El juzgado investiga a una educadora infantil

Una investigación judicial en el colegio concertado Alborada de Alcalá de Henares indaga en presuntos malos tratos a bebés de entre 0 y 1 año por parte de una educadora infantil, a partir de grabaciones en vídeo y audio que documentan el trato dispensado a los menores en el aula. Según informes de la Cadena SER y El País, la denuncia se basa en episodios de violencia física y verbal ocurridos durante el curso anterior y no solo involucra a la docente, sino también a dos coordinadoras del centro acusadas de no haber reaccionado adecuadamente ante las señales de maltrato.

Entre los comportamientos investigados figuran golpes en la cabeza y la boca, zarandeos bruscos, mofas y humillaciones y alimentación forzada, con episodios en los que la docente supuestamente llenaba en exceso la boca de los niños y les tapaba la nariz para obligarles a tragar. Las grabaciones, realizadas por otras profesoras del centro, se han incorporado al sumario, y la educadora implicada ha rechazado las acusaciones.

La dirección del colegio, encabezada por David Arranz, ha emitido un comunicado a las familias en el que desmiente que la institución tuviera conocimiento de conductas inapropiadas antes de abril, cuando se recibió el primer aviso sobre un grito dirigido a un alumno, y detalla la cronología: el 6 de julio recibió el vídeo grabado por otras trabajadoras, lo que llevó a abrir un expediente disciplinario y a separar de inmediato a la educadora del alumnado, y el 13 de julio concluyó la investigación interna con su despido disciplinario. El colegio aclara que la docente trabajaba principalmente con el grupo de lactantes y que su participación en otras aulas era ocasional, y subraya que la única persona investigada por malos tratos es la educadora despedida, mientras que las coordinadoras solo están involucradas por su rol formal en la institución, sin que se les impute ninguna conducta violenta ni maltrato directo.

Por respeto a la presunción de inocencia y a la intimidad de los menores, el colegio ha decidido no hacer comentarios sobre el fondo de las acusaciones, aunque ha implementado un protocolo de revisión organizativa y supervisión en todas las aulas y canales de comunicación interna para que los empleados puedan reportar cualquier anomalía con agilidad, además de mantener un contacto personalizado con las familias del aula afectada y canales institucionales para atender sus dudas. La situación ha generado una respuesta rápida y estructurada por parte de la dirección, que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los menores y la transparencia del proceso judicial mientras la comunidad educativa permanece alerta y en comunicación constante.