Detenidos Antxon Alonso y los dueños de Plus Ultra y registradas 19 sedes de empresas en una macrooperación contra la corrupción

El Pleno del Congreso ha tenido lugar este jueves 11 de diciembre, donde se han abordado temas cruciales relacionados con los objetivos de estabilidad y deuda, la revalorización del salario de los funcionarios públicos, y la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.

En esta sesión, el Congreso ha rechazado por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y deuda para las administraciones públicas para el periodo 2026-2028. Este rechazo se ha producido con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Como consecuencia de este rechazo, se establecerá una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas al elaborar los Presupuestos de 2026.

Los partidos que votaron en contra, especialmente PP, Vox y Junts, han criticado que los objetivos presentados en esta ocasión son idénticos a los que se rechazaron el 27 de noviembre, argumentando que no se han realizado cambios significativos en la propuesta. En contraste, Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Micó, optaron por la abstención, mientras que el resto de las formaciones políticas apoyaron el texto presentado.

Durante el debate, Josep Maria Cruset, representante de Junts, advirtió sobre las posibles consecuencias de incumplir con Cataluña, enfatizando que "ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana". Esta declaración subraya la tensión entre el gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a la financiación y la autonomía fiscal.

A pesar del rechazo a la senda fiscal, el Pleno del Congreso ha aprobado un decreto ley que revaloriza el salario de los funcionarios públicos. Esta medida ha contado con el único voto en contra de Vox y la abstención de Junts, mientras que el resto de los grupos parlamentarios han apoyado la norma.

La revalorización se aplicará a las nóminas de los funcionarios a partir de enero, con un incremento del 4% correspondiente a 2025 y 2026. Además, existe la posibilidad de que este aumento se eleve en medio punto porcentual adicional si la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es igual o superior al 1,5% al final del próximo año. Esta medida busca asegurar que los salarios de los funcionarios se mantengan en línea con la inflación y el coste de vida.

El Pleno del Congreso también ha dado luz verde definitiva a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Esta aprobación se ha producido tras la conclusión de las votaciones de las enmiendas que el Senado había introducido al texto original. Con la aprobación final de esta ley, se procederá a su remisión para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta ley tiene como objetivo mejorar la atención al cliente en diversos servicios públicos y privados, estableciendo estándares más altos en la calidad del servicio.

Pero lo ocurrido en el Congreso era solo la puntilla de una jornada que anuncia un fin de año muy movido. Así, tras la detención de Leire Díaz y el expresidente de la SEPI, la UCO lanzaba una macrooperación contra la corrupción que se saldaba con tres nuevos detenidos y 19 sedes de empresas registradas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de acciones judiciales el jueves, involucrando la detención de varias personas y la realización de registros en diversas sedes de empresas públicas. Esta operación está enmarcada en una investigación más amplia que lleva a cabo bajo el secreto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Uno de los arrestados más destacados es Vicente Fernández, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SE). Su detención está relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos. Fernández había dimitido de su cargo en 2019 tras imputado por un supuesto amaño en un concurso internacional, aunque fueuelto posteriormente.

Otro detenido es Antxon Alonso, asociado a la empresa Servinabar y considerado socio del exsecretario de Organización del, Santos Cerdán. Alonso ya estaba bajo investigación en el Tribunal Supremo por su vinculación con una supuesta trama de corrupción relacionada con Cerdán.

Leire Díez, exmilitante del PSOE, también arrestada. Se le investiga por cohecho y tráfico de influencias debido a interacciones con miembros de la Fiscalía Anticorrupción y altos mandos de la Civil. Díez, quien ha trabajado en empresas públicas como Enusa y Correos ha intentadomarcar sus acciones en el contexto de una investigación periodística, aunque se han presentado pruebas en su contra, incluyendo grabaciones de reuniones con fiscales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que resultó en la detención del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO, Roberto Roselli. Esta acción se realizó el jueves y está relacionada con un presunto caso de blanqueo de capitales. Además, se registró la sede de la compañía como parte de la investigación.

La operación está en curso y se encuentra bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que ha dictado el secreto de sumario. La Fiscalía Anticorrupción también está participando en este caso, lo que indica la gravedad de las acusaciones y la complejidad de la investigación.

Es relevante mencionar que el mismo juzgado había archivado en enero de 2023 una causa anterior que investigaba irregularidades en la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia. En esa ocasión, la jueza Esperanza Collazos argumentó que el rescate de la aerolínea había sido aprobado por el Consejo de Ministros, lo que significaba que los imputados no tenían la capacidad de decisión en el proceso.

La magistrada Collazos destacó que la Audiencia de Madrid había respaldado la posición de Plus Ultra, estableciendo que no era posible declarar como investigado al representante legal de la aerolínea debido al agotamiento del plazo de 12 meses para la investigación. En su resolución, la jueza expresó que, dado que no se podían realizar más diligencias, existía una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal por parte de las personas físicas y jurídicas implicadas. Esto se fundamentaba en que la capacidad de decisión sobre la subvención recaía en el Consejo de Ministros, el cual había sido el órgano encargado de aprobarla.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado la decisión de abrir juicio oral en un caso que involucra a figuras prominentes del ámbito político y empresarial, específicamente al exministro José Luis Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Este caso se centra en presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia de COVID-19.

El jueves, el magistrado Puente decretó la apertura del juicio oral tras la decisión de la Sala de Apelación, que había rechazado los recursos presentados por los acusados. Estos recursos buscaban impugnar la decisión de procesarles por varios delitos, incluyendo:

Cohecho

Pertenencia a organización criminal

Tráfico de influencias

Malversación

A raíz de la gravedad de los delitos imputados y las elevadas penas solicitadas, el magistrado decidió mantener en prisión a José Luis Ábalos y Koldo García. Esta medida se adoptó tras la evaluación del riesgo de fuga, que fue argumentada tanto por la Fiscalía como por las acusaciones populares.

La Fiscalía ha solicitado penas significativas para los acusados, que se desglosan de la siguiente manera:

José Luis Ábalos: 24 años de prisión

Koldo García: 19 años y medio de prisión

Víctor de Aldama: 7 años de prisión

Por otro lado, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular (PP), han elevado sus demandas, solicitando 30 años de cárcel para Ábalos y García, mientras que para De Aldama piden la misma pena que la Fiscalía.

El magistrado Puente ha tomado varias decisiones clave en el transcurso de este caso:

Ingreso en Prisión Provisional: Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares solicitaron el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo, lo que fue concedido por el magistrado. Ambos fueron enviados a la prisión de Soto del Real, en Madrid, el 28 de noviembre.

División de la Causa: En septiembre, el magistrado decidió dividir la causa en dos partes. La pieza principal se centra en las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas, mientras que una pieza separada aborda la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

El jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pronunció sobre la situación del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, quien ha sido detenido por presuntas irregularidades en contratos públicos. Esta declaración se realizó en el Congreso, donde Montero se desvinculó de Fernández y aclaró su falta de contacto con él desde que dejó su cargo hace seis años.

María Jesús Montero enfatizó que no ha tenido ningún tipo de contacto con Vicente Fernández desde su salida de la SEPI. En sus declaraciones, mencionó:

Falta de Contacto: Afirmó que no ha mantenido comunicación a través de WhatsApp, llamadas telefónicas, reuniones, ni ha compartido un entorno social con él.

Duración en el Cargo: Recordó que Fernández estuvo en la SEPI por un periodo breve, aproximadamente un año y poco más.

Montero defendió el nombramiento de Fernández al frente de la SEPI, argumentando que su "perfil profesional" era adecuado para el cargo. Destacó que:

Trayectoria: Fernández había sido interventor general de la Junta de Andalucía y miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta, lo que, según Montero, validaba su nombramiento.

Desconocimiento de la Investigación: La vicepresidenta subrayó que, dado que el sumario del caso Leire Díez es secreto, no tiene información sobre las actividades específicas ni el periodo que está siendo investigado por la Guardia Civil.

Montero también hizo referencia a la situación de la empresa Servinabar, propiedad del empresario Antxon Alonso, quien también ha sido detenido. Aclaró que, según la información publicada en medios de comunicación, todas las actividades relacionadas con Servinabar ocurrieron después de que Fernández dejó la SEPI.

La ministra de Hacienda reiteró el compromiso del Gobierno de colaborar con la justicia. Afirmó que están respondiendo de manera rápida a todos los requerimientos judiciales para asegurar que "todos los que estén implicados en una trama o hayan cometido un delito" enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Vicente Fernández ocupó la presidencia de la SEPI desde junio de 2018 hasta octubre de 2019. Su dimisión se produjo tras ser imputado por un presunto amaño en un concurso internacional relacionado con la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar, en Sevilla. Aunque fue acusado, finalmente fue absuelto, al igual que los demás implicados en el caso.

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha sido una de las voces más críticas, argumentando que el Gobierno está en una situación crítica debido a la "explosión simultánea de toda su corrupción y sus vergüenzas".

Tellado ha instado a Sánchez a asumir "responsabilidades políticas" por lo que él describe como las "mil sombras de corrupción" que persiguen al Gobierno. Según él, los recientes arrestos de personas cercanas al Ejecutivo no podrían haber ocurrido sin la designación directa de Sánchez, lo que implica una clara responsabilidad política que no puede ser ignorada.

El secretario general del PP ha solicitado que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones generales, argumentando que el país no puede ser arrastrado a la "decadencia" del actual Gobierno. Tellado ha subrayado que todo el gabinete de Sánchez está "bajo sospecha", lo que justifica su demanda de un cambio en la dirección política del país.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ha manifestado que los miembros del Ejecutivo están sorprendidos por la implicación de personas de su confianza en asuntos de corrupción. Montero ha enfatizado que cualquier comportamiento delictivo, ya sea relacionado con la corrupción o el acoso sexual, es inaceptable en el proyecto político del PSOE, y que los implicados deben enfrentar la Justicia.

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha pedido que se permita a la Justicia investigar y establecer los hechos. Por su parte, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha tomado distancia de Leire Díez, una exmilitante socialista detenida por un caso de corrupción, afirmando que actualmente no tiene relación con el partido.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha calificado la situación como un "incendio" de corrupción que afecta al PSOE, sugiriendo que no se trata de "manzanas podridas", sino de una "auténtica trama" dentro del partido. A pesar de esta crítica, Belarra ha señalado que la decisión de convocar elecciones recae exclusivamente en Pedro Sánchez, aunque expresa su escepticismo sobre la posibilidad de que el presidente adelante las elecciones, sugiriendo que podría continuar en el cargo a pesar de la falta de apoyo en el Congreso.