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02
Nov
2016
Jueces para la Democracia critica que la Fiscalía General del Estado no colabore en la causa argentina contra ETA PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Poder JudicialDenuncian que se ha enviado una carta a los Fiscales Jefes de las Audiencias Provinciales

"Hemos tenido conocimiento de la carta emitida sin ningún tipo de publicidad por la Fiscal General del Estado a los Fiscales Jefes de las Audiencias Provinciales de 30 de septiembre de 2016 a cuenta de las comisiones rogatorias remitidas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de la República Argentina en la causa en que se investigan delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la postguerra". Así comienza el comunicado en que Jueces para la Democracia denuncia lo que considera una "vulneración del principio de independencia judicial".

"Jueces para la Democracia muestra su sorpresa por dicho documento puesto que es difícil encuadrarla dentro de los instrumentos jurídicos de organización que recoge la Ley 50/1981, de 30 diciembre 1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ni siquiera lleva título la referida carta, recordando que la Fiscal General del Estado puede impartir a sus subordinados órdenes o instrucciones (art. 25) sin que dicha carta invoque ninguno de esos apelativos. Sin embargo, impone un criterio específico de informe a los fiscales involucrados en el despacho de estos asuntos, contra el principio de independencia (art. 7), mucho más allá del contenido de cualquier orden o instrucción, sólo referido a asuntos de servicio o al ejercicio de las funciones, no a su contenido", explican.

"Más allá del contenido jurídico de la citada carta, sobre lo que es de competencia de las autoridades judiciales encargadas de prestar asistencia, Jueces para la Democracia quiere recordar a la Fiscalía General del Estado que está obligada constitucionalmente por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (BOE nuìm. 170, de 17 de julio de 1990), cuyo art. 28 exige prestar asistencia mutua en materia penal incluso cuando por cualquier razón los hechos no sean punibles, o, como dice la Fiscalía General del Estado, los responsables estén muertos, haya prescrito el delito o esté amnistiado. El único límite para denegar la asistencia es que no haya un “interés de la Justicia”. Y en este caso hay un demostrado interés por la Justicia. Desde Jueces para la Democracia queremos recordar una vez más, en este caso a la Fiscalía General del Estado, que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU viene instando al Estado Español a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía y a los responsables directos de la administración de justicia, jueces y fiscales, a que se personen en las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojen. Seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados", afirma la Asociación.

"Jueces para la Democracia, como asociación judicial comprometida con la defensa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos, vuelve a expresar públicamente en esta ocasión su compromiso con los familiares y asociaciones de familiares de desaparecidos para garantizar sus derechos, y denuncia los incumplimientos del actual gobierno español de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica. Ello está llevando no sólo a la impunidad por los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que queden materialmente sepultados en el olvido. Desde Jueces para la Democracia queremos denunciar la insensibilidad de la Fiscalía General del Estado y recordar que nuestras instituciones estatales siguen haciendo dejación de sus funciones y permiten que sigan existiendo decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y que se dé cumplido homenaje y protección a todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista", concluyen.

 

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