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 La Comisión explica que debe ser la Audiencia Nacional la que aplique el fallo del TJUE
La Comisión Europea ha declarado que corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional aplicar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley Orgánica de Amnistía, después de que la defensa de Carles Puigdemont denunciara un incumplimiento por parte de España del Derecho comunitario. El comisario de Justicia, Michael McGrath, ha reiterado que Bruselas "respeta y acata" los fallos del TJUE y ha subrayado que es responsabilidad de los tribunales nacionales ejecutar las decisiones del tribunal europeo.
El martes, Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig enviaron un escrito a la Comisión Europea denunciando al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía, argumentando que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reabriendo un trámite de alegaciones que consideran innecesario. El abogado Gonzalo Boye solicita al Ejecutivo comunitario que actúe con urgencia debido a la naturaleza del incumplimiento, que afecta a medidas cautelares que gravan a los denunciantes con más de 9,5 millones de euros.
El escrito de denuncia argumenta que la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del tratado de la Unión Europea, que exige cooperación leal entre los Estados miembros, y que el incumplimiento deliberado de una sentencia del TJUE afecta negativamente al principio del Estado de Derecho. La respuesta de la Comisión Europea será crucial para determinar los próximos pasos en este complejo asunto legal y político.
Carles Puigdemont, junto con los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, han presentado una denuncia formal al Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la ley de amnistía, elaborada por el abogado Gonzalo Boye, quien argumenta que se ha suspendido de facto el plazo para dictar la amnistía reactivando un trámite de alegaciones que contradice la sentencia del TJUE. La denuncia insta a la Comisión Europea a actuar con rapidez, subrayando la gravedad del incumplimiento y su impacto en medidas cautelares que afectan a los denunciantes con una carga económica superior a los 9,5 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas publicó una providencia que menciona las indicaciones del TJUE pero no aplicó la ley de amnistía de manera inmediata, otorgando un plazo de 10 días a las partes para presentar alegaciones. El escrito de denuncia resalta que la conducta del Tribunal de Cuentas ha infringido el artículo 4 del tratado de la Unión Europea, que establece la obligación de los estados miembros de evitar decisiones que puedan comprometer los objetivos de la Unión.
La denuncia enfatiza que el incumplimiento deliberado de una sentencia del TJUE por parte de un órgano jurisdiccional español, acompañado de una tergiversación pública, afecta negativamente al valor del Estado de Derecho fundamental para la Unión Europea. La respuesta de la Comisión Europea será crucial para determinar los próximos pasos en este complejo asunto legal y político. |
