El PP vota en contra de eliminar las subvenciones a sindicatos

La Comunidad de Madrid refuerza la protección, conservación y difusión de sus bienes con la aprobación en la Asamblea regional de la nueva Ley de Patrimonio Cultural. El texto, que actualiza la legislación vigente desde hace 10 años, entrará en vigor el día después de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas.

Entre las novedades que plantea la nueva normativa, la novena que se ha convalidado este año, se encuentra la creación del nuevo Patrimonio etnográfico, que preservará aquellos bienes testimonio y expresión de la identidad, cultura y formas de vida tradicionales, como la arquitectura religiosa, cruces, núcleos históricos antiguos o relojes de sol anteriores al siglo XX, entre otros.

La nueva regulación, más moderna y eficaz, integra también la investigación y educación, para garantizar la transmisión adecuada de este legado a las futuras generaciones, al tiempo que fomenta su disfrute y conocimiento por parte de las actuales. Con todo ello, configura un nuevo régimen legal, que ha contado con numerosas aportaciones del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y las asociaciones más representativas en este ámbito.

Por un lado, esta norma fija los principios de actuación para las administraciones públicas (vertebración del territorio, respeto a la pluralidad del patrimonio, accesibilidad o transversalidad) y se delimitan las competencias de la comunidad autónoma, los municipios y los órganos consultivos, con el objeto de clarificar y ordenar su actuación en la materia.

Además, la nueva legislación fomenta la participación ciudadana y el protagonismo de las llamadas comunidades patrimoniales. A este fin, se reconoce el papel de la sociedad civil en materia de su conservación y puesta en valor, regulando el acceso público a los registros de bienes culturales protegidos, entre otras acciones.

Este proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo autonómico en octubre del año pasado, establece ahora tres niveles de protección, añadiendo un tercero, junto a los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los de Interés Patrimonial (BIP), el de los Catalogados, que cuentan con valores históricos y culturales, integrando el patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Se introducen también nuevas categorías de bienes inmuebles, como la de sitio científico o itinerario cultural, y se crea el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que pasa a incluir todo tipo de bienes protegidos, y no sólo los inmuebles como sucede en el actual Catálogo Geográfico Regional. Asimismo, determina el papel de la Administración autonómica y los ayuntamientos como garantes de su custodia, ampliando y graduando las conductas sancionables.

En materia de investigación, la Comunidad de Madrid aumenta la colaboración de las universidades, administraciones locales y otras entidades, y prevé también la protección frente a situaciones de emergencia o el fomento de la metodología de la conservación preventiva.

Finalmente, la ley aprobada hoy en el Parlamento autonómico destaca el refuerzo de la profesionalidad en las actuaciones que afectan a los bienes protegidos, estableciendo que las intervenciones en BIC y BIP requerirán de un proyecto técnico suscrito por un profesional competente; prevé que las intervenciones en bienes muebles catalogados sean realizadas por expertos cualificados en conservación y restauración, y recoge que la dirección de las actividades arqueológicas y paleontológicas recaiga en una persona cualificada.

La Comunidad de Madrid adapta al entorno digital su nueva Ley del Libro para potenciar al sector y los hábitos de lectura. La Asamblea regional ha aprobado esta normativa que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas.

La Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico del Gobierno autonómico refuerza la creación, edición, distribución y comercialización del libro, y nace con el compromiso de actualizar el concepto de fomento de la lectura y el papel de la administración regional como impulsora de los hábitos lectores en todo tipo de soportes.

La norma -la octava que aprueba la Asamblea legislativa desde el inicio de 2023- protege e impulsa al sector, entendido como bien cultural y ámbito económico básico, una actividad que en la Comunidad de Madrid representa casi la mitad del mercado editorial de España.

Desde la promulgación de la Ley de Bibliotecas de 1989 y la de Fomento del Libro y la Lectura de 1999, la región se ha consolidado como líder indiscutible en España en el índice de población lectora, tras volver a crecer en 2022 y alcanzar un 97,6%. En lo referente a su fomento, se establece con su entrada en vigor un marco institucional que regula las redes de lectura pública.

Además, la nueva Ley autonómica recoge el valor insustituible de la lectura como elemento básico de desarrollo de la personalidad e instrumento de socialización. En concreto, apuesta por los planes de fomento de la lectura, para los que fija una duración de, al menos, cuatro años, junto a campañas de sensibilización y difusión a través de los medios de comunicación social y otras acciones de promoción.

En cuanto a la cadena de valor del libro, la norma prevé acciones para garantizar la modernización, pluralidad y diversidad cultural, así como potenciar la proyección internacional del sector.

Respecto a las librerías, se impulsan medidas para su reactivación y conversión en espacios culturales y sociales, potenciando el comercio. Entre otras actuaciones, la Comunidad de Madrid fomentará la creación de distintivos de calidad en las librerías.

Por otra parte, la Ley aprobada por la Asamblea regula el sistema de lectura pública de la Comunidad de Madrid, donde se integran los centros bibliotecarios -red de bibliotecas, centros de lectura, servicios de extensión bibliotecaria, etc.-; y el nuevo Consejo Madrileño de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que sustituye al Consejo de Bibliotecas como órgano consultivo sobre las políticas relativas a estos ámbitos.

Además, contempla la elaboración del Mapa de la Red de Servicios Públicos de Lectura de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación bibliotecaria estratégica y operativa. Esta herramienta define el modelo de servicio público de lectura a desarrollar y los estándares a la hora de dimensionar los espacios, equipamientos, colecciones, servicios básicos y recursos humanos.

La Ley recoge también las ayudas a los ayuntamientos para la adquisición de fondos bibliográficos con destino a los centros bibliotecarios públicos municipales.

En materia de patrimonio bibliográfico, destaca la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo inventariar y describir los fondos depositados en las bibliotecas de la región, ya sean de titularidad pública o privada. Entre estos documentos se incluyen monografías, prensa y revistas, manuscritos y grupos bibliográfico-documentales, partituras y mapas impresos y manuscritos, material gráfico, grabaciones sonoras, o cualquier otro que pudiera considerarse oportuno.

Por último, pretende favorecer la protección, conservación, investigación, enriquecimiento, difusión y disfrute del patrimonio bibliográfico ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid. Así, se buscar preservar y difundirlo desde una perspectiva actual, estableciendo su referente en la Biblioteca Regional de Madrid como coordinadora y supervisora de todas las acciones para su protección.

La Comunidad de Madrid incorpora la regulación del formato electrónico a la nueva Ley de Archivos y Documentos que se ha aprobado en el Parlamento autonómico, garantizando el acceso de los ciudadanos a estos fondos, y convirtiéndolos a su vez en herramienta básica para la transparencia administrativa.

La norma, séptima que ha sido convalidada por la Asamblea madrileña en lo que va de año, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), prevista para las próximas semanas. Favorecerá la modernización de los archivos y la protección con mayores garantías del patrimonio documental, para asegurar, entre otros aspectos, su método de conservación, guarda y custodia, adaptándolo al contexto de la administración digital.

Esta avanzada legislación, que ha contado con un amplio consenso de la comunidad archivística, coloca a la región madrileña a la cabeza de España en materia de conservación de documentos públicos, necesarios para una buena gestión, garantizando con ello el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los ciudadanos. Su protección, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, queda asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo.

Se ofrecen asimismo todas las ventajas de la vinculación al sistema, como los recursos compartidos, normativa técnica homologada, asesoramiento técnico permanente, entre otras, incluidas las ayudas públicas que la Comunidad de Madrid pueda ofrecer para su desarrollo y difusión. En este último caso, aquellas colecciones privadas que gocen de subvenciones deberán salvaguardar la accesibilidad del público a estos fondos, salvo las excepciones amparadas por la legislación.

El nuevo texto, que sustituye al anterior con más de 20 años de vigencia, mejora también la protección del patrimonio documental, tanto de organismos públicos como privados, a partir de una clara definición del concepto y de los instrumentos a utilizar, especialmente con la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño.

Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid refuerza la actividad inspectora, otorgando la condición de agente de la autoridad al personal técnico archivero que la ejerza, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones administrativas al respecto.

El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid ha llevado al Pleno de este jueves una iniciativa para retirar las subvenciones a sindicatos -que cuestan a los madrileños 22 millones de euros al año- y destinar esos recursos a crear becas comedor para facilitar la conciliación a aquellos padres que no puedan asumir el alto coste del comedor de los colegios de sus hijos.

Por su parte, Rocío Monasterio recordó que en España la única brecha que existe entre hombres y mujeres es la brecha maternal, y defendió, tras la Junta de Portavoces del pasado martes, que esta propuesta “sí que es favorecer a las mujeres y permitir que puedan llevar un sueldo a casa”. Ella, como madre de cuatro hijos, explicó cómo muchos colegios de la Comunidad de Madrid mandan a los niños a casa a la una de la tarde. “¿Cómo trabajamos las mujeres si a las 13:00 me mandan a los niños a casa?”, se preguntó la candidata de VOX a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Por eso, VOX ha querido favorecer a los madrileños y mirar por el bienestar de las familias con esta iniciativa, que retiraría las subvenciones públicas a los “sindicatos de las mariscadas” y las destinaría a aquellos padres que no pueden dedicar una media de 115 euros al mes en el comedor del colegio. No obstante, el Partido Popular se ha unido a la izquierda en la Asamblea de Madrid para votar en contra de esta propuesta. “Tienen que elegir si prefieren funcionarios sindicales o comedores escolares”, ha concluido la diputada de VOX Alicia Rubio.

Rocío Monasterio ha vuelto a dar la cara por los comerciantes españoles. En este caso, ha defendido a los autónomos, a las PYMEs y a los pequeños comercios madrileños frente a la propuesta del Partido Popular de dar incentivos fiscales a los inversores extranjeros frente a los trabajadores madrileños.

Por eso, Monasterio mostró su mano tendida a Ayuso para tres cuestiones fundamentales para la supervivencia del comercio local: eliminar la Ley Trans de la Comunidad de Madrid, que se mete hasta el último rincón de las empresas, creando burocracia y obligándoles a beneficiar a personas trans en la contratación; favorecer la igualdad de oportunidades y no discriminar al empresario de aquí. (Si un extranjero compra un inmueble para montar un kebab de 300.000 euros, se le devuelven 60.000, mientras que a los comerciantes madrileños solo 7.000); y eliminar la Ley de Paridad «que no es del PSOE sino del PP».

“Las PYMEs, los comercios y los autónomos cada día están peor. Suben los precios de las materias primas, de las cotizaciones sociales, la factura eléctrica… Muchos no aguantan más”. Así ha denunciado Monasterio la situación de precariedad que viven los trabajadores en España y ha lamentado que no se cuide al sector. “El comercio es fundamental para establecen lazos, para reconocer nuestros barrios y darles seguridad, y tenemos que cuidarlos”, ha zanjado Monasterio.