Subida de tasas, peajes en carreteras y eliminación de subvenciones a partidos y sindicatos, entre las medidas de Modificación de la Ley Presupuestaria

La Comunidad de Madrid aprobó hoy un paquete de medidas en relación a la administración regional y sus empleados para ahorrar 1.000 millones de euros este año, y propuso la reducción a la mitad del número de diputados en la Asamblea de Madrid (de 129 a 65), con lo que sería el primer Parlamento en España en disminuir el número de escaños, y la eliminación del “plus” que cobran los vicenconsejeros con escaños. Sólo los viceconsejeros perciben una asignación de 1.000 euros por compatibilizar su tarea de Gobierno con la de diputados.

Aguirre adopta medidas en relación al sueldo y la jornada laboral de los trabajadores públicos, y actualiza tasas y precios públicos de determinados servicios, para que sea sólo el usuario y no todos los ciudadanos los que contribuyan a su mantenimiento. Además, elimina subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, deja de financiar el alquiler de los locales sindicales y reduce ayudas públicas, gasto corriente e inversiones.

Con estas iniciativas, la presidenta madrileña se mantiene fiel a sus principios de no subir impuestos, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y evitar despidos. Así, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno en el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, que modifica parcialmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, se llevará a cabo una bajada de sueldo de los cargos políticos y personal de confianza en un 10%, y de los empleados públicos en un 3,3%. Asimismo, se rebajará un 10% la jornada y el sueldo de los interinos, excepto a los docentes y a los asistenciales.

Con este paquete de medidas económicas, la Comunidad de Madrid avanza en el objetivo de estabilidad presupuestaria y en garantizar la consecución del tope de déficit fijado para las comunidades autónomas para este año. Este proyecto de ley, que se remite hoy tanto al CES como a la Asamblea de Madrid, al tramitarse por vía de urgencia, está previsto que se apruebe a mediados del mes de julio.

Así lo anunció hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien destacó que este conjunto de medidas refuerzan el compromiso de la Comunidad de Madrid con la austeridad, la estabilidad presupuestaria, el crecimiento económico y su contribución, como primera economía regional y motor económico de España, a la recuperación de la economía nacional y el empleo en nuestro país.

Además, Aguirre explicó que la Comunidad duplica el esfuerzo de ahorro en medidas propias que ya recogía el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado mes de mayo, en el que se preveía ajustes por 654 millones de 
euros. Se reduce 3 veces más el sueldo a altos cargos y personal de confianza.

El texto aprobado hoy por el Gobierno regional contempla por vez primera medidas en materia retributiva que afectan a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Así, se establece una bajada del sueldo del 3,3% de media para el conjunto de los empleados y un 10% para los cargos políticos y el personal de confianza. En esta reducción se incluye la parte que afecta a la paga extraordinaria de diciembre.

Estas medidas se suman a la reducción del sueldo llevada a cabo en a los altos cargos regionales desde el comienzo de la crisis. Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha reducido ya su salario un 24% respecto a lo que cobraba en 2008. Además, los sueldos del vicepresidente y los consejeros se han reducido un 20%, el de los viceconsejeros un 18%, mientras que los directores generales y secretarios generales técnicos se ha reducido un 17%.

También se va a eliminar la asignación de unos 1.000 euros al mes de los viceconsejeros que son diputados en la Asamblea de Madrid. Por otra parte, se mantendrán las mismas condiciones para interinos docentes y asistenciales y se reducirá un 10% de jornada y salario para el resto de interinos administrativos.

En cuanto a las subvenciones, ayudas públicas, gasto corriente e inversiones sufren una importante minoración. Las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos se reducen en 3,9 millones. Además, la Comunidad dejará de sufragar el alquiler de los locales de las centrales sindicales. En lo que respecta a las inversiones, se reducen en 30,3 millones, de los cuales 20 corresponden a carreteras. En material de oficina, publicaciones y promociones se reducen 6,7 millones. También se eliminan las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, que supondrá un ahorro de 2,7 millones.

El Gobierno regional llevará a cabo una actualización de tasas y precios públicos y la implantación de otras nuevas, con el objetivo de cubrir una mayor cobertura sobre el precio real del servicio prestado. Por ejemplo, se crea una tasa de 10 euros por emisión sucesiva de la Tarjeta Sanitaria Individual en caso de rotura o extravío de la que quedan exentos los perceptores de Renta de Inserción. Cada año, se emiten más de un millón de tarjetas sanitarias, en gran parte debido a su pérdida o deterioro, que supone un coste para el erario público de 10 millones de euros. Así, con la nueva tasa se pretende cubrir parte de dicho coste.

Otra tasa de nueva creación es por estancia de los mayores en centros de día, que tendrán que aportar de media en torno a un 30% de su pensión. Esta medida ya se aplica en centros de titularidad municipal como los de Madrid capital. Entre los precios públicos que se actualizan, figura el de educación infantil (0-3 años), casas de niños y centros de enseñanza de régimen especial, cuya tasa de cobertura media en la actualidad, es decir, lo que costean los usuarios, es de 32 euros.

Entre la iniciativas de mayor calado está la creación de una Junta Central de Compras de productos sanitarios para establecer un catálogo único de productos –material de curas, quirófano y fungible o material laboratorio y reactivos- para ahorrar a la hora de comprar los materiales. Además, en cumplimiento con lo fijado por el Estado a las comunidades, la vacuna del neumococo y los tratamientos contra el tabaquismo dejarán de estar financiados por la administración pública. En el caso de las operaciones de cambio de sexo, se mantienen dentro de la cartera, pero deberán acreditar una residencia mínima de dos años en la Comunidad de Madrid.

Por último, se traslada la actividad de los Centros de Especialidades de Alcobendas, Aranjuez y Arganda a los hospitales de estas zonas –Tajo, Sureste e Infanta Sofía- ya que tienen capacidad más que suficiente para absorber la actividad asistencial de estos centros. Además, los Centros de Pontones y Quintana también reordenarán su actividad. Hasta ahora, los vecinos de Carabanchel tenían que acudir a los centros de Especialidades de Pontones y Quintana para que le vieran los especialistas porque el Centro de Especialidades Carabanchel Alto tenía mucha presión asistencial. Ahora con la incorporación del hospital Gómez Ulla a la red sanidad madrileña los vecinos de Carabanchel ya podrán volver al Centro de Especialidades de su distrito para ser atendidos.

Lo mismo pasa con los SUAP (servicios de urgencia de atención primaria). Hay centros –Doctor Esquerdo, La Fortuna y Aranjuez- que tienen baja actividad asistencial nocturna entre semana (menos de 10 pacientes), por lo que sólo abrirán los fines de semana. No obstante, los pacientes quedarán completamente atendidos por los servicios de urgencias de los hospitales.

En cuanto a Educación, se reduce la subvención de becas de comedor y ayuda de libros. En área de empleo, al desaparecer la transferencia que el Estado realizaba para cursos de formación para el empleo por un importe de 213 millones de euros, se elimina esta partida. Asimismo, la matrícula universitaria tanto en grado como en máster experimenta una subida por aplicación de la normativa básica estatal impulsada por el Gobierno de España, que incrementa los precios públicos. Por segundas y sucesivas matrículas, el precio se incrementará gradualmente.

Además, el Gobierno regional propone la implantación de un peaje en autovías regionales, cuya explotación se sacará a concurso de concesión. El concesionario instalará el sistema de cobro y entregará a la Comunidad la recaudación, quedándose con un porcentaje que se acuerde. La intención es acelerar el proceso lo máximo posible para lograr que el sistema esté instalado a principios del año que viene.

Respecto a Justicia, se minora un 20% la aportación al turno de oficio en la prestación de asistencia jurídica gratuita, pese a lo cual, la Comunidad de Madrid sigue superando en un 40% la aportación que realiza directamente el Estado a los profesionales que prestan este servicio en aquellas comunidades autónomas que no tienen competencias judiciales.

En Asuntos Sociales, se mantiene la gratuidad de la prestación de discapacidad únicamente para rentas mínimas de inserción. En materia de Vivienda, se va a suprimir la participación de la Comunidad en los Consorcios Urbanísticos. También se restructurará la plantilla del Instituto de Realojo e Integración Social y de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).

Todas las medidas recogidas en el Plan Económico Financiero están también incluidas en este Proyecto de Ley, transponiendo los cambios en normativa básica estatal llevados a cabo por el Gobierno de la Nación. Destacan las prohibiciones de contratar personal en sociedades mercantiles de la Comunidad, de incluir aportaciones a planes de pensiones y la prohibición estatal de introducir cláusulas indemnizatorias en cualquier tipo de contrato, incluidos los mercantiles. Así, se aclara el cálculo de la indemnización y se elimina en caso de que se trate de empleados con reserva de puesto de trabajo, como es el caso de funcionarios que ocupan temporalmente cargos de dirección.

También se extiende la supresión de la mejora personal por incapacidad temporal aplicada al personal de la administración a todas las fundaciones del sector público, a todos los organismos que integran el sector público y a todos los consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad. Además, se adapta la Ley de Hacienda a los principios de estabilidad recogidos en la ley estatal aprobada por el Gobierno de la Nación. Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo madrileño desde el comienzo de la crisis –por ejemplo, reduciendo siete Consejerías, 40 altos cargos, reducción salarial y supresión de empresas y organismos públicos- han permitido a la Comunidad ahorrar más de 2.200 millones de euros a los que hay que sumar los 1.000 millones de ahorro que se consiguen gracias a este nuevo paquete de medidas económicas.

La Comunidad de Madrid fue la primera administración pública española en aplicar medidas de austeridad ya en 2007 y pretende continuar por esta misma senda de la contención del gasto, que garantice los cumplimientos de los objetivos de déficit en los próximos años y la prosperidad económica de la región.