Según explican, se han adjudicado sin justificación nueve millones de euros

La Comunidad de Madrid ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones. En concreto, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, documentación de la que ha sido informado hoy el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo autonómico entiende que se ha aprobado esta decisión sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo. A todo ello se suma que en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales.

Con este Real Decreto recurrido, el Gobierno central reguló la concesión de subvenciones a País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura utilizando para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, envió una misiva el pasado 22 de octubre -que no ha obtenido respuesta a día de hoy- a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones de la concesión de 9 millones a estas comunidades de forma aleatoria, que vulneraría el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que utilizaría de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-.

De esta forma, el recurso de la Comunidad de Madrid señala que el Real Decreto carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí.

Además, los proyectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la contratación de los servicios para la renovación del sistema de control y regulación del tráfico de trenes centralizado de Metro de Madrid, consiguiendo así un sistema más fiable y mejorado que redundará en una mayor calidad de servicio para los usuarios. Para ello, se dedicarán 6,96 millones de euros en los próximos 28 meses para renovar toda la infraestructura tecnológica llamada SCADA, que se encuentra instalada en el Puesto de Mando y en uno de los puestos de Telemando de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de la red.

Con este proyecto se busca la evolución tecnológica y funcional del control de tráfico centralizado actual y su transformación en un sistema de nueva generación que permita el incremento de la disponibilidad, fiabilidad y los requisitos de seguridad. De esta manera, al mejorar los sistemas que centralizan el control del tráfico de los trenes, así como su regulación, se aumenta la calidad del servicio que percibirá el usuario de Metro de Madrid, ya que la fiabilidad en el tráfico diario repercute directamente en un servicio de mayor eficiencia para los viajeros del suburbano.

La adjudicataria de este proceso de licitación es la empresa Siemens Rail Automation, puesto que es la única con capacidad para llevar a cabo los trabajos que se contratan. La inversión de este proyecto es cofinanciable al 50% con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunidad de Madrid.

El Puesto de Mando de Metro de Madrid se encuentra ubicado en la estación de Alto de Arenal y fue inaugurado en el año 2000. Este cerebro del Metro gestiona de manera centralizada, utilizando las últimas tecnologías y con comunicación y visión directa, las diferentes áreas en las que se organiza el servicio del suburbano.

Desde esta sala se centraliza, las 24 horas del día y los 365 días del año, el control del tráfico de trenes, la seguridad, el estado de las instalaciones, la energía eléctrica indispensable para el funcionamiento de los trenes y estaciones y la atención al cliente.  Además, el Puesto de Mando cuenta con el apoyo de varios puestos de Telemando de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) distribuidos por la red para garantizar el servicio cada día.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la personación de la Comunidad de Madrid en el procedimiento judicial iniciado como consecuencia del incendio forestal que tuvo lugar el 21 de agosto del 2020 en un terreno forestal, en el término municipal de San Agustín de Guadalix.

El pasado 27 de diciembre del 2021 los Servicios Jurídicos emitieron un informe favorable a la personación en calidad de actor civil. La investigación judicial reveló que el incendio se inició en el pasto seco situado al pie de una puerta de hierro en la que se estaban realizando soldaduras que posteriormente se repasaron con una sierra radial. Como consecuencia de esta acción, el fuego se extendió rápidamente, cruzó la carretera M-104 y finalmente evolucionó hasta una ladera.

El coste de la extinción del incendio, en la que participaron los Cuerpos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ascendió a 29.414 euros. Con la personación en el procedimiento judicial iniciado el juzgado de Instrucción nº4 de Alcobendas, se pretende reclamar el reintegro del importe de extinción del incendio forestal ante el presunto delito.

Se trata del cuarto caso de estas características en el que se persona la Comunidad de Madrid, que ya está en los procesos judiciales abiertos por tres incendios forestales ocurridos en 2020 en Villarejo de Salvanés, Quijorna y Villaviciosa de Odón.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior propondrá la incorporación en la futura Ley de Protección Civil y Emergencias que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular para los casos de incendios provocados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid destaca el papel de los trabajadores sociales en el ámbito de la Justicia y busca estrechar vías de colaboración con ellos. En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se ha reunido con los responsables del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, encabezados por su decano, Daniel Gil Martorell, y ha mostrado el interés del Ejecutivo regional por “mejorar, como ya ocurre con otros colectivos profesionales, las vías de colaboración con una entidad de la que forman parte trabajadores que ejercen un papel fundamental para los ciudadanos”.

En la actualidad, en la Administración regional existe un proceso de funcionarización para los profesionales de este sector que desempeñan sus labores de forma interina al servicio de los ciudadanos. El encuentro ha servido para abordar asuntos de interés para esta entidad, entre ellos la cooperación con la Administración de Justicia o la participación de sus titulados en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), así como en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de la Comunidad.