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08 Jul 2013 |
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Hasta ahora el único responsable era el EstadoEl Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Tras la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, todas las Administraciones Públicas, cada una según sus competencias, han de cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de la Unión Europea. No obstante, ante la Unión Europea el Estado, como Reino de España, es el único responsable por el incumplimiento de estas obligaciones, incluso cuando no tiene capacidad para evitar el incumplimiento por carecer de competencias en la materia. Para derivar la responsabilidad hacia la Administración responsable del incumplimiento, el artículo 8º y la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera consagraron el principio de responsabilidad individualizada de cada Administración. En desarrollo de dichas previsiones, mediante el nuevo Real Decreto se establece, por primera vez en el ordenamiento jurídico español, un sistema general de reparto de responsabilidades entre Administraciones ante cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho europeo, así como el procedimiento para hacerlo efectivo. El Real Decreto cuenta con un procedimiento general, aplicable a cualquier tipo de Administración y entes públicos y ante cualquier incumplimiento de Derecho europeo, transparente y con todas las garantías, que permite que cada Administración asuma la responsabilidad que le corresponda por incumplir obligaciones europeas. Es un procedimiento eficaz y ágil que fomenta la resolución anticipada y convencional. Además, se mejoran las garantías de pago por parte del sujeto realmente incumplidor, lo que contribuye a un reparto más equitativo de responsabilidades. En el caso de no producirse el pago voluntario, el pago de la deuda se encuentra garantizado mediante la compensación, deducción o retención en el sistema de financiación. Con ello, España refuerza el cumplimiento de sus compromisos europeos, al implicar a todas las Administraciones y converge con el resto de países europeos territorialmente descentralizados. Los principales aspectos contenidos en el Real Decreto son las siguientes:
Con la nueva normativa se hace efectivo el principio de responsabilidad, ya que cada Administración deberá responder de sus decisiones y se genera una mayor seguridad jurídica, a la vez que se mejora el cumplimiento de nuestros compromisos europeos y la imagen de España en el exterior. Para la elaboración del Real Decreto se ha contado con la opinión de las Comunidades Autónomas, así como de las Entidades Locales. |