Se encuentran bajo investigación de las autoridades europeas por considerar que pueden aumentar el riesgo de trombos

Desde el próximo 1 de agosto ocho píldoras anticonceptivas saldrán del Sistema de Salud, lo que significa que sus precios dejarán de estar subvencionados por el Ministerio de Sanidad. Se trata de ocho marcas muy conocidas y de las llamadas de tercera generación, cuyo precio en el mercado es muy superior al de otras más antiguas. Precisamente esa es la razón que esgrime el Ministerio de Ana Mato para no incorporarlas al nomenclátor: las compañías que las producen no están dispuestas a rebajar su precio hasta el máximo de tres euros exigido por el Gobierno.

Sin embargo, hay otra razón de peso para cerrar la puerta del Sistema de Salud español a estas ocho pastillas. Según informaba la Agencia Europea del Medicamento el pasado mes de enero, estas pastillas de última generación se encuentran bajo revisión por la posibilidad de que aumenten el riesgo de trombos vasculares en las usuarias.

Los anticonceptivos en España están en el Nomenclátor desde hace más de 30 años. A la cartera de servicios se han ido incorporando todos los que han demostrado su seguridad y eficacia, siempre que los laboratorios fabricantes hayan adaptado sus solicitudes de precio a lo acordado en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que es la que fija los precios de los fármacos con financiación pública.

En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene financiados un total de 23 presentaciones de anticonceptivos orales, de las cuales tres corresponden a los llamados anticonceptivos de tercera generación. Todos ellos son de laboratorios que han adaptado sus precios a los últimos acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios, que ha establecido un precio máximo de financiación.

Algunos laboratorios que han preferido comercializar sus fármacos a precios mayores han retirado sus productos de la financiación. Esto no supone ningún perjuicio para las pacientes, puesto que se trata de una decisión de carácter económico. Además, los anticonceptivos que no están financiados no han demostrado ningún beneficio extra sobre los que sí lo están que justifique la comercialización a un precio mayor.

De hecho, existen en el mercado numerosos anticonceptivos hormonales autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que, sin embargo, nunca han sido incluidos en la financiación pública, por no estar interesados los laboratorios fabricantes.

Con estas medidas, el Ministerio cumple sus compromisos de sostenibilidad y de optimización de recursos. De este modo, antepone los intereses de los pacientes sobre cualesquiera otros intereses económicos.