Empleo, dependencia y la Reforma Local, también protagonistas del Pleno

Esta semana el protagonista principal del Pleno de la Asamblea de Madrid fue la situación de la educación en la Comunidad, y es que los padres de alumnos de algunos de los centros que se fusionarán con otros en septiembre acudieron a la Asamblea. En concreto, había representantes de colegios de Aranjuez, Getafe, el Zulema de Alcalá, y el Pío Baroja y Agapito Marazuela de Coslada.

Los padres, justo antes de ocupar la tribuna de invitados, recorrieron las calles cercanas a la Asamblea madrileña para hacer visible su protesta. Ya en el Hemiciclo, también fueron protagonistas. Ignacio González y Tomás Gómez se enfrentaron a costa de la educación en un Pleno en el que se habló de Transparencia, la Ley de Reforma Local o el Plan de Empleo presentado hace unos días.

Sobre Educación Tomás Gómez pidió a Ignacio González que “escuche a la gente”, tras recordarle que “un Gobierno está para defender a las personas, protegerlas y cuidarlas y no para servir a los que quieren hacer negocio con las personas. En política son importantes los valores, las ideas e incluso las ideologías, pero por encima de todo, en política son importantes las personas. Su dignidad, su bienestar, son la medida de todo lo que hacemos, la medida de la utilidad de nuestras acciones”, afirmó Tomás Gómez.

Así empezó su intervención Gómez, dirigiéndose especialmente a los padres y madres de alumnos que seguían la sesión plenaria desde la tribuna de la Asamblea. Gómez pidió al Presidente que le acompañara a una reunión con ellos, “escúchelos y entonces verá que por lo que merece la pena estar aquí es para defenderlos a ellos  y no para servir  a los que quieren hacer negocio con ellos”.

González no dudaba en responder al socialista en su punto débil, la gestión en Parla: “¿Por qué no paga la calefacción de los colegios?”, preguntó el Popular trar recordar a Gómez que “los ciudadanos valoran que estemos trabajando por ellos, por eso tenemos mayoría absoluta, y usted, los peores resultados”.

También sobre educación preguntaba UPyD. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid “tiene que explicar cómo va a mantener la oferta pública de plazas en Formación Profesional de Grado Superior, si acaban de retirar el concierto económico al medio centenar de centros concertados en los que estudian 6.500 alumnos, cuando lo que deberían hacer es aumentar el número de plazas”.

El diputado de UPyD ha insistido en que “la Formación Profesional es clave en el momento en el que nos encontramos y tiene una incidencia directa en la creación de puestos de trabajo y, por lo tanto, en la recuperación económica del país”.

Otro de los caballos de batalla del Pleno fue, de nuevo, la Sanidad, que llegó de las voces del PSOE y UPyD. Así el portavoz socialista en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha reprochado al Gobierno del PP de Ignacio González que “quiera privatizar el 10 % de los centros de la salud de la región por obsesión, no porque forme parte del plan denominado por los populares ‘Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid’.

“Querer privatizar el 10 % de los centros de salud, o unos 27 centros como dice en su texto, no es tener un plan, es únicamente tener una obsesión. Y es la obsesión suya. Es la obsesión de privatizar” ha asegurado el responsable socialista.

Los magenta preguntaban en Pleno al Gobierno de la Comunidad de Madrid si la Consejería de Sanidad está facturando la atención sanitaria urgente a  inmigrantes sin permiso de residencia para intentar que no acudan a los servicios de Urgencias.

El diputado de UPyD ha afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con las medidas que está adoptando en Sanidad, “lo que está haciendo es complicar la vida a la gente que la tiene ya muy complicada. Lo que queremos saber es si la Consejería de Sanidad está enviando facturas a los inmigrantes sin papeles como medida disuasoria, para que no utilicen el servicio de urgencias de los hospitales, al igual que han hecho con el euro por receta”.

El diputado de UPyD ha explicado que “si la Consejería de Sanidad está cobrando las urgencias a los inmigrantes, están incumpliendo el Real Decreto Ley 16/2012 que dice: “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. Los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

También la Ley de Dependencia ha ocupado parte del debate. Matilde Fernández ha subrayado que “los socialistas estarán vigilantes para que la Comunidad de Madrid garantice la prestación del servicio de ayuda a domicilio a los más de 23.000 usuarios-dependientes de la región, una vez retirada su gestión a los ayuntamientos y dados los problemas que se han producido durante el proceso de adjudicación del contrato del servicio (distribuido por el gobierno regional a dos empresas)”, mientras que UPyD pedía que el Gobierno regional “haga un esfuerzo por dedicar más recursos a la Dependencia, porque siguen existiendo muchos gastos superfluos que se pueden recortar”. Luis de Velasco ha afirmado que “la fibra moral de una sociedad se mide por cómo se trata a los más débiles. Ya se sabe que es más fácil gobernar en época de abundancia, porque gobernar es elegir”.

La Ley de Reforma Local, y la transparencia generaron polémica. El PP aprobaba una modificación de la Ley de Incompatibilidades que no gustaba a los socialistas. El vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar Iglesias, señalaba que frente al simple “cambio estético” anunciado por el PP, el PSM plantea un “cambio profundo” para ampliar la transparencia en el parlamento regional, tal y como demanda la ciudadanía. De esta manera ha denunciado el diputado socialista la operación de “maquillaje” y “fuegos de artificio” del gobierno de Ignacio González al anunciar modificaciones en la Ley de Incompatibilidades de altos cargos y en el reglamento de la Asamblea.

En este sentido, Óscar Iglesias ha señalado que con la modificación de la Ley de Incompatibilidades planteada por el PP, “van a seguir permaneciendo en la oscuridad y en los cajones las declaraciones de actividades de los altos cargos de la Comunidad, porque éstas seguirán teniendo un carácter restringido y se limitarán a la publicación de un resumen. Además, seguiremos asistiendo a escándalos como los que recientemente ha protagonizado, por ejemplo, el ex consejero Juan José Güemes”, ya que, tal y como ha explicado el diputado socialista, “con esta modificación el PP permite que siga existiendo una puerta giratoria entre negocio privado y actividad pública”.

IU centraba sus críticas en dos asuntos: la Ley de Reforma de la Administración Local y el Plan de Empleo anunciado por González el pasado lunes. Sobre lo primero Gordo afirmaba: “Este Proyecto de Ley es un ataque al municipalismo. Quieren poner el cartel de se busca concejales y concejalas, y nosotros creemos que ponerles bajo sospecha es una injusticia tremenda, a pesar de los casos que estamos conociendo, más cuando en la mayor parte de ellos son del partido de los que quieren esa limpia”, mientras que sobre el Plan de Empleo explicaba: “el presidente González ha visto en los parados otra oportunidad para trasvasar fondos públicos a beneficio de las empresas privadas de empleo, pues se abonará a las empresas por cada trabajador que derive y además se le dará un premio por resultados de inserción durante al menos seis meses. Considera que hay puestos de trabajo desocupados por desconocimiento de las oficinas públicas de empleo pues sólo así se puede entender tan innovadora medida de esos agentes comerciales de empleo que pretenden implantar en cuatro oficinas, a imagen y semejanza del alcalde-agente comercial de Eurovegas, David Pérez”.