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22
Sep
2020
Sánchez deja fuera del Decreto del Teletrabajo a los que están teletrabajando durante la crisis PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaLa empresa se hará cargo de los insumos, el teletrabajo no tendrá por qué hacerse desde el domicilio habitual y negarse no podrá ser causa de despido

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que regulará el trabajo a distancia, que queda definido como aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, durante un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que esta normativa supondrá un cambio de paradigma en las relaciones laborales en nuestro país y en la metodología productiva: "Es un auténtico proceso de modernización y nos coloca en la vanguardia de las legislaciones europeas".

Díaz ha reconocido que había un vacío legal al respecto, ya que la única referencia al trabajo a distancia estaba en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. La ministra ha señalado que, a pesar de ello, y de no gozar de las condiciones necesarias, más de tres millones de trabajadores han estado teletrabajando durante la pandemia, demostrando que esta modalidad aumenta la productividad "y sin duda, aumentará también la competitividad de la economía española".

La ministra ha agradecido la implicación de los agentes sociales en la negociación para acordar esta nueva regulación y sus aportaciones a una cuestión "técnicamente compleja".

Yolanda Díaz ha explicado que el trabajo a distancia tendrá carácter voluntario. Esta modalidad no podrá ser impuesta ni por el empresario ni por el trabajador, y el acuerdo al que se llegue al respecto será reversible.

La ministra ha destacado que este ejercicio de la reversibilidad, así como la negativa a trabajar a distancia o las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia -exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia- no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Los gastos vinculados al desempeño del trabajo a distancia -equipos, herramientas, medios y consumibles- serán a cargo de la empresa. El lugar que se elija para trabajar a distancia no tendrá por qué ser necesariamente el domicilio del trabajador, y quedará garantizado el derecho a la desconexión. "El acuerdo que rija la relación laboral fijará el tiempo de disponibilidad y se respetarán los derechos de registro horario y conciliación", ha explicado Díaz.

La ministra ha afirmado que los derechos laborales serán los mismos en las modalidades presencial y a distancia -formación, promoción, prevención de riesgos laborales y del acoso laboral o sexual, entre otros- y que el mecanismo de representación colectiva se adaptará a la nueva realidad digital.

La norma contempla un plazo de 20 días tras su entrada en vigor para que las empresas puedan adaptar las nuevas condiciones a sus usos de organización. En el Real Decreto-ley se contempla también la prórroga para el Plan MeCuida hasta el 31 de enero de 2021.

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha adelantado que próximamente el Consejo de Ministros aprobará la regulación del teletrabajo para los más de tres millones de empleados de públicos de las distintas administraciones, tras haberse acordado los términos en la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

El Ejecutivo ha acordado la modificación del Real Decreto 20/2020, por el que se establece un Ingreso Mínimo Vital (IMV), para agilizar la tramitación y concesión de esta prestación.

Una de las medidas es la eliminación del requisito previo de inscripción de los solicitantes en los servicios públicos de empleo: "Será una obligación a posteriori que se podrá cumplimentar en los seis meses siguientes al reconocimiento de la prestación", ha dicho Montero.

Se suprime también documentación a aportar por los solicitantes, que será obtenida por la Administración a través del cruce de los datos del padrón, y se facilitará que los beneficiarios actuales de ingresos mínimos por parte de comunidades autónomas pasen a serlo también del IMV.

Asimismo, ha continuado la portavoz, se amplía hasta los seis meses el plazo para resolver las solicitudes y se garantiza la tramitación de todas las recibidas hasta la actualidad. Tanto estas como las que se presenten hasta final de año tendrán efectos económicos retroactivos desde el 1 de junio, si en esa fecha se cumplían todos los requisitos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, uno de los compromisos contenidos en la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental del pasado 21 de enero.

Los objetivos de este Plan son, ha citado la portavoz, "construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, y capaz de anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante".

Concretamente, el Plan contiene 81 líneas de acción organizadas en 18 ámbitos de trabajo como los de salud humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y medio marino, protección forestal, lucha contra la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.

El Gobierno ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar, en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, hasta 1.101 ayudas para contratos predoctorales, por un importe superior a los 108 millones de euros. Estas ayudas son por cuatro años y están destinadas a que los investigadores predoctorales realicen sus tesis doctorales en proyectos de investigación de grupos con solvencia científica y académica pertenecientes a universidades y organismos públicos de investigación y otros centros de investigación.

El impulso a la ciencia, ha afirmado Montero, es "imprescindible para salir de esta situación de la pandemia sanitaria y seguir conquistando cotas de valor añadido e innovación en nuestro tejido productivo".

El Ejecutivo ha aprobado una Declaración internacional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra el 23 de septiembre, y una Declaración Institucional para reiterar el compromiso del Gobierno con los objetivos de la Agenda 2030 en el quinto aniversario de su aprobación, el 25 de septiembre de 2015, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Montero ha asegurado que erradicar la explotación sexual y la trata, que afectan especialmente a las mujeres -el 80% de las víctimas- es una tarea prioritaria para el Gobierno.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha referido al acuerdo alcanzado ayer, tras una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para crear un espacio de cooperación que permita tomar medidas específicas para frenar la expansión del COVID-19 en esta comunidad autónoma.

Illa ha afirmado que la reunión ha sido "muy positiva para actuar con determinación y tomar el control", y la ha enmarcado en la "relación constante, permanente y fluida" que mantiene el Gobierno con las comunidades autónomas para la gestión de la pandemia.

El ministro ha explicado que ayer mismo se celebró la primera sesión de trabajo del Grupo COVID-19 creado al efecto, en el que él participa junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Illa ha señalado que este Grupo cuenta con dos unidades técnicas de apoyo, que también han comenzado a reunirse, y que tendrá un portavoz técnico único, todavía sin designar.

La portavoz del Gobierno ha anunciado que el presidente, Pedro Sánchez, viajará a Bruselas para mantener reuniones bilaterales previas a la reunión extraordinaria, jueves y viernes, del Consejo Europeo. En la cumbre, ha avanzado Montero, se abordarán cuestiones como la relación de la Unión Europea con Turquía y China, el mercado interior y la Agenda Digital.

Montero ha señalado que los recursos que lleguen desde Europa para la recuperación frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19 (Próxima Generación UE) deben ser aprovechados a través de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados y adaptados a la actual realidad económica.

"Necesitamos salir del bloqueo presupuestario en el que nos encontramos desde hace ya dos años", ha manifestado, y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para conseguir aprobar unas nuevas cuentas.

La Comunidad de Madrid ha organizado una jornada conjunta con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los agentes sociales de la región, con la que concluyen los actos que se han celebrado en el último año en toda España para conmemorar el centenario de este organismo de la ONU, fundado en 1919. La jornada, celebrada bajo el título El trabajo del futuro, ha sido inaugurada por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez; los secretarios generales de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, y UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y el presidente de CEIM, Miguel Garrido.

Esta jornada supone la primera colaboración directa entre la Comunidad de Madrid y la OIT, que lleva más de un siglo trabajando para promover los derechos en el trabajo, fomentar oportunidades de trabajo decentes y avanzar hacia un mercado laboral más justo, inclusivo y seguro.

Precisamente la seguridad ha sido uno de los elementos centrales de la jornada, en la que han participado el director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, y distintos responsables laborales de la Administración, la patronal y los sindicatos. Durante las distintas intervenciones y la mesa redonda que han conformado esta jornada, los ponentes han reflexionado sobre las claves para asegurar el futuro del trabajo en el contexto provocado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Todas las intervenciones han destacado la necesidad de intensificar la colaboración entre administraciones y agentes sociales para afrontar los nuevos desafíos del mercado laboral, Además, se ha puesto en valor la importancia de las políticas activas de empleo y de la formación para aprovechar el capital de los trabajadores con más experiencia, al tiempo que se ha incidido en la necesidad de formar y dar oportunidades al talento joven de los madrileños.

En este sentido, el consejero ha destacado la inversión de 120 millones de euros de la Comunidad de Madrid para desarrollar cursos de formación en distintas especialidades para trabajadores desempleados y ocupados, o los más de 100 millones en ayudas para autónomos y pymes e incentivos para la contratación indefinida de desempleados y trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de las empresas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus tenga carácter general y no excluya a ningún sector de la actividad económica. Así se lo ha trasladado el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, durante la reunión que ha mantenido con el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, para tratar distintos asuntos relacionados con los efectos del COVID-19 en el mercado laboral.

Durante el encuentro, Giménez ha considerado “de vital importancia para los trabajadores de la región” no solo que se materialice cuanto antes la prórroga de estos expedientes –que expiran el próximo 30 de septiembre-, sino que su extensión llegue a todas las empresas que los han solicitado, independientemente de la actividad a la que se dediquen. Una extensión a la que, en opinión del Gobierno regional, no se debe poner una fecha tope, sino que debe estar vigente hasta que las empresas que los han solicitado recuperen unos niveles de actividad suficientes para asegurar su viabilidad y mantener sus plantillas.

El consejero también ha planteado la necesidad de que el Ejecutivo central concrete si las prestaciones por desempleo asociadas a estos expedientes consumirán prestaciones futuras en caso de prórroga y si, pasados los primeros seis meses, se va a mantener el pago del 70% de la prestación en vez de reducirse al 50% que marca actualmente la ley. Igualmente, ha exigido que haya fondos disponibles para que los sectores que tengan especiales dificultades para recuperar la actividad previa a la pandemia puedan afrontar su reconversión productiva hacia otras actividades.

Además del futuro de los ERTES, Giménez y Pérez también han tratado otros asuntos relacionados con la formación, la Inspección de Trabajo o la conciliación. En este último capítulo, el consejero ha vuelto a reiterar que la Comunidad de Madrid considera imprescindible que los progenitores cuyos hijos hayan dado positivo en una prueba PCR o tengan que guardar una cuarentena por haberse registrado un positivo en sus aulas, puedan acceder a una baja laboral retribuida a cargo del Estado para cuidarlos.

 

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