 Dancausa y el Benidorm Fest protagonistas de la primera sesión del año
Después del largo parón navideño, los diputados regresaban a la Asamblea este jueves, y lo hacían en un pleno cargado que no quedaba al margen de la polémica de la que toda España hablaba, al menos, hasta la votación de la reforma laboral de esa misma tarde.
En concreto era Unidas Podemos quien, en el turno de preguntas, comparaba la aprobación de la ley de libertad educativa con lo ocurrido en el Benidorm Fest pillando por sorpresa a una Ayuso que, por primera vez desde que es presidenta, se quedaba sin palabras.
La polémica sobre Eurovisión era uno de los asuntos del Pleno pero no el único que se trataba a lo largo de la primera sesión del año. Así Concha Dancausa comparecía ante los diputados para dar explicaciones sobre la operación sana que desarticulaba una banda dedicada a prostituir a menores tuteladas por la Comunidad.
La Comunidad de Madrid va a realizar una auditoría sobre el sistema de protección de menores de la región y pondrá en marcha un plan de choque con el objetivo de impulsar el acogimiento familiar frente al residencial en centros.
Así lo ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia a petición propia ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la colaboración de su departamento en la investigación policial de la denominada Operación Sana, que ha desarticulado un grupo dedicado a la explotación sexual de menores
“Hemos colaborado en todo momento con las autoridades policiales y judiciales; siempre que detectamos que un menor está siendo víctima de un delito lo denunciamos de inmediato. La Comunidad de Madrid ha hecho su trabajo, que es proteger a los menores en el interior de nuestros centros”, ha subrayado la consejera.
En este sentido, Dancausa ha explicado que su departamento ya ha solicitado a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la realización de una auditoría funcional para analizar la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores, un ejercicio de transparencia que evaluará de manera crítica, sistemática e imparcial la eficacia de las actuaciones y la calidad de la gestión con el objetivo de identificar aspectos que puedan ser mejorados.
La consejera también ha anunciado la próxima puesta en marcha de un plan de choque para impulsar el acogimiento familiar como mejor alternativa para el desarrollo personal y social de los menores tutelados. En la actualidad hay 3.714 menores con medidas de protección, de los cuales 2.263 (el 60,1%) están en acogimiento familiar y los otros 1.451 (el 39,9%) residen en centros.
La Comunidad quiere seguir elevando este porcentaje de acogimiento con medidas como la transformación de las ayudas que reciben actualmente las familias acogedoras en un derecho subjetivo que les asegure estas prestaciones de manera directa, sin tener que solicitarlas anualmente, e incrementando la dotación económica de las mismas.
Dentro de este plan se inscribe también el lanzamiento de una campaña de captación de familias acogedoras. Así, en la recién aprobada Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026, se incluyen dos medidas específicas a este respecto.
Por un lado, un programa de apoyo a las familias acogedoras, con el que la Comunidad garantizará que perciban las ayudas económicas que les corresponden con cuantías de hasta 15.500 euros. También se reforzarán los recursos y otros programas de apoyo dirigidas a ellas.
Por otro lado, entre las nuevas medidas con carácter fiscal, se equiparará a los menores acogidos en régimen de acogimiento familiar con los hijos y la línea recta descendente del causante/donante a efectos de la aplicación de la bonificación del 99 por ciento de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones aplicable en la Comunidad de Madrid a las herencias y donaciones de padres a hijos y demás descendientes.
Dancausa también ha adelantado que el Gobierno regional está tramitando la nueva Ley regional de Protección y Garantías de la Infancia con el objetivo de que llegue a la Asamblea en el primer semestre del año.
Entre otros aspectos, la nueva norma dedicará un capítulo específico a la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, definirá las garantías, necesidades y singularidades que presenta el tratamiento de menores protegidos con problemas de conducta y actualizará y agilizará los procedimientos administrativos para la declaración de la situación de riesgo o desamparo de niños y niñas.
La norma también incluirá las modificaciones introducidas por la Ley estatal de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado mes de junio, especialmente en lo referido a la elaboración de protocolos específicos de prevención, detección precoz e intervención ante abusos y explotación sexual para los centros de protección.
La consejera ha recordado que la Comunidad, junto al resto de autonomías, está trabajando en la definición de los criterios comunes que deberán incluir estos protocolos en el seno de la Conferencia Sectorial creada al efecto el pasado mes de septiembre.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta misma semana la licitación del nuevo contrato de gestión del único centro de la región específico para menores con trastornos de conducta graves, que va a incrementar su presupuesto un 22,5% y tendrá un importe de 15,3 millones para los próximos cuatro años.
Esta subida permitirá aumentar el número de profesionales de este recurso altamente especializado, en el que el precio de la plaza por día pasará de los actuales 160 euros a 190. Este centro será también el primero en el que se desarrollará el proyecto de entornos protectores, en el que la Comunidad trabaja desde hace un año con representantes de entidades sociales y que busca generar entornos seguros y de buen trato en todos los espacios donde conviven niños y adolescentes.
Este proyecto parte del Modelo de Sistema de Protección Interna desarrollado por el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social, que va a permitir construir un modelo propio de la Comunidad de Madrid a la hora de facilitar la transformación de estos espacios. A esto se suma la herramienta técnica en la que está trabajando el Gobierno regional denominada “Instrumento Valora”, para ayudar a los servicios sociales a mejorar la calidad de la intervención con los menores en situación de riesgo y sus familias.
Respecto a la operación policial conocida hace un mes, Dancausa ha explicado que “estamos ante unas niñas que son víctimas de un delito de explotación sexual, pero de ninguna manera es un caso de explotación sexual de menores tuteladas”.
En este sentido, la consejera ha señalado que, con la información a la que ha podido acceder hasta ahora la Consejería, hay cinco menores relacionadas con esta operación en los centros de protección de la región, tres de las cuales son testigos protegidas en esta investigación. Ninguno de los hechos delictivos denunciados se ha cometido en el interior de los centros.
Asimismo, ha detallado que la Comunidad ha colaborado durante todo el proceso con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con la Fiscalía y con los juzgados, que se llevó a cabo una inspección de urgencia del centro donde residen las tres menores testigos protegidas y que ella misma también acudió el 17 de enero para recabar toda la información de primera mano.
También, que se envió sin éxito un escrito a la Dirección General de la Policía solicitando que se facilitara la información disponible para proteger a las menores y que el Gobierno se ha personado como acusación particular ante los juzgados de Instrucción número 1 y 8. La consejera ha explicado el funcionamiento de los 102 centros de esta red, que suman un total de 1.880 plazas y en los que la supervisión, la vigilancia, el control y la colaboración con autoridades policiales y judiciales es constante.
Entre ellos está el centro para menores con trastornos de conducta, en el que solo pueden ingresar con autorización judicial y que es el único que puede imponer restricciones a sus movimientos, siempre motivadas con informes, acordes a esa autorización judicial y comunicadas a la Fiscalía del Menor.
Todos los centros de protección, incluido éste, son abiertos, en los que los menores pueden y deben salir dentro de su proceso educativo y de formación. Esta característica clave les diferencia de los centros cerrados de reforma, en los que los menores están cumpliendo una medida de internamiento por sentencia judicial y de los que no pueden salir. Por tanto, en un centro de protección no existen fugas sino ausencias voluntarias, que siempre se comunican de inmediato al Grupo de Menores (GRUME) para que los agentes puedan localizarles y devolverles a los centros.
Dancausa ha explicado que esa colaboración constante entre administraciones se materializó el año pasado en más de 5.000 comunicaciones y denuncias realizadas entre los centros y la policía, los jueces y los fiscales, la mayoría de ellas para notificar ausencias voluntarias, pero también para comunicar informes de seguimiento a los juzgados y a la Fiscalía.
Además, hay 103 denuncias por hechos delictivos contra menores, y desde 2016 la Comunidad se ha personado en 50 procedimientos judiciales relacionados con menores residentes en sus centros. En concreto, en los expedientes de las tres menores tuteladas por la Comunidad que han sido declaradas testigos protegidas en esta investigación figuran un total de 84 comunicaciones de este tipo.
Se incluyen además 13 declaraciones de las menores ante la Policía, que siempre realizan acompañadas de responsables de su centro residencial, y tres denuncias realizadas por uno de los centros sobre los abusos sexuales sufridos por una de las menores en sus ausencias voluntarias – la primera se remonta a septiembre de 2020-.
La consejera ha insistido en que el Gobierno autonómico, cumpliendo sus competencias, pone en conocimiento de las autoridades todos los hechos susceptibles de delito que conoce, y son las autoridades policiales las que los investigan y conectan los indicios para desarrollar sus operaciones.
En este punto, ha añadido que son investigaciones de las que nunca facilitan detalles a los centros ni a la Comunidad, que desconocía la existencia de la Operación Sana, o que una de las tres denuncias mencionadas, la presentada el pasado mes de septiembre, hubiera sido decisiva para cerrar esta operación. “Aquí no hay caso”, ha subrayado Dancausa.
“Tenemos la obligación de protegerlas”. Así de contundente se ha mostrado Rocío Monasterio al hablar, en el Pleno de este jueves, de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que fueron víctimas de la red de explotación sexual y prostitución destapada con la ‘operación Sana’.
La portavoz del GPVOX, que recordó el “cinismo” de la izquierda al “escandalizarse” por el caso de Madrid mientras se negaron a abrir comisiones de investigación en Valencia o Baleares, instó de nuevo al Gobierno y al PP a ser ellos mismos quienes propongan dicha comisión para conocer las causas de lo ocurrido y evitar que vuelva a pasar un caso similar.
“La respuesta no puede ser que ‘son niñas problemáticas’, sino qué estamos haciendo mal para proteger a esas niñas”, manifestó. “El 15 de julio preguntamos si conocían casos de explotación en los centros de menores de la Comunidad de Madrid y nos contestaron categóricamente que no”, recordó Monasterio a la presidenta Díaz Ayuso.
“No fueron prudentes y tuvieron que rectificar. Me alegro de que hoy vengan a dar explicaciones, pero me preocupa. No sé si lo sabían y lo negaron o si no se enteran de lo que pasa en sus centros y eso también es preocupante”, denunció la también presidente de VOX Madrid.
“Tienen que saber al detalle lo que ocurre en los centros de menores porque esas niñas han salido de los entornos problemáticas de sus familias y su familia, su padre y su madre, son ahora la Comunidad de Madrid”, defendió la portavoz de VOX en la Asamblea. “Están en un centro de menores para que las protejamos y para que les garanticemos que pueden salir adelante”, prosiguió.
Respecto a la auditoría anunciada por el Ejecutivo autonómico en los centros de menores de Madrid, Monasterio rememoró que, precisamente, dicha auditoría forma parte del acuerdo alcanzado entre VOX y el Gobierno para los Presupuestos de 2022. “Nos alegra que hayan adelantado nuestro acuerdo. Eso demuestra que todo de lo que hablábamos en VOX en la campaña electoral es cierto. Hay que revisar los 4.700 euros al mes que cuesta cada plaza porque no sirven para nada si esas niñas fuera de los centros tienen adicción al crack y son víctimas de explotación sexual. Me alegra que se sumen a nuestras posiciones porque nuestro deber es protegerlas”, concluyó.
Dancausa se adelantaba a la petición de reprobación que ya había registrado más Madrid y que muy probablemente se votará en próximos días. La comparecencia de Dancausa era la protagonista de la primera parte del Pleno pero la segunda, y los titulares, se los llevaba la Ley de Libertad Educativa con la que Ayuso pretende oponerse a la entrada en vigor de la LOMLOE y que salía adelante con los votos de PP y VOX.
La Comunidad de Madrid refuerza y aumenta la calidad de su sistema educativo con la aprobación, hoy en la Asamblea regional, de la nueva Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. La normativa entrará en vigor en los próximos días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid –BOCM- y estará operativa para este curso escolar 2021/22.
El texto validado en votación por la Cámara legislativa autonómica garantiza los pilares básicos del sistema educativo madrileño frente a la amenaza que supone la implantación de la estatal LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). Con su aprobación, el Ejecutivo regional logra la seguridad y estabilidad necesarias para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad, equidad o el mérito y el esfuerzo académico.
Se trata de la primera ley aprobada por el Gobierno autonómico en 2022 y la segunda educativa en la Comunidad de Madrid tras la Ley de Autoridad del Profesorado de 2020. La Ley Maestra “es la manera de proteger los principios que han hecho que el sistema educativo madrileño sea un éxito”, ha destacado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio.
En la Comunidad de Madrid el 56% de las familias elige para sus hijos centros educativos públicos (674.000 alumnos); el 29% opta por concertados (364.000), y el 15% restante escoge privados (195.000), “lo que refleja la riqueza y diversidad de nuestro sistema, basado en una libertad que el Gobierno de España ha pretendido cercenar”, ha remarcado el consejero en la Asamblea de Madrid.
Uno de los objetivos más importantes de la nueva Ley es la inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el sistema para estudiantes con necesidades educativas especiales. La escolarización de este alumnado se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno, ya sea en centros ordinarios, aulas específicas de educación especial en ordinarios, centros de Educación Especial, en los que este curso hay cerca de 6.000 estudiantes, o educación combinada.
Asimismo, el texto normativo incluye que la Administración dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, además de promover la implicación de las familias para fomentar la comunicación con ellas y su participación.
Otro de los pilares del sistema madrileño es la libertad de elección de centro, frente a la Ley estatal que antepone la proximidad al domicilio de los padres como criterio principal admisión. Para el próximo curso 2022/23, la Comunidad de Madrid ya ha adaptado al nuevo sistema de puntuación de los diferentes criterios indicado en la LOMLOE, pero ha mantenido en vigor la zona única en cada municipio. Para ello, el Gobierno regional, dentro de sus competencias, ha primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o el agrupamiento familiar.
Esta normativa asegura la libertad de elección de centro docente con independencia del barrio de residencia, y apostando por la zona única, una de las señas de identidad de la Educación madrileña puesta en marcha en 2013/14. Este curso el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años.
La Ley Maestra de la Comunidad de Madrid garantiza las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos, privados y concertados e incluyendo la demanda social, un concepto que queda excluido en la LOMLOE poniendo peligro la libertad de elección de las familias madrileñas.
En 2020, la Comunidad de Madrid ya aprobó ampliar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos para aportar mayor seguridad y tranquilidad a las familias que optan por ella. La nueva normativa madrileña permite convocar concursos públicos para la construcción y gestión de colegios concertados sobre suelo público dotacional. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico colaborará con los ayuntamientos para garantizar la libertad de elección de la educación ya sea en centros públicos, privados o concertados.
“Frente a la premisa de la LOMLOE de promover la titulación y la promoción con suspensos, la Ley Maestra apuesta por el esfuerzo para lo que promueve la realización de pruebas externas que fomenten la calidad”, ha concluido Ossorio, quien ha señalado que la normativa madrileña garantiza el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España ahondando en la aplicación de actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Lorena Heras, ha defendido este jueves durante el debate de aprobación del dictamen de la Ley Maestra de Educación de la Comunidad de Madrid y ha celebrado frente a todos los parlamentarios que “la educación en Madrid hoy reconquista su libertad” a través del blindaje de “la libertad y la calidad de la educación con esta normativa”.
Como ha señalado desde la Tribuna, la denominada Ley Celaá «ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de elegir centro educativo y tipo de educación» a través de «reglas que pretenden hacer prevalecer la voluntad de las administraciones públicas sobre la de las familias». Heras ha criticado asimismo que la Ley Celaá se basa en «criterios de admisión que quieren acabar con los distritos únicos educativos», así como contempla «órganos pseudo-políticos que participen en los procesos de admisión».
La normativa estatal, ha dicho, incluye «preceptos que desean convertir en subsidiaria la Educación Concertada», al tiempo que “elimina el carácter de nuestra lengua como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular». Por otro lado, la popular ha afeado que «la LOMLOE elude la regulación de un proceso de selección claro y objetivo de los garantes de la educación, de los inspectores de educación» al permitir su selección “a dedo, con criterios no objetivos, sino políticos».
Del mismo modo, la Ley Celaá “plantea el progresivo vaciamiento de los Centros de Educación Especial” a través de lo dispuesto en su disposición adicional cuarta y los artículos 73 y 74 y merma “la libertad de elección de las familias que consideran que el centro más inclusivo para sus hijos es, precisamente, uno de Educación Especial».
Sin embargo, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y «frente al ataque a la libertad y la calidad del sistema educativo de la Ley Celaá», en el marco de sus competencias legislativas, una Ley Autonómica que refuerza «la libertad de elección de las familias defendiendo el distrito único y la calidad educativa a través evaluaciones externas dirigidas a mejorar la calidad, la equidad, y la excelencia de la educación».
Del mismo modo, la Ley Maestra de Educación aboga por «regular de forma completa la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales bajo los principios de normalización, inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo». En lo relativo a la lengua española como vehicular, la norma impulsada por el Ejecutivo regional promueve “este derecho mediante instrumentos de colaboración y coordinación con otras Comunidades Autónomas, e instituciones públicas y privadas”.
La diputada popular ha querido, desde la Tribuna, agradecer públicamente a las diferentes entidades y asociaciones con las que el GPP ha mantenido reuniones y cuyas aportaciones se reflejan en la normativa, entre ellas “CERMI, FIAPAS, representantes de docentes (pública y privada), representantes de familias y patronales de educación concertada”. En especial, y como el propio representante del Grupo Parlamentario Vox ha hecho previamente hacia la diputada, Heras ha tenido palabras de agradecimiento para su formación por “su apoyo” a través de enmiendas y por haber estado dispuestos a “priorizar lo mucho que nos une”.
“Desde el GPP estamos satisfechos con el resultado final y con el camino hasta llegar hoy a este pleno en que votaremos el texto definitivo de este Ley”, ha señalado la diputada del GPP antes de asegurar que el texto “reconoce el compromiso de la Comunidad de Madrid con un sistema progresivo de acceso gratuito a la educación en las etapas no obligatorias”.
El cierre final de la “Ley Ayuso de privatización educativa” no es más que otra vuelta de tuerca al camino marcado por las políticas neoliberales y mercantilización de la educación por parte del actual Gobierno regional. La mal llamada ley surgió como pura campaña de marketing, con un contenido totalmente insuficiente, sin participación, ni debate ni consenso de ningún tipo de la comunidad educativa.
En el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid se presentó un dictamen alternativo a la misma ya que fue la única posibilidad para poder trabajar el texto. El dictamen alternativo se sometió a votación obteniendo una respuesta positiva significativa con el apoyo mayoritario de la comunidad educativa. El escueto contenido de la Ley Ayuso de privatización educativa gira en torno a tres temas: la libertad de elección de centro, la educación especial y la educación privada concertada. No se toca nada más, ni la educación infantil, la educación de adultos, la inclusión…
La defensa del sector privado por parte de los servidores públicos es incoherente, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se deben garantizar a través de los servicios públicos, lo contrario sería vulnerarlos. Hace pocos días se hizo pública la noticia de la creación de una nueva Universidad privada centrada en el Diseño, la Innovación y la Tecnología, otro apunte más hacia donde se quieren dirigir las líneas de este Gobierno regional, levantar muros y cerrar oportunidades a la ciudadanía relegando el acceso a la educación como un privilegio para unos pocos, los que se lo puedan pagar.
La atención socio emocional del alumnado requiere de una inmediata respuesta por parte de la Administración que se está comprobando que no llega en tiempo. El sistema de salud público está saturado ya actualmente hay lista de espera de varios meses para poder acudir a una primera cita. La Escuela Pública es uno de los grandes logros del llamado Estado de Bienestar. Ha hecho posible que la educación dejará de ser privilegio de unos cuantos, haciéndola extensiva a todos los sectores sociales. Es plural, no está sometida a ningún ideario político o confesional.
Mantiene una verdadera vocación de servicio público y como tal está abierta a todas las necesidades sociales. Admite a todo tipo de alumnado sin distinción de origen social, étnico, religioso, de género, cultural…, constituyéndose así en un espacio privilegiado de socialización donde se encuentra el alumnado procedente de los más diversos sectores sociales, teniendo la oportunidad de aprender a convivir en la diferencia y respetarla. No obedece a intereses económicos o de mercado.
Su interés prioritario es la formación integral de la persona y la convivencia en libertad y democracia. En los centros públicos se desarrollan los cauces de participación democrática, previstos por la legislación vigente, que permiten recoger la opinión de todos los sectores de la comunidad educativa para que contribuyan de manera responsable y solidaria a la gestión de los procesos educativos. A todo lo anterior se añade que el inicio del segundo trimestre ha arrancado con diferentes dificultades, entre las que destaca la complejidad a la hora de realizar las sustituciones de las bajas docentes con la celeridad y agilidad necesaria.
Sobre todo, hay muchos problemas en las sustituciones de las especialidades, quedando el alumnado afectado sin las clases correspondientes. En el protocolo de actuación COVID para centros educativos hay incoherencias, contradicciones y no contempla opciones que serían necesarias, como la realización de test a los contactos estrechos de un positivo. Por todo ello, desde la Plataforma Regional se seguirá trabajando en defensa de la Escuela Pública reservándose el derecho a realizar cuantas acciones se consideren necesarias.
La Comunidad de Madrid ha ejecutado el 84,2% de las ayudas de la Línea estatal COVID-19 destinada a empresas y autónomos afectados por las consecuencias de la pandemia. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty ha comparecido en la Asamblea regional para hacer un balance de la gestión de estos fondos, y ha detallado que se han distribuido 572 millones de euros entre 31.358 beneficiarios. De esta forma, y desde que se abriera el plazo para presentar las solicitudes el pasado 1 de mayo, han sido registradas un total de 44.404 peticiones, de las que resultaron atendidas el 70,6%.
De las restantes, 9.960 fueron desestimadas y el resto (3.086) se desistió de continuar con la tramitación durante el proceso. Además, del total de expedientes tramitados, tan sólo 667 demandantes (de los más de 44.400) han presentado recurso de reposición al no estar conformes con la resolución. Fernández-Lasquetty ha recordado durante su intervención que la Comunidad de Madrid “ha sido la primera región en publicar esta convocatoria de ayudas y en comenzar a hacerlas llegar a empresas y autónomos”.
De los más de 30.000 beneficiarios, 20.903 han sido autónomos y 10.455 empresas. En el caso de los primeros, el importe global entregado ha ascendido a 87,2 millones de euros, con una media de 4.170. Por su parte, las empresas han recibido 484,7 millones, con una media de 46.364 euros. Los tres sectores que han percibido una mayor cuantía económica han sido la hostelería (34%), el comercio (27%) y servicios auxiliares (18%). La actividad que ha logrado un mayor volumen de adjudicatarios ha sido el taxi, con 10.314 expedientes y un importe de 40 millones de euros, el 7% del total. Gestión ágil y eficaz de la gestión de los fondos
Tras exponer los datos, Fernández-Lasquetty ha calificado la gestión del Ejecutivo regional en esta materia de “ágil y eficaz”. En su opinión, los requisitos fijados en el Real Decreto del Gobierno central “resultaban restrictivos, complejos y rígidos. Además, excluía a la mitad de la actividad económica e imponía un sistema de tramitación excesivamente farragoso”.
Para paliar estas carencias y agilizar la llegada de las ayudas, Madrid fue la primera comunidad autónoma en adaptarse a los sucesivos cambios, abrió tres convocatorias adicionales, aumentó el crédito con recursos propios y amplió los sectores que podrían beneficiarse, además de poner en marcha un procedimiento telemático a la hora de agilizar la tramitación. Estas actuaciones permitieron que la Comunidad fuese “la primera región en ejecutar pagos en el mismo mes de mayo en el que se había hecho la convocatoria, cuando el resto de regiones ni siquiera había publicado las ayudas, ya que la mayoría lo hicieron en junio y julio”, ha destacado el consejero.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Paloma Tejero, ha exigido a Pedro Sánchez este jueves durante la primera sesión plenaria celebrada en la Asamblea de Madrid en este periodo de sesiones “responsabilidades y la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo”, quien como ha dicho Tejero “no puede permanecer ni un minuto más en el Ministerio” si lo dicho sobre la industria cárnica es falso. Sin embargo, como ha añadido la diputada popular a reglón seguido, “si lo que ha dicho el ministro Garzón no fuera falso, el que debe dimitir es el ministro de Agricultura por consentir que se incumplan las normas nacionales y europeas de bienestar animal y seguridad alimentaria en España”.
Tejero ha señalado durante su defensa de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el GPP para poner en el sector agroalimentario español y madrileño que no “queden impunes unas declaraciones insidiosas y lamentables como las pronunciadas por el todavía ministro de consumo Garzón”. “Si como estamos viendo el copresidente Sánchez es incapaz de hacer nada porque ya no tiene autoridad en su propio Gobierno, lo que tienen que hacer es irse los tres y convocar elecciones de una vez”, ha explicado la popular, al tiempo que ha añadido que “tanto la acción como la omisión están causando el mismo e irreparable daño a nuestra industria cárnica”. Así, ha asegurado que es “inadmisible que un ministro de España cuestione en medios extranjeros la calidad y buenas prácticas de nuestro sector ganadero dañando una reputación que ha costado muchos años y esfuerzo conseguir”.
Para Tejero es “infantil y absolutamente irresponsable difundir bulos y sembrar dudas sobre un sector con los estándares de calidad y buenas prácticas de los más altos del mundo” y poner en riesgo “no solo su reputación, sino más de 2 millones de puestos de trabajo de un sector que es fundamental para la economía rural y estratégico para luchar contra la despoblación”. “Si hablamos de la ineptitud del ministro de Consumo, no podemos dejar de mencionar el maltrato que está propinando el Gobierno de la nación al sector agrícola y ganadero”, ha continuado la diputada popular, quien ha recordado que “Pedro Sánchez lleva tres años demonizando y ninguneando al sector primario con recortes en la PAC” o la aprobación de una reforma laboral que “prohíbe los contratos a temporeros”, así como “la escasez de fondos europeos para ayudar a sobrevivir a un sector que no ha dejado de trabajar ni un solo día durante la pandemia para que no faltara comida en nuestras mesas”.
Por todo ello, el GPP exige al Gobierno de España “el reconocimiento del gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos que han hecho que el sector se haya adaptado a las nuevas exigencias y la correcta trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena de distribución, garantizando siempre el bienestar animal y por lo tanto la calidad de todos nuestros productos”, y para ello proponen una “campaña nacional de apoyo al sector ganadero en vez de un triste stand de 100 metros en IFEMA, como ha anunciado el ministro Planas, en la próxima Meat Attraction”.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha señalado que “la contumaz intención del Gobierno socialista de la nación de acabar con la actual capacidad normativa que tiene la Comunidad de Madrid” tiene el objetivo de “ocultar las obsesiones” del Ejecutivo de Sánchez contra Madrid y contra la pluralidad. “Un total de 27 años sin gobernar esta región produce mucha frustración y resentimiento en algunos y esto les lleva a querer pasar factura a los madrileños aunque sea a costa del bienestar y el progreso de todos los españoles”, ha señalado Abrines antes de añadir que los socialistas están “en contra de la posibilidad de que los ciudadanos puedan comparar y elegir distintas opciones políticas y distintos modelos económicos”.
Ha sido tras preguntar al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández – Lasquetty, sobre por qué considera necesario el Gobierno regional blindar la autonomía económica y fiscal de la Comunidad de Madrid, reconocida en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, cuando el popular ha asegurado que “la contumaz intención del Gobierno socialista de la nación de acabar con la actual capacidad normativa que tiene la Comunidad de Madrid en materia tributaria se basa en cinco mentiras”.
En primer lugar, ha expuesto, el Gobierno central miente en la “supuesta intención de armonización”, pues como ha indicado Abrines “no es verdad que se vayan a homogeneizar tributos, sino todo lo contrario: nos alejaremos más de Europa”, además de que “se incrementarán las diferencias normativas entre comunidades autónomas de régimen común y las forales”. Por otra parte, el popular ha señalado que “la existencia del dumping fiscal es mentira”, ya que “es falso que exista un punto objetivo determinado a partir del cual no se pueda bajar un impuesto, pues eso significaría aceptar que los contribuyentes no son los legítimos propietarios del 100 por ciento de su patrimonio y de sus rentas”.
Asimismo, Muñoz Abrines ha explicado que la “no puede haber competencia desleal cuando todas las comunidades autónomas tienen las mismas reglas de juego”, así como ha advertido de que es mentira que “la política tributaria de Madrid perjudica al resto de regiones”. A este respecto, el diputado popular ha señalado que “los datos muestran que la política de Madrid genera más recaudación y esa mayor recaudación supone que aportemos más del 70 por ciento de los fondos a la solidaridad entre regiones”.
La última mentira, ha dicho, responde a la idea de que “la capacidad normativa sobre dos impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, que representan tan solo el 1 por ciento de la recaudación tributaria del Estado, pueda generar desigualdades o suprimirlas”. En este punto, Abrines ha preguntado al portavoz socialista, Juan Lobato, por qué “no retocan las competencias tributarias del País Vasco y Navarra, que sí representan una verdadera diferencia de tratamiento entre españoles”
La diputada regional del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y secretaria general de los populares madrileños, Ana Camíns, ha criticado el absoluto “silencio” de toda la izquierda ante el Plan del Gobierno madrileño para fomentar la natalidad. Así lo ha hecho tras dirigirse al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, para interesarse por los objetivos de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 de la Comunidad de Madrid.
En su opinión, las propuestas sobre la natalidad que ha llevado la izquierda en la Asamblea siempre se han dirigido en el “sentido contrario” a crear vida o a facilitar los recursos necesarios para alcanzar la maternidad. Y, sin embargo, las propuestas de los gobiernos del PP han sido instaurar medidas que “siempre han sido criticadas por la izquierda”. Por ello, Camíns no entiende el “silencio” con el que la izquierda ha acogido un Plan que “va a la raíz del problema, como es dificultad que tienen las mujeres de la Comunidad para poder acceder a una familia”.
A continuación ha enumerado algunas de las medidas de este Plan, como las ayudas directas de 1.400 euros o las deducciones fiscales, entre otras. “Me alegro de la valentía que ha tenido este Gobierno y espero que sea un plan inspirador, no solo para el Gobierno de España, sino para otras comunidades. Un Plan donde todos los consejeros de la Comunidad de Madrid han aportado para llegar a estas 80 medidas”, ha concluido Ana Camíns.
La portavoz adjunta del GPP, Noelia Núñez, ha asegurado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid que “el empleo lo generan las empresas y autónomos que arriesgan cada día su patrimonio y su futuro para sacar adelante su proyecto, no se genera a golpe de BOE, o a base de engrosar el número de asesores o enchufados afines, ni manteniendo alcaldesas condenadas en el cargo como la de Alcorcón”. En este sentido, la popular ha señalado que “el socialismo y el comunismo destruyen todo lo que tocan y están empeñados en acabar con las clases medias, empobreciendo cada vez más a la sociedad”.
Así lo ha asegurado tras preguntar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por cómo valora los datos de empleo en la Comunidad de Madrid. En este sentido, Núñez ha lamentado que los datos de empleo de España no sean buenos, “por mucho que el Gobierno de España active la maquinaria de maquillaje y propaganda”. La popular ha recordado como todavía no se han recuperado los empleos perdidos en el sector privado durante la pandemia, que España vuelve a liderar el paro en la UE y que la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 30 %, duplicando la media europea.
“ Datos que deberían sonrojar a cualquiera y de los que el Gobierno de Sánchez se enorgullece”, ha asegurado. La portavoz ha asegurado que España tiene “el peor Gobierno en el peor momento de nuestra democracia” y que esté dispuesto a todo como “a pactar con Bildu, indultar a golpistas, atacar a su capital e incluso a derogar la reforma laboral que ha permitido crear tres millones de empleos”. En un momento difícil para la economía Española, el Gobierno “está creando más dificultades, menos flexibilidad laboral, menos seguridad para las empresas y mucha más rigidez”, ha afirmado. Asimismo, Núñez ha recordado algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno en estos últimos meses, “desde la subida de las cuotas de autónomos y de impuestos, los precios de la luz y el gas disparados, el ipc por las nubes, la ocurrencia de los peajes o los ataques del Gobierno a sectores estratégicos”.
En este sentido, ha invitado a Sánchez a seguir los pasos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y “crear, con libertad, las mejores condiciones y el clima adecuado para invertir, con menos impuestos y trabas burocráticas, haciendo compatible salud y economía y con más oportunidades para que cualquier idea se ponga en marcha”. La popular ha recordado algunos datos sobre empleo de los últimos meses, en los que tres de cada cuatro empleos se han creado en Madrid, ocho de cada diez son indefinidos y por primera vez baja el paro un mes de enero en la región.
“Porque las medidas aplicadas por su gobierno funcionan, por mucho que le moleste a la izquierda en esta Cámara”, ha afirmado. Para finalizar, Núñez se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid, y ha criticado que lo primero que hagan sea criticar, como con el Plan de Natalidad, “que está concebido y nacido, está en marcha y pronto crecerá y toda la izquierda lo copiará porque no les quedará más remedio que reconocer que funciona”. |
