Consideran que es inconstitucional

El próximo miércoles 12 de abril el portavoz de El Jacobino Guillermo del Valle presentará una carta al Defensor del Pueblo solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2023, por la que se prueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026.

La plataforma sostiene que, históricamente, la cuantía del cupo se ha calculado de forma opaca y ha dependido de la negociación política, no del cálculo técnico, a causa de la dependencia gubernamental de los partidos nacionalistas. Este hecho ha provocado un privilegio para los ciudadanos residentes en el País Vasco que aportarían a la solidaridad ciudadana e interterritorial mucho menos de lo que correspondería, según señalan técnicos y expertos, algo que indigna a un creciente número de ciudadanos.

El Jacobino destaca que, como organización de izquierdas, no se puede hacer caso omiso al privilegio fiscal foral que tienen las CCAA de País Vasco y Navarra con el Estado, que vulnera principios constitucionales esenciales y afecta a la redistribución y la igualdad de oportunidades. El cálculo del cupo pese a estar amparado en la Constitución, es obtenido a través de un procedimiento que se caracteriza por el privilegio y la asimetría. El Jacobino dice sentirse en la obligación de señalar la contradicción con principios constitucionales fundamentales como la igualdad ciudadana y el principio de solidaridad interterritorial recogidos en los artículos 138.1, 138.2 y 139.1, entre otros.

El clima general de competencia fiscal entre regiones al que se ha unido de forma clamorosamente irresponsable las CCAA de régimen común, es una seria amenaza para la igualdad territorial, social y económica y para el imprescindible sostenimiento de un Estado social impugnado desde diversos flancos.

Del mismo modo, El Jacobino denuncia que las políticas de fundamentalismo de mercado encuentran enormes incentivos en un sistema fiscal descentralizado en el que la capacidad normativa de tantos tributos se ha transferido a las CCAA, abocando ese vaciamiento competencial en materia de fiscalidad a una competencia desleal y a un ‘dumping fiscal’ interno insostenible.