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23
Nov
2020
La Comunidad crea un Centro de Educación para Adultos en la cárcel de Estremera PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Estremera
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Foto cedida por CAMHasta ahora los presos estaban adscritos al Centro de Villarejo de Salvanés

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este curso un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Alcorcón y hará lo mismo en los próximos meses con un Centro de Educación de Personas Adultas en el establecimiento penitenciario Madrid VII Estremera de dicha localidad. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la creación jurídica de ambos centros docentes públicos, un trámite administrativo que da respuesta a las necesidades educativas de la región.

El nuevo IES Centro Integral de Formación Profesional a Distancia Ignacio Ellacuría es un complejo específico y de referencia de FP a Distancia que responde al reto de generar, difundir, conectar y compartir materiales didácticos de esta modalidad. El objetivo es potenciar un modelo de enseñanza basado en la tutorización personal y el acompañamiento.

La creación de este centro forma parte del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis del COVID-19, compuesto por un conjunto de medidas económicas y de empleo que persiguen normalizar y reforzar la prestación de los servicios públicos de competencia regional después de la pandemia.

El nuevo centro docente se ha puesto en funcionamiento este curso con una oferta variada de ciclos formativos a distancia y entre sus fines están, también, el diseño de los recursos metodológicos y el desarrollo de materiales didácticos y multimedia.

La enseñanza a distancia es la modalidad de Formación Profesional que cuenta con mayor proyección de futuro y persigue mejorar la cualificación, extender al máximo la oferta de FP y facilitar el acceso a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. De este modo, se potencia la inclusión social al favorecer que los ciudadanos puedan compatibilizar sus puestos de trabajo o sus situaciones personales con recibir una FP de calidad.

Además, la Comunidad de Madrid dispondrá en los próximos meses de un nuevo Centro de Educación de Personas Adultas ubicado en el centro penitenciario Madrid VII Estremera. Desde la creación en el 2008 de este establecimiento penitenciario, su actividad académica se había desarrollado a través del Centro de Educación de Personas Adultas Villarejo de Salvanés, con sede en la localidad del mismo nombre.

Este espacio, de carácter comarcal, estaba prestando servicio tanto a la población reclusa de la prisión como a diversas localidades del entorno, lo que hacía recomendable la creación de un nuevo centro educativo en el propio centro penitenciario.

Esta nueva infraestructura contribuye a dotar de mayor estabilidad a la plantilla educativa, a mejorar la organización y funcionamiento de las aulas y, en definitiva, a ofrecer un mejor servicio educativo al alumnado.

La Comunidad de Madrid destinará más de 6,1 millones de euros a la adquisición de 36.100 tablets que se distribuirán entre los centros educativos públicos y concertados, para dar respuesta a las necesidades de educación a distancia derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy el procedimiento de emergencia gracias al cual ha sido posible la compra de estos dispositivos.

Entre las medidas preventivas del contagio, se encuentra facilitar los medios necesarios para los docentes y, principalmente, al alumnado con dificultades de acceso a este material y conectividad en sus domicilios, con el fin de evitar acudir a los centros donde pueden contribuir a la transmisión de la enfermedad. Así, destacan estas tablets que permitirán seguir las clases virtualmente en el hogar. El reparto de estos dispositivos se dirige, principalmente, a los alumnos de Educación Primaria.

En esta misma línea, la Comunidad de Madrid ha destinado más de 13,75 millones de euros para adquirir 25.456 ordenadores para uso educativo, tanto por parte de los centros como de los alumnos. Esta inversión ha permitido la compra de 11.251 portátiles de 14 pulgadas, para ser distribuidos entre los centros donde se cursen estudios de los últimos cursos de Secundaria y Bachillerato, y 14.205 portátiles de 15 pulgadas para los alumnos de los últimos cursos de Primaria y 1º y 2º de ESO.

Asimismo, el Gobierno regional invertirá más de 2,7 millones de euros para 28.500 dispositivos gracias a la firma del convenio de colaboración con la entidad pública empresarial del Ministerio de Industria Red.es, que hace posible poner en marcha el programa Educa en Digital.

Este esfuerzo presupuestario hará posible dotar a los centros de 22.000 tablets con tarjeta SIM, 6.500 ordenadores con tarjeta SIM, así como de conectividad a los alumnos que se encuentren en una especial situación de vulnerabilidad para mejorar su acceso a las nuevas tecnologías, facilitando la igualdad de oportunidades entre todos ellos.

En total, la Comunidad de Madrid distribuirá 100.000 dispositivos para renovar el parque informático de los centros educativos de la región y garantizar que los alumnos puedan desarrollar la actividad educativa, ya sea de manera presencial o semipresencial. A estos se deben sumar los que los centros educativos con cargo a los fondos extraordinarios repartidos en septiembre han adquirido directamente.

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado 12 de noviembre el Proyecto de Ley de reconocimiento de la duodécima universidad privada, la «Universidad Internacional de la Empresa», en contra del criterio del Consejo Universitario de Madrid, de los rectores de las universidades públicas y del conjunto de la comunidad universitaria. Es un nuevo paso en su apuesta por la «privatización» de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.

CCOO ha rechazado la creación de una nueva universidad privada en la región, la denominada «Universidad Internacional de la Empresa», cuyo Proyecto de Ley para su creación fue aprobado en la Asamblea de Madrid en la sesión plenaria del pasado 12 de noviembre. La decisión fue tomada a pesar de haber recibido los informes negativos del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid y de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, preceptivos, pero no vinculantes, en una nueva apuesta por la «privatización» de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.

Se trata de la cuarta universidad privada que propone el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos quince meses, tras la aprobación el pasado 7 marzo de 2019 por parte de la Asamblea de Madrid de la creación de tres nuevos centros privados: “ESIC Universidad” y “Universidad Internacional Villanueva”, vinculadas a organizaciones religiosas, y “CUNEF Universidad” (gestionado por la “Fundación de la Asociación Española de Banca” –AEB-).

La promotora de esta nueva universidad privada es la entidad “ONTREO PLUS, S.L.U.”, perteneciente al Grupo Planeta de Agostini que, con esta iniciativa, pretende establecerse en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid e impartir enseñanzas de carácter presencial. Esta propuesta de nueva universidad supone, en la práctica, la transformación en universidad privada del “Centro de Educación Superior EAE Madrid”, adscrito actualmente a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). De esta forma, el Sistema Universidad Madrileño pasa a estar integrado por:

  • Seis universidades públicas que cuentan además con veintitrés centros privados adscritos (dos de ellos ya reconocidos como universidades privadas, a la espera de la aprobación del inicio de actividades).

  • Doce universidades privadas autorizadas, incluyendo a esta nueva universidad en proceso de autorización.

  • Estas universidades privadas cuentan, además, con seis centros privados adscritos a éstas.

  • Siete universidades privadas extranjeras autorizadas para impartir sus enseñanzas en la Comunidad de Madrid.

  • Tres centros adscritos a universidades de fuera de la Comunidad de Madrid, de las que dos son privadas y una pública.

  • Y una universidad privada cuya sede social se encuentra fuera de la Comunidad de Madrid, pero con campus en nuestra Comunidad (Pontificia de Salamanca).

Hace 24 años que se creó la última universidad pública en la Comunidad de Madrid (la URJC, en el año 1996), y desde entonces se han creado y autorizado, contando con esta última, otras siete universidades privadas. Y la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación ha manifestado su voluntad de seguir promoviendo nuevos proyectos de universidades privadas. Para CCOO la creación de estas nuevas universidades privadas no responde a las necesidades reales del Sistema Universitario de Madrid.

Con esta nueva universidad privada «no se atiende a ninguna necesidad estratégica del mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid, sino más bien todo lo contrario. Se plantea implementar titulaciones de grado y máster, que en muchos casos ya existen en las universidades públicas y privadas madrileñas, duplicando la oferta de titulaciones cuya demanda se encuentra atendida en estos momentos». Además, CCOO entiende que la oferta de títulos de esta nueva universidad resulta «totalmente insuficiente» para poder tener la denominación de «universidad», dada su limitada oferta académica, a la vez que no se fija ninguna proyección de reconocimiento internacional de calidad.

El incremento de universidades privadas viene a replicar la actual oferta formativa ya existente, atendiendo a los intereses económicos de los promotores de estas iniciativas, pero no a las necesidades reales del conjunto del Sistema Universitario de Madrid y mucho menos a las necesidades alumnado y del conjunto de la sociedad. Supone una competencia directa con las titulaciones ofertadas por las universidades públicas, integrantes del sistema público de la Comunidad de Madrid, del que, paradójicamente, es responsable el gobierno autonómico. Y, al tiempo, favorece el trasvase de alumnado del sistema universitario público al ámbito de las universidades privadas.

Desde CCOO reclaman que cualquier proyecto de creación de una universidad privada cuente necesariamente con la aprobación del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, así como con la racionalización del mapa de titulaciones, evitando la oferta innecesaria de un mismo título por una universidad pública y por un centro adscrito a ella o por una universidad privada. Las titulaciones de las universidades públicas deben tener carácter preferente. Se debe abrir un proceso de integración progresiva de las titulaciones que imparten los centros adscritos en las Facultades y Escuelas de las universidades públicas.

Asimismo, el sindicato exige que la mayor oferta de plazas de estudios universitarios reclamada por la sociedad madrileña, de ser el caso, sea ofertada con los medios propios de la Comunidad, de forma directa, y que no se acuda a fórmulas de «patrocinio» usando el prestigio de la institución pública para dar amparo a todo tipo de situaciones. La enseñanza superior no puede plantearse como una oportunidad de negocio, sino como un derecho del conjunto de la sociedad que debe ser atendido por las universidades públicas.

CCOO rechaza la creación de esta nueva universidad privada crecida al amparo de la universidad pública y cuya necesidad no se justifica más allá de los compromisos políticos o de otra naturaleza que puedan tener los promotores de esta iniciativa y aquellos que la respaldan

 

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