El mismo día que archivan el expediente a la Fiscal Jefe de Madrid

La Fiscalía General del Estado ha archivado el expediente gubernativo que abrió a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra quien la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, interpuso una queja. El objetivo del expediente, abierto el pasado 12 de febrero, era determinar si incumplió su deber de abstención en relación con la investigación a González Amador en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por diversos delitos.

En su queja, González Amador estimaba que la fiscal jefa incumplió su deber al no abstenerse de intervenir en una causa que le afectaba hasta el 30 de octubre de 2024 cuando, a su juicio, debió hacerlo desde el 14 de mayo tras la presentación de una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sin embargo, la Inspección Fiscal ha considerado finalmente que Rodríguez no era la encargada de intervenir en lo relativo a esa querella, de la que se encargó la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial, asignándose a un fiscal especialista. Para este órgano del Ministerio Fiscal, la mera recepción de daciones de cuenta del fiscal encargado "no implica responsabilidad profesional respecto al procedimiento". La dependencia jerárquica entre la fiscal jefa y el fiscal especialista, detalla el órgano, "no se ejerció en ningún momento en circunstancias que afectaran siquiera indirectamente a la plena libertad de actuación de éste".

El Ministerio Fiscal añade que cuando Rodríguez finalmente se abstuvo de intervenir en la causa, el 30 de octubre de 2024, hizo "un prudente ejercicio de la abstención para preservar la apariencia de imparcialidad de la institución", aunque precisa que "esto no implica que en este caso concurriera una ineludible obligación de hacerlo". Por todo ello, la Inspección Fiscal considera que no hay indicios de incumplimiento del deber establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En una línea paralela, la Fiscalía ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos años de inhabilitación a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos relacionados con el mismo caso de González Amador. El Ministerio Público considera que durante el procedimiento judicial se vulneraron varios derechos fundamentales de García Ortiz, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías.

La Fiscalía sostiene que el exfiscal general del Estado no habría contado con las condiciones necesarias para ejercer adecuadamente su defensa. En concreto, señala que no se le permitió conocer plenamente la acusación formulada en su contra ni defenderse de manera efectiva frente a la misma. También alega la posible vulneración del principio de legalidad penal, al entender que la interpretación aplicada en la sentencia podría no ajustarse de forma estricta a los requisitos legales exigidos para este tipo de delitos.

El recurso de amparo busca que el alto tribunal analice si la resolución del Tribunal Supremo respetó los derechos fundamentales del condenado o si, por el contrario, se produjeron irregularidades que justifiquen la anulación de la sentencia. Este movimiento procesal abre una nueva fase en el caso, en la que será el Tribunal Constitucional quien deberá pronunciarse sobre la posible existencia de vulneraciones de derechos en el procedimiento judicial.

Ambos episodios —el archivo del expediente a la fiscal jefa de Madrid y el recurso al TC por la condena a García Ortiz— están vinculados al mismo caso: la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuestos delitos fiscales. Mientras la Fiscalía defiende la actuación de sus altos cargos en Madrid, el ex fiscal general lucha por anular una condena que le inhabilita para el ejercicio del cargo.