Atiende a 28 personas con discapacidad intelectual

La Comunidad de Madrid ha aprobado un gasto de 1.874.099,43 euros para garantizar la atención en dos centros de día de personas con discapacidad física, para el cuidado de personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia con grandes necesidades de apoyo.

El primer contrato autorizado por el Consejo de Gobierno está destinado al centro de día Gregorio Sánchez, del municipio de Villaconejos, por un importe de 980.564,83 euros correspondiente a los servicios que se desarrollen durante un periodo de tres años, desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023. Permitirá atender a 20 personas con discapacidad física en centro diurno y 7 personas con discapacidad física y necesidad de tratamientos especializados en régimen ambulatorio.

Los profesionales de este centro atienden a personas de ambos sexos, mayores de 18 años y menores de 65, con discapacidad física y con alto nivel de dependencia, con o sin déficit cognitivo. Para los tratamientos especializados en intervención ambulatoria, serán asistidas personas de ambos sexos, con el mismo tipo de discapacidad y rango de edad.

La segunda y última prórroga de este contrato finaliza el 30 de junio de 2020, por lo que se establece uno nuevo que garantice la continuidad de este servicio. Se tramita por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios que incluyen, entre, los de calidad, la existencia de programas de cuidados personales a los familiares encargados de la atención directa, la aplicación de sistema de evaluación de las necesidades de las personas atendidas y la organización de actividades de ocio y tiempo libre.

El segundo contrato aprobado también en el Consejo de Gobierno permitirá atender a 28 personas adultas entre los 18 y 65 años, con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos de conducta asociados, en el centro residencial de San Sebastián de los Reyes. Esta residencia está gestionada por la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad (APADIS).

El contrato, por un importe de 893.534,60 euros, es objeto de su 9ª prórroga y se extenderá desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021. Los servicios prestados lo han sido a plena satisfacción y con estricto cumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que se prorroga para mantener la calidad en la prestación del servicio público que han estado recibiendo las personas atendidas.

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género o de trata con fines de explotación sexual y sus hijos un total de 15 nuevas plazas residenciales de acogida y atención integral, para garantizar su protección durante la pandemia derivada del COVID-19. Con este fin, el Consejo de Gobierno ha recibido la dación de cuenta de la tramitación de emergencia que se realizó por un importe de 109.214,55 euros (IVA exento) y un plazo estimado de 4 meses mediante dos contratos realizados con la asociación Provivienda.

Las medidas excepcionales de restricción de la movilidad derivadas del Estado de alarma y la crisis sanitaria por el coronavirus han incrementado la necesidad de proteger especialmente a las mujeres y a sus hijos frente a la violencia de género, lo que se ha hecho con diversas medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección a las circunstancias excepcionales que se vivían en la región.

Durante los meses de pandemia, las mujeres víctimas de violencia de género se han visto obligadas a pasar más tiempo de convivencia en presencia de sus maltratadores, lo que ha producido un incremento de las denuncias y del número de mujeres que han buscado un alojamiento seguro en la región. También se ha detectado un aumento de las necesidades alimentarias y de alojamiento en condiciones de seguridad entre las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

La completa ocupación de las plazas en los Centros de Emergencia de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y de los centros destinados a la atención de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual han hecho necesario este aumento de nuevas plazas de emergencia. Se trata de garantizar la protección y ofrecer el apoyo, acogida y soporte necesario para la recuperación integral de estas mujeres.

La Comunidad de Madrid destinará 2,8 millones de euros para apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos de la región hasta el año 2022. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta línea de ayudas para facilitar y potenciar la incorporación de los más jóvenes al campo madrileño en consonancia con el Plan Terra regional que contempla como una de las líneas estratégicas fomentar el relevo generacional y la formación dentro del sector primario para aumentar su competitividad.

Estas ayudas las podrán solicitar los jóvenes agricultores y ganaderos que se instalen por primera vez en el campo madrileño y quieran poner en marcha nuevos proyecto. También buscan facilitar la incorporación de los que ya están activos en la región y quieran mejorar y modernizar sus instalaciones. En ese sentido, se podrá subvencionar la construcción y mejora de bienes e inmuebles, la compra de nueva maquinaria y nuevos equipos o la adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisición de licencias, derechos de autor o marcas registradas, entre otros.

Este apoyo económico, que está cofinanciado por la Administración General del Estado y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), también recoge entre sus prioridades mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias, aumentar la competitividad de todos los tipos de agricultura, promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.

Una de las finalidades de estas ayudas en línea con el Plan Terra es revitalizar la población activa en el mundo rural fomentando así el relevo generacional y, al mismo tiempo, potenciando una mayor competitividad y dinamización del sector. Por ello, la orden incluye como beneficiarios a todas aquellas personas jóvenes de entre 18 y 40 años que quieran iniciarse o trabajen en el campo.

En ese sentido, para atraer a más gente joven al campo, el Ejecutivo regional ha incrementado las primas de estas ayudas, con respecto a las convocatorias pasadas, de tal modo que los nuevos agricultores que se apunten pasarán de recibir 10.000 euros a 17.400. En el caso de ganaderos, la subida será de los 23.000 euros a los 40.000.

El Plan Terra también impulsará el asesoramiento integral al agricultor y al ganadero, especialmente sobre el traspaso de negocios, para ofrecer apoyo a los emprendedores agrarios durante todas las fases de desarrollo de su proyecto. Asimismo, se desarrollarán medidas para asesorar a los titulares de las explotaciones próximos a la jubilación, especialmente a aquellos que no tienen relevo familiar. En lo que se refiere a la formación, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un Erasmus Agrario que permitirá a los jóvenes conocer cómo se trabaja el campo en otros países.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid también ha aprobado 500.000 euros para que las entidades sin ánimo de lucro impulsen actividades y proyectos medioambientales. Así, se subvencionarán aquellas acciones dirigidas a la conservación de la flora y fauna y la mejora de los hábitats de interés comunitario de la Comunidad de Madrid, aquellas que promuevan un uso público del medio natural y garanticen a su vez su protección o preserven la biodiversidad en la Red Natura 2000, entre otras.

También se tendrán en cuenta aquellas que compatibilicen el correcto ejercicio de las actividades deportivas en el medio natural y promuevan los usos y actividades tradicionales en la conservación del medio natural. Se incluyen, además, los estudios y trabajos relacionados con la fauna, la flora y muy especialmente con especies incluidas con el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, y las especies incluidas en el Real Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras así como los estudios y trabajos relacionados con la mejora de la cartografía del hábitat de interés comunitario en la Comunidad de Madrid y la realización de actividades de formación y divulgación relacionadas con el medio natural. En la anterior convocatoria se desarrollaron 16 proyectos medioambientales de 15 entidades sin ánimo de lucro diferentes.

La Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 1.811.200,13 euros para la atención de personas mayores dependientes en los centros de día San Fermín y Puente de Vallecas, ambos adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social y que cuentan con un total de 64 plazas.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a este gasto para la asignación del contrato de servicios que se celebrará por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, para la atención de estas personas desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023, al estar vigente su tercera y última prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020.

En concreto se establecen dos lotes, el primero de 685.422,92 euros para el centro Puente de Vallecas y 1.125.777,21 euros para el centro San Fermín. Durante el plazo establecido de 36 meses, la empresa o empresas adjudicatarias deberán ofrecer a las personas mayores dependientes atendidas en estos centros de día los servicios de cuidado personal, atención geriátrica, transporte y manutención.

Se valorará para la asignación de estos servicios que las empresas incluyan el asesoramiento a los familiares, para realizar adaptaciones en el domicilio de los usuarios que puedan prevenir accidentes; que haya un correcto sistema de comunicación al familiar de referencia; y que se ofrezca información del menú diario y de las actividades que se realicen en el centro.

Asimismo, se tendrán en cuenta la organización de, al menos, una actividad sociocultural mensual fuera del centro y de una actividad sociodeportiva bimestral, así como la disponibilidad de un gabinete psicológico para la consulta y asesoría de las familias y usuarios del centro.

La Comunidad de Madrid destinará 1,7 millones de euros para la protección de los animales de compañía en la región. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos acuerdos para impulsar sendas líneas de subvención dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y entidades locales para el cuidado y la defensa de estos animales.

Así, en cumplimiento de la Ley 4/2016 sobre Protección de los Animales de Compañía en la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional destinará 882.500 euros tanto a las entidades sin ánimo de lucro como a las entidades locales para facilitarles los recursos necesarios que les permitan ampliar los niveles de protección y bienestar de los animales de compañía, así como fomentar la tenencia responsable de los mismos entre los madrileños.

Las ayudas irán dirigidas, por ejemplo, a fomentar la adopción y controlar la cría, así como la compra y venta responsable de los animales con el objetivo de evitar su abandono. En esa línea, tanto los ayuntamientos como las entidades sin ánimo de lucro también podrán subvencionar obras civiles de nuevas instalaciones, la ampliación o remodelación de los centros de acogida; y la adquisición de equipamiento relacionados con el cuidado de los animales o de los instrumentos necesarios para la lectura de los microchips.

Además, podrán adecuar espacios públicos urbanos especialmente habilitados para los perros, así como para la adopción de medidas de esterilización, en el caso que sea necesario y/o recomendable, como en el de las colonias felinas controladas. También se incluyen las vacunaciones de perros y gatos que vayan a ser dados en adopción, y la desparasitación de estos animales residentes en los centros, entre otros.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid mantiene convenios con 85 ayuntamientos para la recogida de animales extraviados o perdidos que son atendidos en el Centro Integral de Acogida de Animales de la región (CIAAM), un centro puntero a favor del bienestar animal, que dispone de un teléfono de atención las 24 horas. A estas ayudas también podrán acceder los 23 centros de acogida municipales presentes en la región.

La Comunidad de Madrid impulsará una Estrategia contra el Maltrato y el Abandono de Animales de Compañía y un Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección y Bienestar Animal para garantizar la máxima protección a los animales que viven en la región.

Además, en su empeño por concienciar a la ciudadanía para evitar el abandono animal, fomentar la adopción de perros y gatos, y garantizar el bienestar de los animales abandonados, la Comunidad de Madrid elaboró a principios de año el Calendario contra el Abandono de Animales de Compañía, con la colaboración de 12 protectoras madrileñas y funcionarios, en representación de todas las consejerías que conforman el Ejecutivo regional, con el que también se pretende concienciar sobre la tenencia responsable de animales.

Con este calendario también se quiso poner el acento en el aporte positivo que tienen las mascotas como animales de compañía en el caso de pacientes con necesidades especiales, así como invidentes, enfermos, ancianos o los beneficios que tienen en acciones de asistencia y terapia.

Entre otras acciones que Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para favorecer la adopción de animales abandonados destaca el Salón de la Adopción, que en 2019, su decimocuarta edición, consiguió que un total de 170 animales (123 perros y 47 gatos) fueran adoptados de modo presencial, 70 más que en 2018. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y la colaboración por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Además, desde el Ejecutivo se siguen impulsando diversas acciones, a través de la difusión en redes y en medios de comunicación para fomentar la adopción responsable y evitar el abandono de animales, y mediante el Comisionado de Bienestar Animal. El Gobierno regional también destaca la solidaridad de los madrileños, ya que durante 2019 adoptaron 5.803 animales que estaban siendo atendidos en albergues y centros de acogida de la región, de los que 3.046 eran perros y 2.757 gatos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la compra de 96.000 mascarillas para el personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid por un importe de 150.000 euros. Así, se ha adjudicado con carácter de urgencia un contrato para el suministro de estas mascarillas, de las que 45.000 son reutilizables, 42.000 quirúrgicas y 9.000 FFP2 y NK95.

El Gobierno regional ha implantado desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus medidas de carácter extraordinario con el objeto de proteger la salud laboral de los funcionarios de la Administración de Justicia y demás empleados públicos, así como de los ciudadanos que tienen que visitar alguna de las 70 sedes judiciales de la región.

Tal y como ha fijado el Ministerio de Justicia, desde este día 9 de junio, la justicia se encuentra en la Fase 3 de la desescalada en todo el territorio español, lo que significa que el 100% de la plantilla que presta sus servicios en este ámbito lo hace de manera presencial.

Una de las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para mejorar la seguridad laboral en sus sedes judiciales ha sido promover la distancia de al menos dos metros entre trabajadores y entre éstos y los ciudadanos. Para ello, desde el inicio de la crisis se ha restringido el acceso a las sedes judiciales y se ha promovido la adopción de medidas de distancia social.

Asimismo, se ha estudiado el aforo de las sedes judiciales, salas de vistas y espacios comunes, para evitar aglomeraciones y se ha adaptado la señalética con pegatinas y vinilos colocados en el suelo con recomendaciones de uso del espacio tanto en pasillos como en el interior de las salas de vistas. Además, se han instalado mamparas de mesa en los estrados para juez, fiscal y abogado y mamparas de pie en la zona donde se realizan las testificales/periciales.

La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, a través de la Dirección General de Infraestructuras Judicales, ha adquirido 4.897 mamparas de diferentes tamaños y 10.000 pantallas faciales individuales que han sido distribuidas entre jueces, fiscales, letrados, funcionarios y personal laboral. Además, desde que se inició esta crisis sanitaria, ha adquirido unas 110.000 mascarillas, casi 140.000 guantes y más de 16.000 dosis de medio litro de gel.

Por último, desde el pasado miércoles 27 de mayo se han puesto 9.000 test de detección del SARS-CoV2 a disposición del personal al servicio de la Administración de Justicia, para que todos aquellos que quieran puedan hacerse la prueba de manera voluntaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, han firmado este mediodía el Convenio de Transferencia y Financiación entre ambas administraciones para la integración del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de este municipio en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Se trata, ha dicho la jefa del Gobierno regional, de un ejemplo de cómo las políticas públicas “bien planificadas, fruto del diálogo y de la colaboración entre las administraciones, benefician a lo más importante, que son los ciudadanos”. El acto se ha desarrollado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Esta firma obedece al acuerdo previamente aprobado en el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, después de que en 2018, el Ayuntamiento de Leganés solicitara la dispensa para la prestación del Servicio de Extinción de Incendios del municipio y la integración de éste en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. “Queremos ofrecer a los ciudadanos la respuesta de cómo somos de eficaces las administraciones cuando cooperamos”, ha indicado la presidenta, señalando que así ha sido también durante la pandemia del COVID-19, con cuerpos de toda índole” trabajando unidos contra un enemigo común”.

Como ha explicado Díaz Ayuso, el acuerdo suscrito por la presidenta y el alcalde recoge el traspaso de la totalidad del servicio, en el que se incluyen los 72 trabajadores que tiene este parque de bomberos (más otros siete en situación de excedencia), sus vehículos, todos los equipos de protección y extinción, así como la parcela y el edificio donde se ubica este equipamiento. “El traspaso se hará de una forma coordinada y eficiente”, ha indicado.

El coste estimado de este convenio para la Comunidad de Madrid será de unos 4,6 millones de euros distribuidos en nueve anualidades. Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a abonar a la Comunidad de Madrid unos tres millones de euros anuales en concepto de aplicación de la tasa del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, más 638.992 euros por la contribución de UNESPA (tasa que se cobra a las compañías de seguros por la reducción de daños de los bienes inmuebles del municipio). De estas cantidades se deducirán las cuantías a compensar por el valor de los bienes muebles (267.189 euros) y de los vehículos (1.424.034).

En la Comunidad de Madrid existen 6 Cuerpos de Bomberos diferentes (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Madrid y Comunidad de Madrid). Con el fin de mejorar la coordinación y la seguridad en las actuaciones en emergencias, así como la eficiencia en la dotación de materiales, formación y recursos humanos, desde la Comunidad de Madrid se viene incentivando la integración de los cuatro servicios municipales del sur de la región, en los que se realizan apoyos constantes desde el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Este proceso de integración de servicios pertenecientes a municipios de más de 20.000 habitantes y, por tanto, con la obligación de prestar el servicio de extinción de incendios, se inició a finales del siglo pasado y principios de este, en municipios con servicio de bomberos propio como Alcalá de Henares, Getafe, Torrejón de Ardoz y Pozuelo de Alarcón.

Los buenos resultados en de estas integraciones para mejorar la atención de incendios y emergencias en la región se retoman ahora, con el objetivo de, si los municipios lo solicitan y acuerdan con sus plantillas, disponer de un Cuerpo de Bomberos unificado en nuestra Comunidad. Este caso no es de aplicación con la ciudad de Madrid, con la que se firmará en breve un convenio de colaboración para avanzar en una integración operativa para mejorar la prestación del servicio al ciudadano, eliminando con ello, las fronteras administrativas en la atención de emergencias.

Este objetivo de eliminación de fronteras en materia de emergencias es el mismo que subyace en el protocolo de coordinación, firmado con Castilla y León la semana pasada, que va a permitir una actuación más rápida y eficaz en emergencias que se produzcan en los límites territoriales.

Esta integración supone una mejora importante para la prestación del servicio al ciudadano por varios motivos. Los municipios integrados contarán con la cobertura directa y completa de los Bomberos de la Comunidad en el 100% de las intervenciones. Además, permite establecer un sistema de comunicación único e integrado y la atención en siniestros de cierta gravedad puede ser dirigido por una única estructura de mando y control, que ofrece una toma de decisiones técnicas y operativas estratégicas para el control de la emergencia y la seguridad de los intervinientes.

También se consigue una mayor fuerza operativa desplegada en menores tiempos de respuesta, lo que aporta una mayor garantía para la seguridad de los madrileños y la reducción de daños económicos y ambientales en nuestra sociedad.

Las dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Leganés estarán disponibles para la intervención en siniestros acaecidos en cualquier parte del territorio de la Comunidad de Madrid, específicamente en su zona de primera intervención que engloba varios municipios de la zona sur. Además, sus efectivos pasarán a cubrir la campaña INFOMA y podrán ser destinados a los retenes forestales que cada verano se distribuyen en las zonas de riesgo forestal, reforzando la cobertura de esta importante campaña.

La incorporación del parque de bomberos de Leganés a ASEM 112 permitirá  a la Comunidad de Madrid contar con 20  parques de bomberos, organizados en ocho zonas. Además, uno de los grandes objetivos en materia de emergencias del Gobierno regional para esta legislatura es impulsar los ocho nuevos parques de bomberos ya diseñados en las localidades de Cobeña, El Molar, Loeches, Lozoya, Soto del Real, Villarejo de Salvanés, Móstoles y Villanueva de la Cañada. Esta medida permitirá atender al 90% de la población de la región en menos de 10 minutos.

Asimismo, se está trabajando intensamente en la ampliación de la plantilla de los diferentes parques. El objetivo es que la Comunidad de Madrid alcance los 1.836 bomberos para llegar a cubrir la ratio de 1 bombero/1.500 habitantes (la actual es de 1 bombero/2.110 habitantes). Para lograr este propósito hay que ampliar la plantilla en 411 plazas y absorber los efectivos de Móstoles y Leganés (125 bomberos) a lo largo de la legislatura. Actualmente, son 1.300 profesionales, entre bomberos y especialistas en diversos servicios, los que dan cobertura a 174 localidades de la región.

El cuerpo de Bomberos de la Comunidad se ha volcado en colaborar en los momentos más duros de la crisis del COVID19. Sus 1.300 efectivos han participado en diferentes labores para poder hacer frente a esta pandemia. Se pusieron en marcha cuatro puntos de desinfección para ambulancias, dos en el IFEMA, uno en el Instituto para la Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE)  y otro en Coslada. En estos cuatro centros se han llevado a cabo la desinfección de 1.125 ambulancias. Además, un retén de 50 efectivos durante 13 días estuvo permanentemente en IFEMA apoyando en labores de logística.

Asimismo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han sido actores muy importantes del Plan de Choque de Residencias, en apoyo a las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad. Desde el centro logístico del IFISE siete efectivos durante 38 días han participado en la clasificación y reparto de material a residencias.

Además, han colaborado en la retirada de cadáveres en residencias y los han trasladado a la morgue habilitada en el Palacio del Hielo, con un refuerzo de 67 efectivos del Parque de bomberos de las Rozas. Además, han revisado y desinfectado más de 271 centros, con la implicación  de cerca de 1.000 efectivos.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado el contrato que permitirá a la Agencia de Vivienda Social (AVS) continuar con la gestión de su patrimonio de viviendas sociales públicas de forma integral, por un importe de 8,3 millones de euros entre los ejercicios de 2020 y 2023. Se hará mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Entre los trabajos que lleva a cabo la AVS destaca la función promotora, gestora de su patrimonio, recaudatoria e inspectora. Para ello, es necesario disponer de una organización que atienda el cumplimiento de la labor de administración de su patrimonio, en su doble vertiente de gestión y una eficaz labor de apoyo a los titulares de los inmuebles.

A lo largo del año pasado ejercicio de 2019, se llevó a cabo la emisión y control de un total de 533.000 recibos, con un cargo facturado de 56.966.474 euros. Este elevado proceso administrativo hace que la AVS no puede abordar sola con sus propios medios y de manera integral esta labor. Es necesario contar con oficinas en las proximidades de las áreas donde existen promociones de la Agencia de Vivienda Social dada la importante dispersión territorial del patrimonio administrado.

Las especiales características de la AVS requieren, además, flexibilidad y unos horarios de atención al público muy amplios. La variedad de situaciones sociales existentes y los distintos regímenes en que pueden cederse las viviendas, garajes y locales comerciales son otros de los factores que hacen también necesario contar con un apoyo externo.

Este contrato de gestión integral del patrimonio de la AVS comprende una serie de apoyos adicionales en las labores de facturación y cobro de los ingresos generados por la gestión de su patrimonio, una asistencia en los trabajos de gestión de los tributos, apoyo en los trabajos de gestión de los procesos de reducciones de la renta de sus inmuebles; y en aquellos originados en la gestión de los procesos de morosidad en el área de recaudación.

En el área promotora y gestora de su patrimonio es necesario también contar con un apoyo en la gestión de los barrios en remodelación; en la contratación, entrega de inmuebles y gestión de suministros, así como en la escrituración por venta (viviendas, trasteros, garajes y locales) y en la gestión de las juntas administradoras y comunidades de propietarios de sus inmuebles. Por último, en las tareas de inspección se requiere mantener un detallado control y seguimiento de los inmuebles de su propiedad.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 464.152 para el Diagnóstico Global del Pequeño Comercio Minorista de Madrid 2020, una iniciativa que permitirá analizar la situación de 420 pequeños comercios de toda la región para conocer sus fortalezas y debilidades y mejorar su crecimiento, rentabilidad y competitividad.

Este Diagnóstico, que se empezó a realizar anualmente en 2016 y en el que ya han participado más de 1.200 establecimientos de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo proporcionar información sobre los conocimientos de gestión empresarial de los comerciantes, sus técnicas de venta, la atención al cliente, la adecuación de los locales o el uso de nuevas tecnologías.

En definitiva, se trata de radiografiar la situación de partida de cada comercio analizado para identificar los factores clave que le permitan impulsar su competitividad, un elemento imprescindible especialmente en el contexto económico provocado por la crisis del coronavirus.

Así, este año se van a analizar 420 pequeños comercios de cuatro municipios de la región (dos de menos de 5.000 habitantes, uno de entre 5.000 y 50.000 y otro con más de 50.000 vecinos) y pertenecientes a sectores como pastelería, ferretería o textil y complementos. En todos ellos, se detectarán las necesidades de asesoramiento para emprender procesos de modernización y técnicas de márketing, analizando las áreas de mejora y las posibles soluciones. Además, se incidirá en las posibles estrategias del pequeño comercio para aprovechar los nuevos modos de consumo y las oportunidades de negocio.

El diagnóstico permitirá al comerciante evaluar su situación de partida y los posibles problemas que afronta en ámbitos como su proceso comercial, la fidelización de la clientela o la comunicación, enfocándolos a las nuevas situaciones del mercado.

Con toda la información obtenida en el estudio, el titular de cada negocio analizado participará en el diseño de un plan de activación comercial personalizado, que incluirá iniciativas y soluciones a desarrollar a corto y medio plazo con el objetivo de ayudar a la supervivencia y crecimiento de la empresa.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy un gasto de 50 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región durante este año. El objetivo de este programa es posibilitar la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

Los beneficiarios de estas ayudas son los 219 Centros Especiales de Empleo que desarrollan su actividad en la región, en los que trabajan más de 16.700 personas con discapacidad. Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado ordinario. Para tener esta consideración, al menos el 70% de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%.

Las ayudas permiten subvencionar los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes, con una cuantía máxima equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional. El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y las pagas de verano y Navidad, y se podrán solicitar durante un plazo de 15 días hábiles tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), prevista para la segunda quincena de este mes.

Además de esta partida orientada al mercado protegido, el Gobierno regional ya ha destinado este año 2 millones de euros en ayudas para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de trabajo.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de nuevas contrataciones relacionadas con la pandemia del COVID-19, tramitadas por el procedimiento de emergencia, que han supuesto una inversión de más de 10 millones de euros. Gracias a estos contratos se ha procedido a la compra de material sanitario y de protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud y para el Hospital temporal que la Comunidad de Madrid levantó en IFEMA.

Así, desde la Consejería de Sanidad se ha ordenado la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de la adquisición de material sanitario (guantes, bolsas, esparadrapos, compresas, gasas, mascarillas, etc.) y equipos de protección individual (EPIs) para pacientes y profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, en 11 expedientes diferentes y por un importe de 3.386.032 euros.

Además, también se ha tramitado con carácter de emergencia la contratación de material sanitario y de protección destinado al Hospital temporal de la Comunidad de Madrid instalado en IFEMA por un importe de casi 7 millones. El objetivo ha sido asegurar el correcto funcionamiento y la protección de los profesionales que han trabajado en sus instalaciones durante la crisis del COVID-19.

En concreto, se han destinado a este hospital temporal 6.332.756,82 euros para a la adquisición de Equipos de Protección Individual y material sanitario y, por otro lado, un total de 458.828,96 euros para material de limpieza y aseo.

Debido a la emergencia creada por la pandemia y con la finalidad de prestar los suministros necesarios para garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios, se hace necesario acudir a la contratación de emergencia prevista en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta normativa faculta a la Administración para actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan grave peligro, pudiendo ordenar la ejecución de lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la citada norma.

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha asegurado que “la Comunidad de Madrid contará con un escudo social para apoyar al tejido empresarial de la región”. Aguado ha mantenido una reunión telemática con el Comité Ejecutivo de Madrid Foro Empresarial para abordar la situación económica que atraviesa la región como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el coronavirus. El vicepresidente ha estado acompañado por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, y de representantes de diferentes sectores estratégicos bajo el paraguas de la entidad. Todos ellos han expuesto las líneas maestras del plan Reactivar Madrid, un programa de propuestas y necesidades para aplicar en la región en áreas clave como Turismo, Comercio, Industria, Transporte, Educación, Cultura, Empleo, Internacional, Digital y Energía y Medio Ambiente.

El vicepresidente regional ha señalado que “el tejido empresarial es el combustible de la Comunidad de Madrid” y ha trasladado que las prioridades para afrontar la nueva normalidad tras la crisis del COVID-19 pivotan sobre dos planos: “medidas para que ninguna familia se quede atrás” y, por otro lado, “una estrategia a largo plazo de apoyo al sector empresarial que permita seguir creando empleo y oportunidades de futuro”.

Haciendo referencia a ese escudo social que va a operar en la región, Aguado ha afirmado que “ayudará a buscar soluciones reales, a sumar recursos y esfuerzos de la mano de la colaboración público-privada y, además, evitará las batallas ideológicas”. “Vamos a impulsar el modelo de éxito de la Comunidad”, ha apuntado, “un modelo que hará que Madrid vuelva a latir como el motor económico de España”.

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha diferentes líneas de actuación para reactivar la economía e impulsar la actividad comercial madrileña. Entre ellas, destaca la creación del sello Garantía.Madrid, que nace para dotar a todas las empresas de la región que así lo deseen de un sello o documento identificativo que certifique que están aplicando en sus negocios medidas de seguridad preventivas, protegiendo a clientes y trabajadores.

Por otro lado, el Ejecutivo regional ya ha presentado el Plan de Acción para la reactivación del empleo denominado Horizonte Empleo 2021, que incluye una treintena de medidas agrupadas en seis ejes de actuación, que combinan actuaciones a corto y medio plazo con unos objetivos claros: intentar contener y desacelerar la destrucción de empleo que está registrando la región como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la crisis sanitaría del coronavirus, y reactivar la creación de puestos de trabajo estables y de calidad en la vuelta a la actividad económica marcada por las distintas fases de la desescalada.

Eso se suma a un completo paquete de medidas económicas, como la ampliación del presupuesto del Plan Impulsa hasta los 17 millones de euros, para ayudar de forma directa a autónomos afectados por la crisis; la creación del Plan Continúa; la ampliación del presupuesto destinado a mantener la Tarifa Plana de 50 euros para autónomos madrileños; un fondo específico de financiación para pymes y autónomos a través de Avalmadrid, y un Plan de Avales dirigido al sector turístico y hostelero

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid reabre sus dependencias para seguir proporcionando servicio a los madrileños. Las instalaciones, situadas en la calle Gran Vía 3 de Madrid, tendrán un horario de atención de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas con el fin de adecuarse a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la crisis del coronavirus (COVID-19).

Como medida de limitación de aforo, se atenderá exclusivamente a los ciudadanos que soliciten cita previa en la prestación de los siguientes servicios: Registro, Información General, Validación de certificados electrónicos y Solicitud oral de acceso a la información pública.

Los cuatro puestos de atención al público estarán dotados de las debidas mamparas de protección, y se ha instalado una columna de gel hidroalcohólico para uso de los ciudadanos a la entrada de la Oficina. Las instalaciones también contarán con la correspondiente señalización para cumplir con la distancia social de dos metros entre personas, así como con cartelería informando de la atención exclusiva con cita previa y de los canales a través de los cuales se puede solicitar.

Todos los empleados públicos que presten sus servicios en la Oficina de Atención dispondrán de EPIs: mascarilla, FFP2, guantes y botes de gel hidroalcohólico de uso individual.

La Dirección General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano ya trabaja en la elaboración de un contenido web que abarque el servicio de cita previa en la Comunidad de Madrid, un contenido en el que figurará información sobre las direcciones de las diversas sedes de oficinas de asistencia en materia de registro, puntos de información y atención al ciudadano, y oficinas de información especializada de las distintas consejerías: horarios de apertura, fechas previstas de implantación de cita previa y apertura y canales a través de los que se puede solicitar.