Ayuso sale en defensa de los médicos, mientras que el Gobierno cree que la situación es síntoma del modelo popular

El 47 aniversario de la Constitución de 1978 se conmemoró con una serie de actos institucionales que comenzaron el sábado a las 10:30 horas en la emblemática Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Este evento fue marcado por el solemne izado de la bandera nacional, organizado por el Estado Mayor de la Defensa.

La ceremonia inició con la llegada de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ambos fueron recibidos por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Tras los saludos protocolarios, los tres se dirigieron al podio ubicado en la Carrera de San Jerónimo para rendir honores de ordenanza.

Una vez finalizados los honores, el capitán de la compañía presentó novedades a Armengol y Rollán. Posteriormente, acompañados por el JEMAD, realizaron una revista a las tropas que se encontraban en la Carrera de San Jerónimo, mientras sonaba el Himno Nacional, interpretado por la Unidad Militar.

Después de la revista, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado tomaron sus lugares en la escalinata de la Puerta de los Leones para observar el izado de la bandera. Este acto fue llevado a cabo por seis militares que transportaron la bandera desde el interior del Congreso.

A continuación, un relator procedió a leer la efeméride conmemorativa del Día de la Constitución. Este momento fue significativo, ya que se recordó la importancia de la Constitución de 1978 en la historia democrática de España.

El evento continuó con un pequeño desfile que incluyó a más de dos docenas de militares de los tres Ejércitos, quienes marcharon por la Carrera de San Jerónimo. Este desfile simbolizó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la Constitución y los valores democráticos.

En el acto estuvieron presentes los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, y del Aire y del Espacio: Javier Varela Salas, Antonio Piñeiro Sánchez y Francisco Braco Carbó, respectivamente. Además, participaron presidentes y jefes de delegaciones de parlamentos iberoamericanos, quienes habían mantenido una reunión en el Congreso el día anterior para preparar el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

En la escalinata del Congreso, también se encontraban autoridades militares y miembros de la Mesa del Congreso y del Senado. Entre ellos estaban los vicepresidentes segundo y tercero, José Antonio Bermúdez de Castro (PP) y Esther Gil (Sumar), así como la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal (PSOE), y la secretaria cuarta, Carmen Navarro (PP). También asistieron el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, y la secretaria segunda de esta institución, María del Mar Blanco, entre otros.

El 47º aniversario de la Constitución española se celebró en un ambiente tenso debido a la situación política y judicial actual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió su gestión y la importancia de proteger la Constitución, mientras que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo acusó de ser el Gobierno que más ha atacado la Carta Magna en sus 47 años de historia. Feijóo también consideró peligroso que quienes critican una supuesta deriva autoritaria son a menudo herederos de la dictadura franquista. El evento se llevó a cabo sin la presencia de Vox ni de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno.

La jornada estuvo marcada por el conflicto legislativo debido a la pérdida de apoyos del Ejecutivo, lo que dificulta aprobar medidas clave como los Presupuestos Generales del Estado. En el ámbito judicial, la situación se complicó con la entrada en prisión de los últimos secretarios de Organización del PSOE y casos de corrupción que afectan a la familia del presidente.

Los socios del Gobierno mostraron una actitud de celebración mínima. Podemos afirmó que "hay poco o nada que celebrar" y criticó la situación de la vivienda en España. Vox, por su parte, rechazó participar en lo que consideran una anormalidad.

Varios presidentes autonómicos instaron al diálogo constitucional durante el evento. Desde la Comunidad Valenciana, se abogó por "recuperar puentes" tras las inundaciones. Aragón resaltó la importancia del consenso para sus presupuestos, mientras que Extremadura señaló que ya ha convocado elecciones por la falta de cuentas regionales. Asimismo, Murcia criticó la participación del candidato socialista en supuestas tramas de corrupción.

El evento también fue condicionado por una controversia institucional entre el Congreso y el Senado. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, decidió que el acto se llevara a cabo en la Cámara Baja, aunque este año correspondía al Senado. Además, no permitió el izado de la bandera en la Cámara Alta, rompiendo el compromiso rotatorio entre ambas instituciones y acentuando el malestar entre las dos cámaras. Sin embargo, Armengol y el presidente del Senado conversaron durante gran parte del acto, permitiendo diversas interpretaciones sobre la dinámica entre los líderes presentes.

En cuanto a la interacción entre los líderes, durante el evento se pudo observar cómo Pedro Sánchez saludó a los presidentes de ambas cámaras. No obstante, se notó una clara distancia entre él y Feijóo, quienes no se saludaron ni intercambiaron miradas durante la ceremonia. Además, el evento registró dos ausencias que generaron comentarios.

La celebracion estuvo marcada por un clima bastante crítico y la reflexión sobre las tensiones políticas actuales en España, lo que pareció desplazar la conmemoración solemne que habitualmente caracteriza este tipo de actos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó en el acto de izado solemne de la Bandera Nacional en conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española. Durante una rueda de prensa previa al evento, Ayuso criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones que, según ella, cuestionan la integridad de "todo el sistema sanitario" y, en particular, a los profesionales del Hospital de Torrejón de Ardoz. La presidenta autonómica se refirió a comentarios de Sánchez que sugerían que los audios del consejero delegado de la empresa gestora del hospital reflejan un modelo del Partido Popular que se basa en "hacer negocio con la sanidad pública para que ganen cuatro".

Ayuso defendió la gestión del Hospital de Torrejón, señalando que se ha llevado a cabo una nueva inspección, sumándose a las 40 inspecciones anuales que ya realiza el centro. La presidenta enfatizó que la intención es continuar con estas inspecciones para garantizar la calidad del servicio. Además, destacó que el hospital tiene una calificación media de 8,6 sobre 10 por parte de sus pacientes y comparó positivamente los tiempos de espera del hospital con los de otras regiones.

Isabel Díaz Ayuso subrayó que el Hospital de Torrejón ha incrementado su plantilla y la actividad médica, y hasta el momento no ha habido quejas significativas. En este sentido, rechazó las afirmaciones de Sánchez que ponen en duda la eficacia y la calidad del sistema sanitario, argumentando que tales comentarios son injustos y dañinos.

La presidenta también abordó acusaciones sobre el uso de material reutilizado en el hospital, lo que, según ella, implicaría negligencia por parte del personal sanitario. Ayuso rechazó asumir la responsabilidad por tales afirmaciones, defendiendo la profesionalidad y el compromiso de los trabajadores del hospital.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la Real Casa de Correos como el "kilómetro cero" de la "libertad" y la "convivencia". Hizo estas declaraciones antes del acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados. Esto ocurrió después de que el delegado del Gobierno mencionara que el evento del Gobierno regional se llevaría a cabo en "el kilómetro cero de las torturas y la represión en Madrid".

Ayuso expresó que le parece curioso y sospechoso que los socialistas, que decidieron que la Real Casa de Correos fuera la sede de la Presidencia de la Comunidad, ahora digan que es un lugar de torturas. Insistió en que es el "kilómetro cero" de la libertad y del color en las calles de Madrid.

Además, Ayuso criticó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmando que su gobierno depende de aliados cuestionables, como Bildu. Según ella, estos aliados desean que se fracture la convivencia y que el aniversario de la Constitución no se celebre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un llamado a la sociedad española en el Día de la Constitución, instando a "seguir caminando juntos" para evitar conflictos y divisiones que puedan llevar a "los peores episodios de la historia". Durante el acto conmemorativo por el 47º aniversario de la Constitución Española, Ayuso expresó su orgullo por la unidad que existió hace 47 años entre españoles de diversas procedencias y colores políticos, enfatizando la importancia de la aceptación y la convivencia en pluralidad.

Ayuso criticó la situación actual de España, que según ella favorece la creación de bandos y agravios. Manifestó su preocupación por que aseverar opiniones o tomar decisiones pueda resultar en ser considerado sospechoso o culpable. Advirtió que este ambiente es perjudicial y podría conducir a episodios históricos negativos, citando la fragmentación de la nación. También hizo hincapié en que ciertos nacionalismos en comunidades autónomas, con el apoyo del Gobierno, están promoviendo una ruptura sin frenos en el país.

La ministra de Sanidad, Mónica García, participó en un acto institucional en el Congreso de los Diputados para conmemorar el Día de la Constitución en España.

Durante su comparecencia, Mónica García realizó fuertes críticas hacia la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, atribuyendo los problemas en este centro a lo que ella denomina el "modelo del PP" (Partido Popular). En este sentido, dirigió sus acusaciones específicamente hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de actuar de manera contraria a los principios establecidos en la Constitución en áreas críticas como la vivienda, la salud y la educación.

García enfatizó que los problemas en el Hospital de Torrejón no son meramente incidentes aislados ni disputas entre directivos, sino que son una manifestación del modelo sanitario implementado por Ayuso en la Comunidad de Madrid. Según ella, este modelo favorece a centros privados como Ribera Salud y Quirón, que, según sus afirmaciones, están recibiendo un flujo de pacientes desde la sanidad pública hacia la privada.

La ministra presentó datos que ilustran este flujo de pacientes, señalando que el Hospital La Paz ha perdido 50,000 pacientes, mientras que la Fundación Jiménez Díaz ha ganado 85,000 y el Hospital de Torrejón ha incrementado su número de pacientes en 25,000. García argumentó que este movimiento de pacientes está vinculado a los 5,000 millones de euros que Ayuso ha destinado a Quirón y a los cientos de millones invertidos en el Hospital de Ribera Salud.

García también enfatizó que Isabel Díaz Ayuso ha "saltado" varios artículos de la Constitución, particularmente en lo que respecta a la protección de la salud, la vivienda digna y el derecho a la educación. En su discurso, mencionó específicamente tres artículos:

Artículo 43: Protección de la salud.

Artículo 47: Derecho a una vivienda digna y adecuada, y la oposición a la especulación.

Artículo 37: Derecho a la educación.

La ministra concluyó su intervención subrayando la importancia de que, en un día tan emblemático como el Día de la Constitución, Ayuso debería rendir cuentas sobre las violaciones a los derechos fundamentales que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid. García instó a la presidenta a reflexionar sobre su gestión y a actuar en conformidad con los principios constitucionales.

Esta confrontación entre la ministra de Sanidad y la presidenta de la Comunidad de Madrid refleja una creciente tensión política en el ámbito de la sanidad pública y la gestión de recursos en la región. Las acusaciones de García no solo ponen en tela de juicio la eficacia del modelo sanitario del PP, sino que también plantean interrogantes sobre el compromiso de la administración regional con los derechos constitucionales de los ciudadanos.