Presenta recomendaciones al Gobierno, la CNMV y el Banco de España

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado un estudio que formula nuevas recomendaciones para ayudar a solucionar la situación de los miles de pequeños ahorradores que invirtieron en participaciones preferentes y que no han podido recuperar su dinero, ni han obtenido compensación alguna.

Una de las principales conclusiones de este estudio es que estas personas se han visto perjudicadas por una actuación inadecuada e improcedente por parte de algunos bancos, y muy especialmente cajas. A ello hay que añadir que la mayoría de las decisiones de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) no han sido respetadas ni aplicadas por sus destinatarios.

Además, mientras que las entidades financieras que tenían capacidad económica para ello han dado una solución satisfactoria a algunos ahorradores, existe un gran número de ellos que continúan sin obtener una vía para recuperar su capital.

La Institución ve positivo el acuerdo de creación de la “Comisión de seguimiento de los procedimientos de arbitraje” para las preferentes en entidades de crédito nacionalizadas. También considera un acierto la elección de los miembros de dicha Comisión al estar representados los conocedores de la materia como la CNMV, el Banco de España, el Instituto Nacional de Consumo, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Consejerías Autonómicas con competencias en consumo que han participado en los procesos de arbitraje, y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

El estudio del Defensor del Pueblo señala que las soluciones que se están ofreciendo no son universales y de las quejas recibidas se deduce además, que los afectados desconfían de las soluciones que se les proporcionan, ya que carecen de conocimientos para evaluar las implicaciones que pudieran conllevar.

Por todo ello, este estudio contiene varias recomendaciones que se han dirigido al Ministerio de Economía y Competitividad, a la CNMV y al Banco de España. Estas propuestas se dividen en paliativas y preventivas y algunas de ellas son una reiteración de las ya efectuadas en el pasado.

Entre las propuestas del Defensor del Pueblo destaca la apuesta por un arbitraje universal para todas las entidades intervenidas, que integre a todos los afectados por la comercialización de preferentes.

En opinión de la Institución, el órgano más idóneo para actuar en funciones arbitrales es la CNMV. Además, es imprescindible que el órgano o empresa encargado de la selección de los afectados con derecho a arbitraje sea independiente y que no haya tenido relaciones con una de las partes.

Asimismo, sería deseable que se publicite el procedimiento arbitral, para que los afectados tengan claro que se trata de una vía alternativa a la judicial.

La Institución aboga por establecer compensaciones a largo plazo evitando la pérdida de capital y derechos para que las personas que invirtieron con desconocimiento del producto que adquirían y de los riesgos que asumían, no pierdan sus ahorros.

Para los casos aún no resueltos, las entidades financieras y los inversores se deberían comprometer a aceptar como vinculantes las decisiones de la CNMV, evitando la acción judicial.

Entre las medidas preventivas, el Defensor del Pueblo cree necesario dotar de mayores competencias a la CNMV para adoptar medidas cautelares cuando estime que la normativa no ha sido respetada.

La Institución recomienda que las entidades cuenten con un filtro de los órganos decisores de las entidades financieras para la distribución de los productos complejos y de alto riesgo a través de sus sucursales. También se considera necesario implantar un proceso de validación y etiquetado de productos, aprobado por la CNMV, que permita al cliente seleccionar los adecuados a sus necesidades y descartar los no idóneos. Tal y como ya ha recomendado la Institución en el pasado, una posibilidad sería un sistema con indicadores sencillos y claros, que permita distinguir los productos por su riesgo y por su complejidad, sin tener conocimientos técnicos.

Otra de las propuestas del Defensor del Pueblo es que la CNMV apruebe unos modelos de contrato marco para las relaciones inversor minorista con las sociedades de inversión.

Además, el Defensor del Pueblo también considera importante que se mejore la transparencia en las relaciones del sistema financiero con sus clientes y que se establezca un periodo de reflexión previo a la contratación de determinados productos que permita al inversor adoptar una decisión más y mejor informada. A la mejora de la transparencia ayudaría también un código vinculante de buenas prácticas para las entidades financieras y sociedades de inversión que operan en el mercado de valores.

En opinión de la Institución hay que lograr que la remuneración de los empleados bancarios no entre en conflicto con la obligación de proteger el interés de los clientes y que sólo se obtengan comisiones o mejor salario por la gestión responsable.