David Sánchez está acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz ha tomado la decisión de confirmar la apertura de juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura. Ambos enfrentan acusaciones por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La resolución judicial ha desestimado los recursos presentados por las defensas de los acusados, lo que implica que tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo deberán comparecer ante el tribunal junto a otros dos funcionarios de la Diputación de Badajoz. Este avance en el proceso judicial marca un paso significativo en la investigación.

La causa judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en junio de 2024. En dicha denuncia, se alegaba un supuesto trato de favor y la contratación irregular de David Sánchez como director de Actividades Culturales en la Diputación. La Fiscalía ha considerado que existen indicios suficientes que justifican la acusación, lo que ha llevado a la apertura del juicio oral.

El Ministerio Público ha solicitado penas de tres años de prisión tanto para David Sánchez como para Miguel Ángel Gallardo. Además de la prisión, se ha pedido la inhabilitación para ocupar cualquier empleo o cargo público durante un periodo adicional, lo que podría tener repercusiones significativas en las carreras políticas de ambos.

Desde el inicio del proceso, David Sánchez ha mantenido su inocencia, argumentando que su acceso al puesto fue a través de méritos propios y sin la intervención de su hermano o de otros líderes del PSOE. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha defendido la legalidad de todos los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Diputación de Badajoz, insistiendo en que no ha habido irregularidades en su actuación.

La instrucción del caso ha concluido con la imputación de cuatro personas y una acusación formal que fue ratificada por el juez recientemente, tras rechazar los últimos recursos de reforma presentados por las defensas. El tribunal ha determinado que existen indicios razonables para enjuiciar los hechos, lo que significa que el proceso judicial continuará.

La decisión de abrir juicio oral ha generado un notable impacto en el ámbito político, especialmente debido al vínculo familiar de David Sánchez con el presidente del Gobierno y el papel institucional de Miguel Ángel Gallardo como figura prominente del socialismo en Extremadura. La situación ha suscitado un gran interés mediático y podría tener implicaciones en la percepción pública del PSOE y su liderazgo en la región.

Se espera que el juicio se celebre en los próximos meses, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta. Este proceso judicial seguirá siendo objeto de atención tanto en el ámbito político como en el mediático, dado su potencial para influir en la dinámica del partido y en la política regional.

Y tras el anuncio no tardaban en llegar las valoraciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se centró en la crítica hacia el apoyo institucional que recibe David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el contexto de una investigación judicial.

Díaz Ayuso expresó su descontento con el hecho de que David Sánchez, quien ha sido enviado a juicio por la Audiencia Provincial de Badajoz, reciba lo que ella considera un respaldo excesivo por parte de "los poderes del Estado". En sus declaraciones, enfatizó que este apoyo incluye a la Agencia Tributaria, así como a otros estamentos gubernamentales.

La presidenta también criticó la cobertura mediática que, según ella, favorece a David Sánchez. Mencionó que cuenta con el apoyo de "22 ministros" y de medios públicos financiados por los contribuyentes, lo que, a su juicio, crea una desigualdad en el tratamiento de casos similares en los que no se goza de tal respaldo.

Díaz Ayuso concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y a la justicia, esperando que se esclarezcan las responsabilidades en este caso. Hizo hincapié en que, si ella estuviera en una situación similar, las consecuencias serían drásticas para ella, insinuando que las normas no se aplican de manera equitativa para todos los ciudadanos.

Ayuso, realizó declaraciones en relación con la apertura de juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal y pertenencia a un grupo criminal. La jueza Carmen Rodríguez Medel, del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha sido la encargada de este procedimiento judicial, que involucra una cantidad de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

Díaz Ayuso expresó su convicción de que los escándalos que rodean la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se producen de manera coincidente con eventos en su entorno personal y político. Según ella, cada novedad en la inspección fiscal parece estar alineada con "cada cuestión" que afecta a Sánchez y su círculo cercano. Esta observación se presenta como una crítica a la forma en que se manejan los asuntos mediáticos y judiciales en relación con el presidente.

La presidenta insistió en que ha mantenido una postura coherente respecto a la investigación de su pareja, subrayando que González Amador es un "particular" sin relación con su gestión política. Afirmó que la inspección fiscal se remonta a un periodo en el que ni siquiera conocía a González Amador, lo que refuerza su argumento de que no debería ser considerada responsable por las acciones de su pareja.

Díaz Ayuso también hizo referencia a otros casos de corrupción que han salpicado a miembros del entorno de Sánchez, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sugiriendo que hay una tendencia a que los escándalos se produzcan en momentos críticos para el presidente. Ella describió esta coincidencia como un "espejo" que refleja la situación política en España.

La presidenta fue cuestionada sobre los comentarios de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien había afirmado en redes sociales que "todo Sánchez es corrupto". Aunque Rodríguez hizo una crítica directa al sistema judicial y a la jueza involucrada, Ayuso se mostró reacia a comentar sobre las declaraciones en redes sociales y sobre la trayectoria de los jueces, prefiriendo centrarse en la situación actual de su pareja.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó su desconcierto ante el hecho de que la "sanchosfera", término que utiliza para referirse a los medios y figuras políticas afines al presidente Pedro Sánchez, se centre únicamente en el caso de González Amador. Según él, existen "cientos" de casos similares en España que no reciben la misma atención. El alcalde subrayó que es complicado discutir sobre la vida privada de una persona en un contexto donde hay múltiples procedimientos judiciales relacionados con infracciones similares.

El alcalde planteó preguntas retóricas para enfatizar su punto: "¿Cuántos hay?" en referencia a los procedimientos judiciales por infracciones similares. Criticó que el "sanchismo" haya decidido enfocar la atención solo en este caso, sin establecer una conexión clara con la Comunidad de Madrid o las funciones de la presidenta regional.

Martínez-Almeida centró gran parte de su discurso en la necesidad de abordar el tema de la violencia de género, mencionando a las mujeres maltratadas que se sienten "abandonadas" por un gobierno que él calificó de "cobarde". Hizo hincapié en el fracaso del sistema de pulseras antimaltrato, señalando que muchas mujeres han sufrido las consecuencias de un sistema que no ha logrado protegerlas adecuadamente.

El alcalde criticó duramente al gobierno actual, afirmando que el denominado "Gobierno más feminista de la historia" ha fallado en su deber de proteger a las mujeres. Según él, este gobierno ha desprotegido a las mujeres más que en cualquier otra época reciente en España, desde un punto de vista normativo.

Martínez-Almeida se comprometió a no dejarse distraer por lo que él considera "cortinas de humo" o "fuegos artificiales" que podrían desviar la atención de los problemas reales que enfrenta la sociedad, especialmente en lo que respecta a la violencia de género. Afirmó que lo que le ocurra a un particular debe ser resuelto por el juez correspondiente, pero que la situación de las mujeres maltratadas es un asunto que debe preocupar a todos.

El alcalde condenó la gestión del gobierno, criticando un contrato mal diseñado que ha impedido condenar a ciertos agresores. Describió al gobierno como "cobarde" por no abordar adecuadamente estos problemas y por la falta de explicaciones claras ante la situación. También mencionó la preferencia del presidente Pedro Sánchez por estar en Nueva York en lugar de dar explicaciones en España, lo que considera una falta de compromiso con los problemas internos del país.

También Ayuso hablaba sobre las pulseras: "Es una verdadera chapuza pensar que ha habido mujeres que son víctimas de violencia de género y que han estado desprovistas, desprotegidas, que se les ha puesto en peligro. Esto pide una dimisión y responsabilidades políticas sin ninguna duda. Como ocurrió con la Ley del sí o sí y como ocurre con tantas medidas chapuzas que al final dejan abandonados a los ciudadanos. Esto no puede dejarse como pelillos a la mar y la semana que viene nos inventamos un nuevo señuelo y estamos todos hablando de otra cuestión. Esto es gravísimo", resumía.