Italia y España les habían pedido que se diesen la vuelta

La Global Sumud Flotilla, compuesta por alrededor de 50 embarcaciones, se dirigía al enclave de Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Sin embargo, fue interceptada por el ejército israelí al adentrarse en un área de exclusión.

El ejército israelí interceptó la flotilla cuando se encontraba a aproximadamente 80 millas náuticas de Gaza. Al menos 20 buques israelíes se aproximaron a las embarcaciones, utilizando cañones de agua para dispersar a los tripulantes antes de proceder a la detención de los mismos. Entre las embarcaciones interceptadas se encontraban el Sirius, donde viajaba la activista Ada Colau, y el Alma, que tenía a bordo a Greta Thunberg. Israel afirmó que las detenciones se estaban llevando a cabo sin violencia y que todos los pasajeros estaban siendo trasladados "sanos y salvos".

La Global Sumud Flotilla denunció que las fuerzas israelíes habían embestido deliberadamente uno de sus barcos, el Florida, durante la interceptación. A pesar de las agresiones, la flotilla afirmó que no hubo heridos y que todos los pasajeros a bordo estaban ilesos. La flotilla consideró estos ataques como crímenes de guerra, subrayando que sus embarcaciones eran desarmadas y estaban en una misión humanitaria.

La interceptación de la flotilla provocó protestas masivas en varias ciudades italianas, incluyendo Roma, donde aproximadamente 10,000 personas se manifestaron en contra de las acciones de Israel. Los manifestantes se dirigieron hacia el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano. Otras ciudades como Nápoles, Milán y Turín también vieron manifestaciones, y el principal sindicato del país, la CGIL, convocó una huelga general en respuesta a lo que consideraron una "agresión contra naves de civiles".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la detención de dos ciudadanas colombianas a bordo de la flotilla, amenazando con romper relaciones diplomáticas con Israel. En España, varios políticos, incluyendo a Joan Baldoví y Irene Montero, expresaron su preocupación por la detención de sus compatriotas y exigieron la liberación de los detenidos. La líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, defendió la flotilla como una misión humanitaria que no representaba ninguna amenaza para Israel.

La organización Reporteros Sin Fronteras exigió el respeto por la labor de los periodistas a bordo de la flotilla, denunciando la detención del periodista Néstor Prieto como un ataque a la libertad de prensa.

Los miembros de la flotilla estaban preparados para la interceptación, siguiendo un protocolo que incluía lanzar sus teléfonos móviles al mar para evitar que fueran utilizados por las autoridades israelíes. El periodista Carlos de Barrón, a bordo de la flotilla, describió la tensión y el miedo entre los tripulantes, quienes debían obedecer las órdenes de los soldados israelíes y evitar el contacto visual.

El ejército israelí afirmó que había emitido suficientes advertencias a la flotilla para que cambiaran su rumbo, describiendo las interceptaciones como pacíficas. Sin embargo, el procedimiento posterior a la detención incluye la identificación de los pasajeros y su posible deportación. Aquellos que se nieguen a ser identificados enfrentarían juicios en tribunales civiles.

El Ejército israelí emitió un mensaje radiofónico dirigido a la flotilla, advirtiendo que se acercaban a una zona de bloqueo. En este mensaje, se instó a los miembros de la flotilla a cambiar su rumbo y se les ofreció la opción de entregar la ayuda a Gaza a través de los canales establecidos por Israel. Esta advertencia subraya la postura del gobierno israelí respecto a la flotilla, que consideran una amenaza a la seguridad nacional.

El Ministerio de Exteriores de Israel también se pronunció sobre la flotilla a través de sus redes sociales, afirmando que el único objetivo de esta iniciativa es provocar a las autoridades israelíes. Según su perspectiva, la flotilla se niega a utilizar los medios alternativos que Israel ha dispuesto para la entrega de ayuda humanitaria, lo que refuerza su argumento de que la flotilla no tiene un propósito genuinamente humanitario.

En respuesta a las advertencias del Ejército israelí, un portavoz de la flotilla emitió un comunicado en el que acusó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de cometer crímenes de guerra. Se argumentó que el uso del hambre como arma de guerra es una violación del Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar a la Franja de Gaza. Este intercambio de acusaciones pone de relieve la complejidad del conflicto y las diferentes narrativas que rodean la situación.

Durante los momentos posteriores a la advertencia del Ejército israelí, las embarcaciones de la flotilla comenzaron a experimentar interferencias en sus comunicaciones. Se reportó que la conexión en directo de su travesía se interrumpió en varias ocasiones, lo que podría ser interpretado como un intento de silenciar o desestabilizar la operación de la flotilla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, incluyendo la Embajada de España en Israel y los consulados en Jerusalén y en Nicosia, siguen de cerca la situación de la Global Sumud Flotilla y están plenamente movilizados para prestar toda la protección diplomática y consular a nuestros ciudadanos.

Se ha creado una unidad de seguimiento permanente y el ministro José Manuel Albares está en contacto y coordinación con sus homólogos de países con nacionales en la flotilla. También se está en contacto con las autoridades israelíes y con la Delegación de la Unión Europea en Tel Aviv para garantizar la protección diplomática y consular.

España exige que la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados. La Global Sumud Flotilla es una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria. España va a seguir exigiendo el fin de la guerra en Gaza, la entrada masiva de ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes israelíes y la aplicación de la solución de dos Estados, Palestina e Israel, que convivan en paz y seguridad.