La normativa aprobada establece que no se cumplirán los acuerdos ni siquiera si aparecen reflejados en los Presupuestos Generales del Estado

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86 de la Ley General Presupuestaria, de 2003. El objetivo de este Acuerdo es armonizar la aplicación de las disposiciones relativas a las subvenciones gestionadas con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ordenando los trámites preceptivos con el fin de dar transparencia al procedimiento.

De esta forma, una vez aprobados por la Conferencia Sectorial los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución efectiva, y en todo caso con carácter previo a que se apruebe el Acuerdo del Consejo de Ministros, se requerirá informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cada una de las Comunidades Autónomas que hubiesen incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de regla de gasto.

El Acuerdo de Consejo de Ministros sólo podrá formalizar la distribución de créditos a las Comunidades Autónomas que cuenten con informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el caso de que el informe sea preceptivo. Esta formalización podrá ser por el importe total o bien establecer una reserva de créditos no distribuidos. Mientras no se suscriba el convenio o se apruebe la resolución unilateral, no se crea derecho alguno a favor de las Comunidades Autónomas. Podrá darse traslado de las presentes Instrucciones a las Comunidades Autónomas a efectos informativos.

La Administración del Estado deberá hacer frente al pago de aquellas obligaciones que deriven de los acuerdos o convenios ya firmados, y en los que se hayan cumplido las condiciones en ellos establecidas; pero, en ningún caso, viene obligada a firmar nuevos convenios o acuerdos de distribución de créditos en Conferencia Sectorial por el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado figuren dotados créditos a ellas destinadas.