros presupuestados inicialmente para el abono de esta prestación social en 2021, sólo se han gastado hasta el mes de agosto 35,7 millones, y a cuatro meses de finalizar el año sólo se ha ejecutado el 21% de un ya escaso presupuesto.

Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO de Madrid, ha advertido que “el Gobierno Regional no debe recortar el gasto social aprovechándose del esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado en la mejora de la protección social” y le acusa de “oscurantismo y falta de transparencia” en la gestión de esta prestación. El sindicato lleva años denunciando la gestión perversa e ideológica que el Partido Popular lleva a cabo de dicha prestación social. Rodríguez ha recordado que en junio de 2020 CCOO de Madrid ya mostró su preocupación por el encaje que tendría con la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la Comunidad madrileña.

UGT y CCOO han realizado la propuesta en la Mesa de Diálogo Social de pensiones en la que se está debatiendo la segunda fase de la reforma para garantizar de manera estructural la suficiencia de las pensiones más bajas, y reclama que el proyecto de PGE-2022 incorpore ya una primera medida orientada en este sentido. Pese a que nuestro sistema de pensiones garantiza pensiones contributivas a casi 9 millones de personas con una cuantía media de 1.035 euros/mes, un importe que se eleva hasta los 1.192 euros/mes en el caso de jubilación, CCOO y UGT llaman la atención sobre el hecho de que 1 de cada 5 pensiones contributivas (el 22,8%) necesitan de complementos a mínimos.

Estos complementos permiten así que los algo más de 2,2 millones de personas pensionistas que los reciben puedan alcanzar una pensión mínima que oscila entre los 689 euros/mes en los casos de viudedad y jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, y los 851 euros/mes en los de jubilación con cónyuge a cargo. A los casos anteriores hemos de sumar casi 450.000 personas que son titulares de una pensión no contributiva, cuya cuantía se sitúa en 402 euros/mes.

Para mejorar la protección social que el sistema de Seguridad Social ofrece a estos colectivos de pensionistas, UGT y CCOO han planteado en la Mesa de diálogo social de pensiones la necesidad de que la segunda fase del acuerdo incorpore una referencia expresa a la necesidad de elevar las cuantías de estas pensiones hasta alcanzar un nivel de suficiencia y garantizar ésta de forma estructural en el largo plazo.

Para ello, CCOO y UGT plantean la necesidad de que las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas se incrementen de forma progresiva por encima de lo que se revalorizarán el conjunto de pensiones hasta alcanzar un nivel de suficiencia para todas las personas pensionistas, manteniendo en todo caso el diferencial de garantía que actualmente establece el sistema respecto de los ámbitos contributivo y asistencial.

El sindicato ha reclamado así que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en coherencia con el objetivo planteado y sin perjuicio de la concreción final de esta materia en la segunda fase de la negociación sobre pensiones, incluya una primera actuación en este sentido y se prevea respecto de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas un mismo porcentaje de incremento de las cuantías superior al que con carácter general se utilizará para la revalorización del conjunto de pensiones

La Comunidad de Madrid ha reafirmado su apuesta por el modelo de intervención que mantiene desde casi dos décadas para jóvenes y menores que cumplen condena. Un modelo que queda avalado por datos como el escaso porcentaje de riesgo de reincidencia y los buenos resultados de sus programas de reinserción sociolaboral, todo ello en un contexto tan difícil como la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, durante la presentación de la Memoria 2020 de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), que el año pasado atendió a 2.773 menores y jóvenes, de los cuales sólo el 17,13% (uno de cada seis) cumplía medidas en régimen de internamiento.

López ha destacado que los datos de la ARRMI del año pasado “refuerzan un modelo caracterizado por cuatro ejes primordiales, como son la individualización del tratamiento, la aplicación de programas de intervención especializados, la vocación y capacitación de los profesionales y la implicación de las familias en todo el proceso reeducativo encaminado a la reinserción de los menores y jóvenes con los que se interviene”.

En concreto, el consejero ha subrayado que entre los jóvenes y menores que cumplen medidas judiciales en algunos de los seis centros que tiene la ARRMI en la región, “aproximadamente el 90% tiene una evolución positiva, al disminuir sus factores de riesgo de reincidencia delictiva”. También ha resaltado que de los 440 menores y jóvenes que participaron en 2020 en el programa de inserción sociolaboral de la Agencia, 214 lograron un contrato de trabajo.

Respecto a la pandemia por COVID-19, López ha señalado que “no ha habido que lamentar la pérdida de ninguna vida entre los menores y jóvenes atendidos. Es más, ninguno de los internos contagiados tuvo que ser hospitalizado, mientras que entre los casos contados de profesionales de los centros que precisaron hospitalización, ninguno lo fue con ingreso en UCI”. Además, ha agradecido tanto el “buen comportamiento” de los primeros como “la entrega y profesionalidad” de los segundos, que ha permitido que la actividad de los centros de la ARRMI “no quedara paralizada ni se resintiera”.

Según recoge la Memoria de la ARRMI, de los 2.773 menores y jóvenes atendidos, 1.592 correspondieron a altas nuevas, lo que supone un descenso de casi el 8% con respecto a 2019. En cuanto al perfil de los que cumplían el año pasado medidas judiciales en los centros de la Agencia, se observa un ligero aumento en la media de edad, ya que el porcentaje conjunto de la franja etaria de 17 años en adelante creció un 4% respecto a 2019. Así, el grupo de 18 años es junto al de 17 el mayoritario, representando en conjunto casi el 55% sobre el total de los menores y jóvenes atendidos. En cuanto al sexo, un 78,65% son hombres y un 21,35% mujeres. En lo que se refiere a la nacionalidad, el 75,33% son españoles; el 12,30%, de países del Magreb; el 6,19% de Iberoamérica; y el 3,98% de países de la UE.

En lo relativo a las tipologías delictivas, durante el pasado año se aprecia una reducción de condenados por comisión de delitos contra el patrimonio, fundamentalmente robos y hurtos, pasando del 48,6% en 2019 al 46,04% en 2020. También disminuyen, en relación con 2019, los delitos relacionados con el maltrato (especialmente violencia filio parental), que pasa del 15,1% al 14,74% en 2020, y con las lesiones (13,65% frente al 14,8% registrado en 2019).

Respecto a los delitos más graves y que despiertan mayor alarma social (homicidios, asesinatos y delitos contra la integridad sexual), la proporción sobre el total continúa, al igual que en 2019, siendo escasa, llegando sólo hasta el 3,65%. Por lo que respecta a los delitos de carácter sexual, predominaron los abusos (19 casos) sobre las agresiones sexuales (7).

La Comunidad de Madrid ha participado en la inauguración de REBUILD 2021, un encuentro nacional de innovación y transformación en la edificación. Se trata del mayor foro de conocimiento y tendencias en el área de la construcción, un sector que suponía el 20% del PIB regional el año antes de la pandemia por COVID-19.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno regional, Paloma Martín, ha intervenido en la jornada inaugural, donde ha indicado que una de las estrategias regionales para lograr la recuperación económica se basa en poner suelo público en el mercado para contribuir a contener los precios, garantizar el acceso a la vivienda a precio asequible, sobre todo a los jóvenes, y agilizar los trámites administrativos.

Esta actuación se basa en dos líneas estratégicas. Por un lado, la venta de 191 parcelas de uso residencial, terciario, comercial e industrial para reactivar la economía y atraer proyectos innovadores, lo que representa la mayor oferta de suelo público del país.

Para que ese suelo se convierta lo antes posible en inversión, empleo y viviendas o negocios, el Ejecutivo madrileño trabaja en la simplificación de la normativa urbanística y en herramientas punteras como el Portal del Suelo 4.0, una plataforma que informa detalladamente de las parcelas de suelo público disponibles en la región con detalles de ubicación, uso, estado o edificabilidad, entre otros.

La otra línea de acción es el Plan Vive. La consejera ha confirmado que “antes de que finalice el año comenzará la construcción de las 5.000 primeras viviendas repartidas en diez municipios de la región”, lo que generará una inversión de 700 millones de euros. “Gracias a la colaboración público-privada y una economía fuerte y competitiva, la Comunidad de Madrid seguirá siendo un polo de atracción de inversión inmobiliaria”, ha afirmado.

La titular de Vivienda del Ejecutivo autonómico ha subrayado ante los profesionales del sector reunidos en REBUILD 2021 la apuesta de la Comunidad de Madrid por “el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente”.

La edificación vive un cambio de paradigma hacia un modelo de construcción en el que tienen una gran importancia la innovación, la tecnificación y la industrialización, donde, tal y como ha enfatizado Martín, “la sostenibilidad y eficiencia energética no son ya elementos diferenciadores, sino que se han incorporado al ADN de los promotores y los responsables de los desarrollos urbanísticos”.

Por su parte, el viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, José María García Gómez, participará en la sesión Next Generation Spain: abriendo el acceso a la vivienda y los planes de vivienda’, para explicar el esfuerzo de la Comunidad en aumentar la oferta pública a precio asequible y exponer el Plan Vive como ejemplo de mayor proyecto europeo de Built to Rent.

REBUILD 2021, que se celebra entre el 21 y el 23 de septiembre en IFEMA, abordará las nuevas tendencias en tecnología, las soluciones y materiales más sostenibles, los sistemas constructivos industrializados y modulares, así como el diseño más vanguardista que marcará el futuro del sector.

A lo largo de estas tres jornadas, los profesionales de la edificación debatirán para establecer la hoja de ruta para el futuro tanto a medio plazo como a largo plazo del sector, una nueva visión basada en nuevas formas de construir viviendas que apuesten por la industrialización, la sostenibilidad aplicada a los nuevos materiales, la digitalización y la descarbonización.

Por otro lado, REBUILD acogerá un año más el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, donde más de 260 expertos tendrán la oportunidad de mostrar los casos de éxito referentes en el sector, nuevos materiales, las últimas tecnologías emergentes y los sistemas constructivos más innovadores.

La Comunidad de Madrid ha recibido 4.149,8 millones de euros de inversión extranjera en los primeros seis meses de 2021, lo que supone el 60,2% del total nacional. Esta cifra reafirma el liderazgo de la región en cuanto a la atracción de inversión foránea, tal y como reflejan los últimos datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, relativos al segundo trimestre del año.

Así, en el primer semestre de 2021, y después de Madrid, se sitúa Cataluña, que ha recibido el 19,1% del total; la Comunidad Valenciana con el 5,8%;  Andalucía el 5,2%, y Castilla-La Mancha el 2,1%. En cuanto a los principales países inversores en la región, el ranking está encabezado por Luxemburgo (25,4%), EE.UU (23,2%), Francia (15,7%), Países Bajos (13,7%) y Reino Unido (9,0%). Los principales sectores donde ha recaído la inversión extranjera en lo que va de año han sido: Telecomunicaciones” (21,6%), suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (20,8%); actividades inmobiliarias (6,2%); actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (5,3%), y servicios financieros, excepto seguros y fondos pensión (5,2%).

Los datos también ponen de manifiesto también el liderazgo de la Comunidad de Madrid en la atracción de inversiones extranjeras durante el segundo trimestre del año. De esta manera, la región ha recibido un total de 2.105,6 millones de euros, el 66% del total nacional, seguida de Cataluña (11,4%), Comunidad Valenciana (6,3%), Castilla-La Mancha (4,6%) y Aragón (3%). Por último, con respecto al primer trimestre del año, la inversión extranjera ha experimentado un aumento del 3% en la Comunidad de Madrid, frente al 13,9% en el conjunto nacional.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, se ha reunido con el nuevo presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Mariano Casado, para reforzar los mecanismos de cooperación en beneficio de las personas sin recursos y en riesgo o en situación de exclusión social y seguir consolidando el compromiso de colaboración del Gobierno regional con el denominado Tercer Sector en el desarrollo de proyectos sociales.

Durante el encuentro se han tratado distintos temas como la convocatoria de concesiones directas, las ayudas por el COVID-19, los fondos europeos destinados a hacer frente a la pandemia y las subvenciones con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Estas subvenciones, que se conceden anualmente, permiten a entidades y ONG desarrollar programas y actuaciones en sectores sociales, educativos, sanitarios, humanitarios, medioambientales y de protección animal o cooperación internacional, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) ha celebrado el webinario “Alargamiento de la vida laboral. Cómo definir una estrategia de actuación” con la colaboración del Observatorio de Recursos Humanos (ORH) el pasado 10 de septiembre. María Jesús Otero (Jefa de la Unidad Técnica de Psicosociología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y Fuensanta Palomino (técnica habilitada y Jefa del Servicio de Ergonomía del IRSST), fueron las dos ponentes principales, contando con la participación en el turno final de preguntas de Teresa Moreno Carmona (Jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del IRSST).

El interés en este tema se hace obvio si tenemos en cuenta que el perfil demográfico de las sociedades desarrolladas está cambiando radicalmente. Las bajas tasas de natalidad conviven con una mayor esperanza de vida y el resultado de la ecuación es un alargamiento de la vida laboral. Por tanto, la gestión de la diversidad generacional es una necesidad que es necesario abordar contemplando aspectos no solo culturales o de competencias sino también de salud. Se hace evidente la necesidad, cada vez más, de que la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo figure como objetivo preferencial en el orden del día de cualquier ámbito laboral.

En el marco estratégico europeo actual el fenómeno del envejecimiento y la diversidad generacional está contemplado, por ello, para el IRSST es necesario actuar; considera, y así lo deja reflejado en el tercer eje del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, que el análisis de las nuevas realidades laborales y su repercusión en la prevención de riesgos y en la salud de la población trabajadora, entre otras el envejecimiento y las repercusiones que este tiene desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, es una de las líneas fundamentales de su trabajo para el periodo 2021-2024.

En este sentido, el IRSST de manera recurrente organiza y participa en jornadas, webinarios, seminarios o cursos que le permitan difundir información y asesorar sobre las implicaciones que en materia de seguridad y salud laboral tiene el envejecimiento de la población activa. En el mismo ámbito, este Instituto tiene encomendada la elaboración de una guía sobre la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva del envejecimiento. De la misma forma, entre sus objetivos para el citado periodo está el fomento de líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de la edad. Con esta misma orientación, basada en la nueva realidad laboral, el IRSST trabaja con perspectiva de futuro.

En cualquier caso, lo que es evidente, es que la nueva realidad laboral requiere un esfuerzo por parte de todos los implicados en el ámbito laboral para integrar la edad y la diversidad generacional en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha presidido la segunda sesión ordinaria del Observatorio de Justicia y Competitividad de la región, en la que se ha anunciado la creación de la página web de este organismo, que incluirá un directorio de información relevante en la materia y de acceso a las diferentes cortes de arbitrajes existentes en la Comunidad. En este sentido, López ha reiterado la apuesta del Gobierno regional por “promocionar desde la Administración los mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos, lo que hará de Madrid una región más atractiva para los inversores extranjeros y un referente internacional en materia de arbitraje y mediación”.

Por su parte, el viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas, ha puesto de relieve la importancia de contribuir a la difusión del arbitraje y la mediación en el ámbito empresarial, de cara a “reducir los costes económicos y de oportunidades para nuestras empresas, tanto a nivel nacional como internacional, en la medida que permiten resolver las controversias de forma ágil, eficiente y confidencial”. Además, ha subrayado el importante papel que desempeña este Observatorio “como instrumento de coordinación administrativa y de herramienta de colaboración entre actores del mundo de la justicia, el derecho, la economía, el arbitraje o las empresas”.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de la convocatoria de la línea COVID de ayudas directas a empresas para incorporar los cambios que el ministerio de Economía ha realizado en el real decreto que las regula, tal y como acordó la semana pasada el Consejo de Ministros. La Comunidad de Madrid se convierte así en la primera CCAA en adaptar estas novedades que ha introducido el Gobierno central, al igual que fue también la primera en abrir la convocatoria inicial el pasado mes de mayo.

Las modificaciones afectan, por un lado, al plazo en el que se generaron los costes subvencionables, que ahora deberán haber sido generados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 (anteriormente, hasta el 31 de mayo). Por otra parte, se extiende el objeto de subvención que ahora incluye la compensación de los costes fijos ya abonados y las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con las ayudas directas u otras ayudas. Además, se introduce un importe mínimo de la ayuda de 4.000 euros en determinados supuestos, salvo que la solicitud fuera por un importe inferior, entre otros cambios. La nueva redacción del texto está recogida en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes relacionadas con la subida del precio del gas y la electricidad.

La convocatoria de la Comunidad de Madrid cuenta con un presupuesto total de 899 millones, de los que 220 millones son fondos propios y el resto del Estado. Incluye un total de 176 sectores productivos -frente a las 95 del Gobierno central-, como peluquerías, centros de estética, autoescuelas, farmacias, guarderías o el sector del transporte, entre otros.

La Comunidad de Madrid fue la primera región en abrir la convocatoria el pasado 1 de mayo, que finalizó el 31 de julio. En ese período se han recibido un total de 37.554 solicitudes de las que ya se han abonado 21.836, es decir, el 58% del total. El resto se encuentra en fase de tramitación, que requiere el cruce de datos con la Agencia Tributaria. El importe pagado hasta la fecha alcanza los 410,4 millones de euros.

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid ha denunciado reiteradamente que el real decreto estatal estaba mal diseñado y ralentizaba la llegada de los fondos, tanto por la rigidez y complejidad de los requisitos como por la falta de transparencia. El pasado 22 de julio, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, envió una carta a la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, alertándole de la necesidad de reformular dicho real decreto, como finalmente se ha aprobado, para que las ayudas pudieran llegar a las empresas que están atravesando momentos de dificultad.

La Comunidad de Madrid va a destinar 600.000 euros, entre los años 2021 y 2022, a financiar el desarrollo de actividades de sensibilización y difusión que fomenten el debate y la participación juvenil. El plazo de solicitud de las ayudas, dotadas con los 300.000 euros correspondientes a este año, se ha abierto esta semana y finalizará el próximo 5 de octubre. A estas subvenciones pueden optar asociaciones, federaciones, confederaciones y colegios profesionales que trabajen con jóvenes, así como los municipios, mancomunidades y entidades públicas con personalidad jurídica que tengan asumidas competencias en materia de juventud.

Serán subvencionables los proyectos que fomenten la participación y el debate juvenil en la vida social y, también, los que generen reflexión en torno a las siguientes líneas de acción: Europa y organizaciones juveniles; aprendizaje y empleo de calidad; igualdad de todos los géneros; sociedades inclusivas; desinformación y diálogo constructivo; salud mental y bienestar; juventud rural, y  vida sostenible.

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta la viabilidad, alcance territorial y participación de jóvenes vulnerables, como beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción –RMI-, menores no acompañados, minorías étnicas, inmigrantes, colectivo LGTBI, jóvenes con discapacidad y juventud rural. La ayuda consistirá en una subvención del 80% del coste del proyecto, con un límite máximo de 5.000 euros por beneficiario. Se puede obtener más información en este enlace.

Esta iniciativa está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Juventud 2020-22 y forma parte de la Estrategia de la UE para la Juventud, que trata de impulsar la implicación de los jóvenes en la vida democrática y su participación en la sociedad. En 2020 resultaron beneficiaros 21 asociaciones y 34 proyectos presentados por municipios o por agrupaciones locales.

La Comunidad de Madrid destinará 18 millones de euros más a las ayudas para incentivar la contratación indefinida en la región. De esta forma, con el nuevo acuerdo autorizado por el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo autonómico ya ha dado luz verde a un total de 37,3 millones de euros para esta medida, 16,8 millones más que los invertidos en el ejercicio anterior Este programa de incentivos tiene una doble vertiente. Por un lado, subvenciona las contrataciones indefinidas iniciales y, por el otro, la conversión en indefinidos de aquellos contratos temporales o formativos de la región.

En el primero de los casos la ayuda general por contrato indefinido es de 4.000 euros, cifra que podría llegar a los 7.500 euros si el contratado es mayor de 45 años y parado de larga duración. Además, las cuantías se pueden incrementar en 2.000 euros más cuando se trate de la primera contratación realizada por trabajadores autónomos.

En el segundo de los casos -conversión a indefinidos-, la subvención será de 3.000 euros. Para recibirla el contrato de partida deberá tener una vigencia mínima de seis meses previos a la conversión.

Los beneficiarios de las ayudas son trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin ánimo de lucro que formalicen contratos indefinidos en centros de trabajo de la Comunidad de Madrid. El plazo de solicitudes permanecerá abierto de forma continuado todo el año natural, y hay que reseñar que, a fecha de 31 de agosto, se han presentado un total de 11.887 solicitudes.

Otros programas de incentivos a la contratación

Al margen de estos dos programas de contratación estable, la Comunidad de Madrid tiene otras tres líneas de ayuda con la misma finalidad. Así, se conceden, por un lado, 3.000 euros por cada reincorporación a tiempo completo de trabajadores contratados indefinidamente afectados por ERTEs para suspensión de contratos. Por otro, la Administración regional concede 2.000 euros por cada restablecimiento de jornada a tiempo completo a trabajadores contratados indefinidamente afectados por ERTEs de reducción de jornada. Por último, el Gobierno autonómico también ofrece incentivos de 3.000 euros para el mantenimiento del empleo de mayores de 50 años.

La Comunidad de Madrid ha sido reconocida con el premio a la Mejor Líder Digital de España, otorgado por CIONET, red que engloba la mayor comunidad de líderes tecnológicos del mundo. La consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Elena Liria, acompañada por el viceconsejero de Administración Local, José Antonio Sánchez, ha recogido el galardón, que reconoce la importante labor que este organismo está llevando a cabo en materia de innovación y transformación digital en la región.

Madrid Digital se encarga de la administración, mantenimiento y soporte de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y es la responsable del desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información de las comunicaciones en la Comunidad. Actualmente, esta agencia pública trabaja en proyectos como la Factoría Digital, el Centro de Innovación Digital, la mejora de la capacitación en esta materia de los empleados públicos, el Plan de Transformación de las Infraestructuras de Comunicaciones o la puesta en marcha del Puesto de Trabajo Digital.

 

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