Afirman que el 35% propuesto sólo supone un 13% de la deuda total

El comunicado de Plaza de España que emitía la sociedad la semana pasada no ha dejado indiferente a nadie. Si la oposición preguntaba al alcalde en el Pleno por el acuerdo con las constructoras, ahora es la Asociación El Molino de San Fernando la que analiza las condiciones, y lo hace para rebajar el optimismo: según la Asociación, el 35% de quita sólo supondría un 13% de la deuda total, siendo necesaria para la viabilidad de la sociedad una quita de, al menos, el 50%.

"Hace unos días, la sociedad mixta en concurso de acreedores PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL que preside el señor alcalde, lanzó un comunicado en el que aseguraba haber llegado a un acuerdo con algunos acreedores. El acuerdo consistiría en una quita del 35% y un aplazamiento de pago de la deuda durante cinco años. El impacto de este acuerdo sobre la deuda global es pequeño, 12 millones de euros si fuera con la totalidad de los acreedores ordinarios. O lo que es lo mismo, un 13 % de los 92 millones de deuda que tiene. Aunque, eso sí, permitiría desbloquear uno de los graves problemas que sobrevuela esta lamentable actuación municipal: el retorno de los realojados a sus viviendas, aunque lo harían en condiciones absolutamente precarias. Y todo ello se haría, además, sin haber aclarado la formidable confusión existente con las cuentas de la sociedad que el administrador concursal, lejos de haber esclarecido adecuadamente (como por otra parte es su obligación) ha contribuido a añadir más embrollo al realizar manejos contables de dudosa viabilidad con el solo objeto de inflar la masa activa", afirma la Asociación en un comunicado.

"Si hay algo que ha caracterizado la contabilidad de esta sociedad (además de los formidables retrasos en la aprobación de sus cuentas), es su escasa fiabilidad como se ha puesto de manifiesto con las disparidades existentes en sus estados contables. En cualquier caso, es evidente que el inventario de la masa activa sufre un claro y forzado exceso de acumulación artificiosa, que es preciso que la administrador concursal aclare debidamente por los intereses que se juegan los acreedores. Es el caso claro de la partida de Existencias valorada por la administración concursal en 80,1 millones de euros. Esta partida contiene tanto importes que fueron arrastrados en balances anteriores y que la administración cocursal ha dado por buenos, como por incorporaciones nada justificadas ordenadas por el propio administrador. En efecto, es el caso de 9,7 millones de euros procedentes de penalizaciones a las empresas constructoras, cuando tienen ambas empresas sentencias judiciales favorables que han desestimado tales penalizaciones. O 3,2 millones de cuentas a cobrar en concepto de subvenciones, cuando la ley prohibe, precisamente, pagar subvención alguna a sociedades en concurso de acreedores. Por su parte, también aparecen en la cuenta de Existencias el importe de las aportaciones hechas a la sociedad por el Ayuntamiento que, como todo el mundo sabe a estas alturas, consistieron en una plaza pública y otras aportaciones (como una concesión administrativa desconocida) que son claramente inexistentes. El importe total que aparece por estos conceptos (que son clara y legalmente irrealizables) lo es por 11,1 millones de euros. Otro tanto puede decirse de 8 millones que aparecen en el mismo capítulo, por el valor asignado a los locales comprados a la Empresa Municipal de Suelo, y que, si como parece finalmente se deshace dicha operación, también será necesario rebajar de existencias por dicho importe. O de otros 5,8 millones de euros que se corresponden con los inmuebles de las aportaciones realizadas al capital social por los propietarios afectados, que, como todo el mundo sabe también, fueron debidamente demolidos en el año 2009. A pesar de lo cual siguen figurando en el epígrafe de Existencias porque nadie cayó en la cuenta de que, al ser demolidos, era necesario también reducir el capital social puesto que se trataba de aportaciones no dinerarias. Por último, el administrador concursal se vio sorprendido con un total de 73 reclamaciones contra la masa concursal realizadas por los socios privados de la sociedad, reclamando como acreedores nada menos que un total de 45 millones. Es el contravalor por ellos reclamado en virtud del compromiso de retorno de los inmuebles que tenían comprometidos a través de los convenios de expropiación. Los mismos que la secretaria de la sociedad advertía al juez en su escrito, en el sentido de que ya no pertenecían a la sociedad, y que valoraban mediante tasación en 31,7 millones. Nosotros, más prudentes, los valoramos en unos 22,7 millones. Es evidente desde luego que ese compromiso de retorno está firmado y aprobado desde 2008, pero nadie lo ha contabilizado nunca. Y sin embargo ahora aflora, constituyendo por sí solo el nudo gordiano de este caso que aboca a la sociedad a su inevitable liquidación. Más del 50 % de esos activos no solo no puede ser vendido, sino que es preciso liberar de sus cargas amortizando anticipadamente las hipotecas que pesan sobre ellos, pues hay que adjudicarlos a los propietarios libres de cargas. Y, desde luego, tiene un impacto patrimonial real sobre el balance de la sociedad concursada y su cuenta de resultados, que el administrador no puede ignorar alegando que no ha habido incumplimiento. A menos que pretenda confundir a los acreedores", explica la Asociación.

"De acuerdo pues con lo anterior, y deducidas todas esas importantes cantidades acumuladas artificiosamente en la partida de Existencias, el importe realizable de esta partida no sería muy superior a 22,7 millones de euros, lo que sumado al resto de las partidas del activo corriente (incluidas las deudas del Ayuntamiento para con la sociedad que ascienden a 7,1 millones de euros), arrojaría un activo realizable total máximo y optimista (se trata de activos inmobiliarios, no hay que olvidarlo. Es decir, prácticamente invendibles al día de hoy), de 45,5 millones. Lo que supone que aplicado al importe del pasivo de 92,4 millones de euros según el administrador concursal, las pérdidas reales de la sociedad serían al día de hoy de - 46,9 millones. Es decir, más del doble del capital social. O sea, la quiebra necesaria", concluyen.