Denuncian que dificulta el acceso a los más desfavorecidos

El Gobierno municipal ha logrado la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante decreto del pasado 9 de abril, del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Orden 3/2021 de la Comunidad de Madrid que da comienzo al procedimiento correspondiente al Plan Vive, plan de vivienda impulsado por el ejecutivo autonómico. Dicho recurso ha sido interpuesto en base a que el Ejecutivo local ha considerado que el plan autonómico presenta condiciones y barreras de entrada que impiden que las rentas más bajas puedan disfrutar del acceso a la vivienda en unas construcciones realizadas sobre suelo público.

Dicha orden tiene como objetivo iniciar el otorgamiento de parcelas englobadas dentro del denominado Plan Vive, impulsado por la Comunidad de Madrid, que prevé la construcción de viviendas sobre suelo público previamente cedido a una empresa privada concesionaria en distintas ciudades de la comunidad, entre ellas, San Sebastián de los Reyes.

El motivo principal de este recurso interpuesto por el Ayuntamiento es impugnar el enfoque del Plan Vive, que se resume en la concesión de suelo público a empresas privadas dedicadas al proceso completo de construcción y gestión de viviendas en régimen de alquiler. Este enfoque excluiría todo tipo de control por parte de la Administración, así como el establecimiento de baremos de los  candidatos en base a criterios sociales, la colaboración con los Ayuntamientos y la participación por parte de las Empresas Municipales de Suelo y Vivienda, entre otros.

Una de las condiciones más lesivas para el acceso igualitario a la vivienda consiste en el mínimo salarial establecido, situado en 2.5 veces el IPREM –el indicador de ingresos de referencia para la concesión de ayudas y viviendas de protección pública–, lo que implica la obligatoriedad de superar unos ingresos anuales de entre 23.500 y 24.300 euros, aproximadamente.

“Este plan consiste en la construcción sobre suelo público de viviendas que excluyen y cierran la puerta a la inmensa mayoría de la población”, afirma el alcalde, Narciso Romero que considera que la Administración tiene, en cualquier caso, el deber de “habilitar mecanismos para que las capas sociales más bajas pudieran acceder a estas viviendas”.

Otro de los mecanismos que más críticas ha levantado en el Gobierno local consiste en el proceso de inscripción de los candidatos, exclusivamente telemático y no presencial, y la condición de adjudicación de las viviendas por orden cronológico, lo que excluye todo tipo de baremo socioeconómico y supone, además, un obstáculo para determinados colectivos vulnerables con mayores dificultades de acceso a Internet.

“La vivienda es un derecho incluido en la Constitución. Por eso, concluimos que este Plan no es bueno para nuestro municipio, al incluir diversos mecanismos que excluirán a buen seguro a las capas más necesitadas, a las que no podemos olvidar en ningún momento”, ha afirmado el vicealcalde delegado de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero.