En lugar de dos décimas de superávit se les exigirá el equilibrio presupuestario

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), a la que ha asistido la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha informado a las entidades locales de que en 2024 recibirán 28.557 millones de euros en recursos del sistema de financiación, la mayor cantidad de la historia.

Ángel Víctor Torres ha destacado que la reunión entre el Gobierno y la FEMP ha sido "muy productiva y ha transcurrido con muy buen tono", y la principal información que ha dado la vicepresidenta cuarta es que las entidades locales en 2024 van a tener un aumento de recursos del sistema de financiación de un 22,6% con respecto a 2023. De esta forma, se van a destinar a estas entidades 5.260 millones más. "Todos los representantes municipales lo han valorado positivamente", apuntó Torres.

En cuanto a las entregas a cuenta, para el conjunto de las entidades locales, se alcanzará la suma de 23.773 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto a las entregas de 2023.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública ha comunicado que el Gobierno ha decidido flexibilizar la senda de estabilidad para este subsector, de manera que las administraciones locales pasarán de un objetivo de superávit del 0,2% en 2024 contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, a tener equilibrio presupuestario. Esas dos décimas de margen las asumirá la Administración General del Estado, que hará un mayor esfuerzo de reducción de déficit. Ello permite a estas corporaciones locales disponer de un mayor margen de gasto y de inversión, que redundará en mejores servicios municipales a los ciudadanos.

Ángel Víctor Torres, que ha agradecido a la presidenta y la junta de gobierno de la FEMP su buena disposición y su talante en la reunión de hoy, ha adelantado que a principios de año se convocará una sesión ordinaria de la CNAL y ha remarcado que "vamos a convocar este órgano las veces que sean precisas, incluso más de lo que establece el reglamento, como órgano fundamental en la relación del Gobierno de España y los ayuntamientos".

Además, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado a las EELL de la convocatoria de 64,12 millones de euros para modernizar el padrón municipal.

Ángel Víctor Torres ha señalado la importancia de estos proyectos que "tendrán un alto valor para la ciudadanía y para la modernización de las administraciones públicas más cercanas, que podrán mejorar la dotación de servicios públicos y la planificación de sus políticas en numerosas áreas como la medioambiental, la social, la urbanística o la tributaria".

El ministro ha recordado que desde 2021, "con más de 255 millones de euros, se han financiado más de 800 proyectos de modernización en casi 500 entidades locales", ha subrayado Torres.

Las subvenciones se concederán a las diputaciones provinciales de régimen común y régimen foral, a los cabildos y a los consejos insulares, así como a las comunidades autónomas uniprovinciales. Los beneficiarios serán los municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque podrán adherirse otros municipios que lo soliciten para beneficiarse de las herramientas digitales desarrolladas a partir de los proyectos que se impulsen. También resultarán beneficiarias las ciudades de Ceuta y Melilla.

Las entidades podrán presentar su solicitud para la convocatoria de modernización del censo hasta el 31 de marzo de 2024, siendo el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2025. El Ministerio y el INE publicarán en sus páginas web a lo largo de este mes de diciembre la guía de las actividades subvencionables y el calendario.

El Consejo de Ministros ha fijado los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para las Administraciones Públicas en el período 2024-2026.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno cumple así con el compromiso de dotar a España de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado lo antes posible. "Esperemos que en el primer trimestre del año que viene", ha apuntado.

El techo de gasto es un trámite previo indispensable para aprobar y llevar al Congreso de los Diputados unas cuentas que, según ha señalado la vicepresidenta, continuarán la "senda de progreso, de modernización de nuestro país, de apoyo al tejido productivo, pero sobre todo de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía".

La ministra de Hacienda y Función Pública ha asegurado que este Ejecutivo se va a guiar, como el anterior, por el rigor y la prudencia en las cuentas públicas y por el compromiso con la consolidación fiscal. "Hemos demostrado que los Presupuestos que aprobamos se cumplen tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos", ha indicado.

En dos años, España ha reducido su déficit público a menos de la mitad, al pasar del 10,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020 al 4,7% en 2022, y la previsión es cerrar este ejercicio en el 3,9%. Esa disminución se ha logrado, según ha remarcado Montero, sin aplicar políticas de recorte en los servicios públicos y desplegando un "escudo social sin precedentes" en respuesta a la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania.

La vicepresidenta cuarta ha explicado que el déficit del conjunto de las administraciones se situará en el 3% del PIB el próximo año, cumpliendo así el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. El porcentaje bajará al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026.

Montero ha recordado que la UE está debatiendo las reglas fiscales y que, en caso de no aprobarse unos nuevos parámetros, se volvería a los vigentes antes de la pandemia. En cualquier caso, ha dicho, las cuentas del Ejecutivo permitirán conjugar la bajada del déficit que exigen las reglas con un crecimiento por encima de la media de la UE y una creación de empleo que supone máximos históricos en el número de personas afiliadas.

Por subsectores, el objetivo de las comunidades autónomas para 2024 se reduce en una décima con respecto al Plan de Estabilidad de abril -del equilibrio presupuestario pasan al 0,1% de déficit-, tal como se estableció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese mayor margen se une al incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación, que el próximo año alcanzarán un récord: 154.467 millones de euros, un 14,9% más que este año. En 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.

La senda de consolidación de las entidades locales también se ha flexibilizado, como se acordó ayer en la Comisión Nacional de Administración Local. En concreto, en 2024 pasarán del objetivo de superávit del 0,2% a registrar equilibrio presupuestario. Las entidades locales contarán igualmente el próximo año con los mayores recursos de la historia: 28.557 millones de euros, un 22,6% más que este año.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha sostenido que el mayor margen fiscal y los recursos récord del sistema de financiación permitirán a estas administraciones seguir prestando servicios públicos de calidad y, sobre todo, mejorar la asistencia que se ofrece a los ciudadanos en materia de sanidad, educación o dependencia.

Por su parte, la Administración General del Estado asumirá un mayor esfuerzo en la reducción del déficit: del 3% que se recogía en el Plan de Estabilidad para 2024 se pasa al 2,7% en la nueva senda, lo que se corresponde con las tres décimas de margen que se da a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Por último, la Seguridad Social mantiene la senda prevista, con un objetivo de déficit del 0,2% en 2024, del 0,1% en 2025 y equilibrio en el año 2026.

El límite de gasto no financiero establecido para 2024 asciende a 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023. Descontando los fondos europeos, el límite queda en 189.215 millones, lo que supone un aumento del 9,3%.

"Se trata de un límite de gasto realista para continuar con estas políticas de modernización de la economía, impulsando un crecimiento sostenible, justo e inclusivo y, por supuesto, fortaleciendo el estado del bienestar", ha manifestado María Jesús Montero. La vicepresidenta ha añadido que el Gobierno cuenta con margen "para tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario, una decisión que adoptaremos antes de que acabe este mes en función de los últimos datos disponibles, pero siempre pensando en el interés general".

El Consejo de Ministros ha aprobado, además, un Plan de Reequilibrio para corregir desviaciones presupuestarias producidas por las circunstancias excepcionales que llevaron a la suspensión de las reglas fiscales.

La vicepresidenta ha subrayado que, con esta iniciativa, que recoge la senda para rebajar el déficit al 3% el próximo año, el Gobierno cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una meta, ha agregado, que se consigue no con recortes sociales, sino gracias al crecimiento de la economía, la creación de empleo y el impulso de los fondos europeos.

"No vamos a desviarnos de nuestro objetivo, vamos a seguir mejorando la vida de los españoles, especialmente de la clase media y trabajadora, de los colectivos vulnerables, de los empresarios, las pymes y los autónomos", ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para las Administraciones Públicas en el periodo 2024-2026, una etapa marcada por el regreso de las reglas fiscales, suspendidas con motivo de la pandemia de coronavirus y posteriormente por el impacto de la guerra en Ucrania.

El techo de gasto se situará en 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023. Mientras que el déficit del conjunto de las Administraciones será del 3% en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. Unas cifras que forman parte de una estrategia fiscal prudente que garantiza un proceso de consolidación fiscal compatible con el proceso de recuperación y crecimiento económico.

Este Acuerdo es un paso clave para elaborar los Presupuestos Generales del Estado 2024, cuya aprobación se prevé para el primer trimestre del próximo año ya que no han podido presentarse antes a causa del calendario electoral y el posterior proceso de investidura.

Unas cuentas públicas que perseguirán la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas en plena desactivación de la cláusula de salvaguarda de la Unión Europea.

Esta situación lleva a una nueva realidad fiscal, en la que la apuesta por continuar reduciendo el déficit público no impedirá que se sigan impulsando medidas focalizadas en los colectivos más vulnerables y en beneficio de la mayoría social del país. Un escenario avalado por los datos, después de que España haya reducido en dos años su déficit a más de la mitad, al pasar del 10,1% de 2020 al 4,7% de 2022.

En total, cerca de 50.000 millones de reducción de déficit, a la vez que se desplegaba un ambicioso escudo social y se incrementaba la financiación de políticas sociales. Por lo que se seguirá la línea de anteriores ejercicios de reforzar el Estado del Bienestar a la vez que se reduce el déficit público.

Bajo esas premisas se ha diseñado este nuevo límite de gasto no financiero, que sin la aportación de los fondos europeos se situará, a nivel 'nacional', en 189.215 millones de euros, un 9,3% más que el de 2023, que además contó con una aportación mayor del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Fondo React-EU. Esto supone que el Gobierno sigue apostando por incrementar sus inversiones al margen de las ayudas europeas.

Ante el cese de esa situación de excepcionalidad y la vuelta de las reglas fiscales en 2024, el Gobierno ha dispuesto una senda que permitirá perseverar en la consolidación fiscal, al tiempo que se garantizan las políticas públicas. El objetivo del 3% para el conjunto de las Administraciones en ese mismo ejercicio se alcanzará con un mayor esfuerzo de la Administración Central a cambio de flexibilizar la senda para las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL).

En el caso del subsector de las autonomías, tal y como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, se ha establecido un objetivo del 0,1% para 2024, dejando atrás el equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Para 2025 y 2026, las CCAA buscarán el equilibrio presupuestario, dotándolas así de un mayor margen, dado que antes tenían que alcanzar un superávit del 0,1%. Lo que permitirá que desarrollen el Estado del Bienestar.

Para las Entidades Locales se ha obrado de la misma manera, buscando ayudarlas con más recursos para que ofrezcan una mejor atención al ciudadano. Como se acordó ayer en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), los ayuntamientos y demás entes locales ya no tendrán que alcanzar un superávit del 0,2% en 2024 y se situarán en el equilibrio presupuestario. En 2025 y 2026 también se facilitan los objetivos, donde se deja atrás el superávit y se pasa al equilibrio presupuestario.

La Administración Central volverá a asumir un mayor coste en la reducción del déficit, como ya hizo durante la pandemia. De esta forma modifica su senda de una manera exigente para que los otros subsectores tengan más capacidad para fortalecer las políticas públicas que ofrecen una atención directa en educación, sanidad o dependencia al ciudadano. Esto implica pasar del 3% contemplado en el Programa de Estabilidad para 2024 a un 2,7%. En 2025 se continuará reduciendo el déficit hasta el 2,6%, y en 2026 se llegará al 2,5%. Una reducción el próximo año de cuatro décimas frente a las dos de las CCAA o el mantenimiento en equilibrio de las EELL.

Este diseño marcado por el mayor alivio para las autonomías y los ayuntamientos se complementa con que ambas administraciones dispondrán de los mayores recursos de su historia a través del sistema de financiación. Como ya se acordó en el Consejo de Política Fiscal, las CCAA recibirán 154.467 millones de euros, un 14,9% más que se traduce en un incremento de 20.000 millones sobre 2023, que ya fue otro año de récord. Lo mismo sucederá para las EELL, que obtendrán 28.557 millones del sistema de financiación. Una cifra que crece un 22,6% con respecto al montante destinado para este subsector en 2023.

El Acuerdo del Consejo de Ministros incluye los objetivos de deuda pública para el periodo 2024-2026. Un ámbito en el que España también ha destacado, por la constante reducción de la misma que permitió recuperar el PIB prepandemia en 2022 y rebajar la deuda hasta el 111,6%. Lo que permite adelantar a 2023 la reducción por debajo del 110%. Con esta base, en 2024 continuará esa reducción hasta el 106,3% del PIB en 2024, el 105,4% en 2025 y el 104,4% en 2026. Cifras que son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril.

Por subsectores, las Comunidades Autónomas situarán su deuda en el 21,7% en 2024, en el 21% en 2025 y en un 20,3% en 2026. Las Entidades Locales llegarán al 1,4% en 2024 y al 1,3% tanto en 2025 como en 2026.

Junto a lo anterior, el Consejo de Ministros ha aprobado un Plan de Reequilibrio en el que corrigen las desviaciones presupuestarias que se produjeron por el escenario excepcional de los últimos años, con la suspensión de las reglas fiscales tras el estallido de la pandemia de coronavirus. En medio de este escenario, se produjo la invasión de Rusia en Ucrania, que provocó una crisis energética y un incremento de la inflación y el coste de la vida, por el que el Gobierno aprobó medidas de alivio para la población y las empresas por 47.000 millones de euros.

El documento recoge la evolución de las finanzas públicas desde esa activación de la cláusula de salvaguarda hasta la actualidad, y en el mismo se recoge la senda de consolidación fiscal que se incluyó en el Programa de Estabilidad en abril. Una dirección que se reiteró en el Plan Presupuestario remitido en octubre, que recibió el respaldo de la Comisión Europea. El Plan, que se remitirá a las Cortes Generales, recoge así la estrategia para asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la deuda española, tal y como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.