Según el Fiscal vendían piezas de coches sin descontaminar

Un caso judicial involucra a responsables y trabajadores de un desguace ubicado en San Martín de la Vega, quienes están siendo acusados de un delito contra el medio ambiente. La acusación se centra en la presunta falta de cumplimiento de la normativa en los procesos de descontaminación de vehículos y la venta de piezas reutilizables.

El fiscal ha solicitado penas de prisión que oscilan entre cuatro años y tres años y medio para los cuatro acusados, argumentando que sus acciones generaron un grave riesgo para el medio ambiente. Este caso se origina a partir de un operativo a gran escala llevado a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, que inspeccionó varios centros autorizados en la Comunidad de Madrid para el tratamiento de vehículos.

El 22 de enero de 2019, se realizó una inspección en las instalaciones de un Desguace, donde se revisaron los procedimientos de gestión de vehículos al final de su vida útil. Durante esta inspección, se encontraron diversas irregularidades que llevaron a la actual acusación.

Los cuatro procesados han negado las acusaciones, afirmando que cumplían "absolutamente" con la normativa vigente. Según su defensa, contaban con las máquinas necesarias para llevar a cabo el proceso de descontaminación, especialmente en lo que respecta a la extracción de gas fluorado de los aires acondicionados.

En respuesta a la pregunta del fiscal sobre la declaración de cero cantidad de gases en las memorias de residuos, los acusados argumentaron que los gases extraídos eran reutilizados para cargar sistemas de aire acondicionado en otros vehículos, similar a la reutilización de otras piezas.

Durante la inspección en la calle Oro, se revisaron sesenta vehículos, de los cuales cincuenta y seis no tenían motor ni radiador, uno carecía de radiador, uno tenía el circuito de aire acondicionado cortado y dos tenían los circuitos vacíos. En la calle Plomo, se encontraron cuatrocientos veinticinco vehículos, de los cuales solo catorce no habían sido canibalizados, lo que impidió una revisión adecuada de los circuitos de refrigeración.

Uno de los acusados, G. P. F., presentó ocho documentos relacionados con la gestión de residuos, indicando que se habían gestionado 402 kg de gas entre abril de 2017 y septiembre de 2019. Sin embargo, alegó que entre 2013 y 2017 no se había gestionado ningún kilogramo de gas, argumentando que todo el gas extraído había sido reutilizado en su flota, aunque sin proporcionar justificación.

Los inspectores de la Comunidad de Madrid identificaron varias irregularidades en el funcionamiento de la empresa:

Exceso de Vehículos: La empresa superó el límite máximo de vehículos gestionados, que estaba fijado en 3.500 vehículos anuales, reportando 4.754 en 2017, 5.515 en 2018 y 5.726 en 2019.

Plazo de Descontaminación: Se constató que la empresa no cumplió con el plazo máximo de 30 días para la descontaminación de los vehículos recepcionados.

Descontaminación Incompleta: Muchos vehículos no fueron completamente descontaminados, ya que no se extrajeron los fluidos del sistema de aire acondicionado.

Operaciones Irregulares: Se permitieron operaciones de preparación para la reutilización y comercialización de piezas en vehículos que no estaban debidamente descontaminados