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07
Ago
2017
Otro miembro del equipo del PP de Cifuentes, el alcalde de Meco, a juicio por prevaricación PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Meco
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Foto cedida por Ayuntamiento de MecoJosé Luis Sanz se enfrenta a nueve años de inhabilitación por la adjudicación de una plaza de arquitecto hace siete años

Pocas horas después de publicar la denuncia contra Pedro Rollán por coacciones en el marco de un proceso electoral, el diario El País saltaba con otro escándalo que afecta a un cargo del equipo del PP de Cifuentes, el alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla, y es que, tal y como desvela el periódico, el Secretario Económico del PP madrileño acaba de ser citado a la vista oral de un juicio en el que se enfrenta a los cargos de prevaricación administrativa y nombramiento ilegal por la adjudicación de la plaza de arquitecto municipal del Ayuntamiento mequero en 2010.

Todo comenzaba en 2009, cuando el alcalde de Meco decidía prescindir de los servicios del arquitecto honorífico que llevaba veinte años prestando sus servicios en la localidad, sacando a concurso la plaza de arquitecto un año después. El arquitecto honorífico, Edmundo Hernando, se presentó a la plaza siendo consciente de que con su experiencia en el Consistorio no se le podía escapar, pero el tribunal le puso un “cero” en experiencia profesional que provocaba que la plaza se la llevase una “amiga del alcalde”, tal y como denuncia Hernando.

Ante semejante resultado, el arquitecto honorífico comenzaba un tortuoso camino judicial con más de un proceso abierto (además de la plaza de arquitecto, Hernando denunció la construcción de un restaurante en una zona protegida, un asunto por el que Carlavilla se encuentra imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio), que llevará ante los tribunales al alcalde de Meco.

Pero las aspiraciones de Hernando se venían abajo en 2015, cuando un juzgado de Alcalá decidía el sobreseimiento provisional de la causa, una decisión revocada ahora con la apertura de vista oral. En concreto, Carlavilla se enfrenta a nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público en la petición del Fiscal, una petición que se eleva hasta los quince años en la acusación popular. Además se pide la anulación de la convocatoria de plaza y de la resolución que entregaba el puesto. Carlavilla, por su parte, se defiende alegando que la ganadora no es su “amiga”, y que él no formó parte del tribunal que adjudicó finalmente la polémica plaza.



 

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