El Senado recuerda que es un deber constitucional del Gobierno

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite un conflicto de atribuciones promovido por el Senado contra el Gobierno, por el incumplimiento de su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2024, 2025 y 2026. La acción incluye además la oposición del Senado a las prórrogas presupuestarias aplicadas en esos ejercicios.

El Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en el Senado, ha sido el impulsor de esta iniciativa. Según la Cámara Alta, el incumplimiento del Gobierno vulnera varios artículos de la Constitución, ya que impide que las Cortes Generales ejerzan correctamente su función de control y aprobación presupuestaria. Desde el PP se ha denunciado la “práctica fraudulenta” de modificar presupuestos al margen del Parlamento, comparando la situación actual con 2020, cuando los presupuestos se mantuvieron prorrogados debido a la pandemia de COVID-19.

El Senado sostiene que no existe justificación válida para la falta de presentación de los Presupuestos, salvo la incapacidad del Gobierno para lograr acuerdos parlamentarios. Según el conflicto de atribuciones, los motivos políticos no pueden servir como excusa para incumplir obligaciones constitucionales, lo que limita la función del Senado en materia presupuestaria.

El Senado ha solicitado al TC que:

Declare que el Ejecutivo ha vulnerado su atribución constitucional de participar en la aprobación y modificación de los Presupuestos.

Declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, que establece los Presupuestos de 2023, para que no se apliquen automáticamente en 2024, 2025 y, en su caso, 2026.

El TC se enfrenta a un caso inédito de conflicto entre órganos constitucionales derivado de la omisión del Gobierno en la presentación del proyecto de ley de Presupuestos. Las decisiones del tribunal no solo afectarán la relación entre el Senado y el Ejecutivo, sino que también podrían redefinir la dinámica del proceso presupuestario en España, estableciendo plazos y obligaciones claras para el cumplimiento de la Constitución.