El Gobierno le quita importancia y afirma que no pueden echarles de la OTAN

En los últimos días, se ha generado una intensa controversia diplomática entre Estados Unidos y España, provocada por las declaraciones del expresidente Donald Trump. Durante un encuentro con el presidente de Finlandia, Trump criticó la postura de España respecto al gasto militar en el marco de la OTAN, lo que desencadenó una serie de amenazas y acusaciones que han puesto en el centro del debate la relación bilateral entre ambos países.

Trump ha acusado a España de ser “irrespetuosa” por no comprometerse a elevar su gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, un estándar que él considera fundamental para todos los aliados de la OTAN. En sus afirmaciones, Trump señaló que España sería el único país de la OTAN que no ha aceptado esta meta, calificándola de “rezagada” o “laggard”.

Además de las críticas políticas, Trump amenazó con implementar medidas económicas en contra de España. Mencionó la posibilidad de negociar un acuerdo comercial que incluyera condiciones desfavorables, sugiriendo que España debería “pagar el doble” por su baja contribución militar. Esto implicaría la imposición de aranceles o restricciones comerciales, buscando equilibrar lo que él considera un desequilibrio en la relación bilateral.

Trump fue más allá al insinuar que, si España no accedía a cumplir con el gasto del 5 %, debería ser expulsada de la OTAN. Argumentó que, si todos los demás miembros aceptan esa meta, España no podría permanecer al margen. En sus declaraciones, planteó la posibilidad de que, en caso de conflicto, otros países podrían no estar dispuestos a proteger a España, lo que podría justificar su expulsión.

El Gobierno español ha respondido con firmeza a las acusaciones de Trump, defendiendo su modelo de gasto militar y su compromiso con OTAN. Aseguran que España es un socio leal y de pleno derecho de la alianza, y que no existe un mecanismo legal que permita la expulsión de país de la OTAN, ya que el Tratado del Atlántico Norte no sanciones de este tipo.

Desde el Gobierno español, se ha recordado que España ya ha acordado elevar su gasto militar hasta el 2,1 % del PIB, cifra que consideran realista y compatible con sus prioridades sociales. Además, destacan que España participa activamente en misiones internacionales de la OTAN y en el apoyo a Ucrania, argumentando que su contribución no puede ser evaluada únicamente en términos de porcentaje del PIB.

El primer ministro Pedro Sánchez ha defendido que la meta del 5 % es “incompatible con nuestra visión del mundo” y que forzar un gasto militar tan elevado podría perjudicar el Estado del bienestar en España. En las negociaciones previas a la cumbre de la OTAN en La Haya, España logró una “exención” formal que la exime de la obligación de alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio de 2025, los países miembros acordaron un nuevo marco para aumentar el gasto en defensa, estableciendo la meta del 5 % del PIB hacia 2035. Este porcentaje se divide en dos componentes: 3,5 % para el gasto militar directo (incluyendo personal, armas, equipamiento y operaciones) y 1,5 % para actividades relacionadas con la seguridad (como ciberseguridad, infraestructura e investigación).

A pesar de este acuerdo, España ha argumentado que puede alcanzar las capacidades requeridas sin necesidad de llegar a ese nivel de gasto. La disputa que ha surgido no es meramente simbólica, sino que refleja una tensión estructural dentro de la OTAN entre las prioridades fiscales nacionales y la exigencia de una mayor defensa europea frente a amenazas geopolíticas crecientes. Mientras que países como Alemania, Francia y Reino Unido han aceptado el objetivo del 5 %, otros han solicitado flexibilidad similar a la que se ha otorgado a España.