“Sus problemas financieros con Hacienda y la Seguridad Social son culpa del impago de las administraciones”, explica la Defensora

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, celebra que la ampliación del Plan de Proveedores, aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con Problemas Financieros, recoja varias de las propuestas formuladas por la Institución que dirige.

En marzo de este año, la Defensora recomendó al Gobierno que garantizase la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas con medidas que faciliten el pago de las deudas que tienen contraídas con los proveedores y prestatarios de estos servicios.

El Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros amplía la definición de proveedor e incluye en el Plan de Pago a Proveedores los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, los convenios de colaboración y las transferencias de las Comunidades Autónomas o de los ayuntamientos a instituciones sin fines de lucro y asociaciones con fines sociales que desarrollen su actividad en el ámbito de la atención a menores, personas con discapacidad y tercera edad.

En opinión de la Defensora, las medidas aprobadas están en línea con lo que pedía la Institución que dirige y ayudarán al mantenimiento de los servicios asistenciales básicos que prestan las administraciones local y autonómica.

La Defensora aplaude también que la norma contemple la posibilidad de establecer aplazamientos en el pago de las deudas que los ayuntamientos tengan con Hacienda y con la Seguridad Social, pero propone que estas medidas se amplíen a las empresas y organizaciones que prestan servicios sociales básicos y que soportan la morosidad de estas Administraciones.