La casa de Emilia Pardo Bazán fue residencia oficial de Franco

El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la incoación del expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática el Pazo de Meirás, en la provincia gallega de A Coruña. Asimismo, el miércoles 3 de septiembre se publicaba la declaración de Lugar de Memoria de las islas de San Simón y San Antón, en Pontevedra, también en Galicia.

Ambos espacios tienen una singular relevancia histórica y simbólica, que les hacen acreedores de esta declaración. Así, el Pazo de Meirás, situado en el Concello de Sada, ligado a la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán -que fue quien lo construyó-, fue, entre 1938 y 1975, sede veraniega de la Jefatura del Estado, "símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario", según señala el BOE.

El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. El Boletín Oficial del Estado indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos "mediante técnicas represivas y coactivas", que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron "apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc".

Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista.

El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda presentada por Abogacía del Estado, sentenció que el Pazo era propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal del mismo a Franco a su familia.

Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia Franco y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.

Las islas de San Simón y de San Antonio, situadas en la ría de Vigo, fueron un espacio utilizado por los sublevados contra la II Republica como penal durante la Guerra de España y los primeros años de la dictadura franquista.

A partir de octubre de 1936, la isla de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y, posteriormente, de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.

El penal, donde se amontonaban los presos, estuvo abierto entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron más de 5.600 personas recluidas. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros.

Desde febrero de 1939, y hasta que el penal fue desmantelado a principios de 1943, se vivió la etapa más funesta de este espacio, con la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española. Entre sus muros se tienen contabilizadas más de 517 muertes, además de las que se produjeron por 'paseos' y fusilamientos.

Ambos enclaves son declarados Lugares de Memoria Democrática conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, sobre los hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.