El Gobierno de Ayuso pasa al ataque contra Sánchez acusándole de “oportunismo político”

La Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Torrejón ha convocado una concentración en el Hospital Universitario de Torrejón. Esta manifestación está programada para el viernes 12 de diciembre a partir de las 18:30 horas y tiene como objetivo exigir que la gestión del hospital, actualmente a cargo del grupo Ribera Salud, sea asumida directamente por la administración pública.

La protesta se produce como respuesta a lo que la coordinadora califica como un "ejemplo de gestión peligrosa para la salud". Este sentimiento se intensificó la divulgación de audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart. La coordinadora ha enfatizado que las palabras de Gallart evidencian una tendencia preocupante en la gestión sanitaria, donde los pacientes son vistos como clientes y el principal objetivo es el beneficio económico. Este enfoque, según la coordinadora, pone en riesgo la salud de la población.

En defensa de la gestión privada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha señalado que ha realizado 40 controles en el Hospital de Torrejón en el último año. Además, el mismo día en que se hicieron públicos los audios, se envió un equipo multidisciplinar al hospital para llevar a cabo una investigación.

Los informes resultantes de esta investigación indican que la lista de espera en el hospital se encuentra en línea o incluso por debajo de la media de otros hospitales de la misma categoría (nivel 2). También se ha registrado un aumento en la actividad y en el número de profesionales disponibles en el centro. En un segundo informe, se concluyó que el Hospital Universitario de Torrejón cumple con los objetivos de calidad y seguridad del paciente establecidos por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), y se descartó la reutilización de productos sanitarios de un solo uso.

Uno de los integrantes de la Plataforma, IU, era mucho más contundente en otro comunicado: "La mala praxis histórica de las explotadoras del Hospital, siempre de la mano del PP, tiene como objetivo extraer el máximo beneficio a costa de la salud del pueblo y de la explotación de sus trabajadores, lógica consecuente con el punto de vista de una empresa privada requerida por los objetivos de máxima rentabilidad de los fondos de inversión presentes en su accionariado. La noticia exaltadora de las prácticas fraudulentas de la gestora del Hospital, que salta por la ineptitud de un torpe, es una más entre la multitud de ellas que salen de las enfebrecidas mentes de su equipo de explotación. La presión asistencial, cada vez más agudizada, produce retrasos alarmantes en los servicios y malas condiciones laborales del personal, alimentando la rotación permanente de profesionales en busca de mejores opciones. La voracidad, del equipo explotador, es tal que atienden preferentemente a pacientes de fuera de su circunscripción (mejor pagados) para aumentar la cuenta de resultados en perjuicio de los adscritos, la escasez de profesionales, el intento tercermundista de reutilización de material desechable, la contratación de autónomos, el manejo y mala atención de las citas y un largo etc. Unas condiciones muy cercanas se dan en la Sanidad Pública de toda España, aunque no se haya llegado a la privatización de hospitales (excepto en Valencia). Este incumplimiento de la CE en un Derecho ́Fundamental no es baladí, está demostrado que mata. Mientras tanto se destina alrededor del 6.6% del PIB a sanidad, muy inferior a países como Alemania (más del 10%). Y su gasto por habitante y en prevención es inferior a la media de la UE y otros países. Los servicios privatizados en sanidad representan una parte significativa del gasto total (cerca del 26-27%) y financiar lo mismo en la privada llega a ser hasta 6 veces más caro para la administración pública que hacerlo en la sanidad pública, este desvío de fondos, en favor de los amiguetes (por algo será) impide que puedan satisfacerse otras necesidades sociales. Mienten y manipulan las que dicen que este es el modelo del PP (Pedro “el trilero” entre otras). La LGS (de titularidad exclusiva del PSOE) en su Art. 90 abría la puerta a la privatización, fue la Ley 15/1997 (PP, PSOE, CIU, CC y PNV con la oposición de IU y BNG) la que estableció la colaboración Público-Privada, mantenida y alimentada por el PP-PSOE a toda costa, en palabra de ellos “es cuestión de estado”. Las medidas y protestas con argumentos parciales y superficiales además solo sirven para que algunas se justifiquen, parezca que están haciendo algo, es esclarecedora y formativa la amenaza de denuncia de MAS MADRID-PSOE el colmo del cinismo y del populismo ¿denuncias lo que estableces y mantienes con mano de hierro en las leyes? Produce escalofríos oír a la ministra del ramo dar como alternativa la colaboración pública-privada a la situación de los hospitales privatizados. La colaboración Publico-privada es la punta de lanza para la privatización total. Solo con la derogación de La Ley 15/1997 y del artículo 90 de la LGS podremos tener una Sanidad Pública justa y digna, acorde con la Constitución y los Derechos Humanos. Por la recuperación progresiva de los Hospitales y Servicios Privatizados por cualquier modalidad, con un plan para incorporar al funcionariado las plantillas actuales de dichos servicios. Por la creación de una industria farmacéutica pública. Por el cuidado de nuestras mayores con dignidad; Residencias con infraestructuras adecuadas y medicalizadas por el Servicio Nacional de Salud. Por un Servicio Universal adaptado a las convenciones internacionales, con gestión/control democrático. Por un plan de incorporación al Sistema Nacional de Salud de las Mutualidades", resumían.

Isabel Díaz Ayuso utilizó sus redes sociales para expresar su descontento respecto a las manifestaciones y campañas políticas que, según ella, están afectando a los profesionales del Hospital de Torrejón de Ardoz. La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó estas acciones como "cobardes" y defendió tanto a los trabajadores del hospital como a los pacientes que reciben atención en este centro.

Isabel Díaz Ayuso enfatizó su apoyo al personal del Hospital de Torrejón y a los pacientes, argumentando que no deberían ser el blanco de campañas políticas. En su mensaje, subrayó que el hospital es un lugar donde se salvan vidas y que existen otros espacios más apropiados para llevar a cabo protestas.

El mensaje de Ayuso también puede interpretarse como un llamado a la unidad en torno a la defensa de los profesionales de la salud, quienes, según ella, están realizando una labor esencial en momentos difíciles. Su postura sugiere que las disputas políticas no deberían interferir con la atención médica y el bienestar de los ciudadanos.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute aseguró que "todo se hace correctamente" en el Hospital de Torrejón y enfatizó que no ha habido alteraciones en la asistencia sanitaria. En su intervención, rechazó las críticas como "absolutamente desproporcionadas" y como un intento de un gobierno que enfrenta problemas de corrupción de desviar la atención de sus propios fracasos.

La consejera también mencionó que la situación actual se está utilizando para desviar la atención de la huelga sanitaria nacional, que considera sin precedentes. Criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, sugiriendo que será recordada negativamente por sus decisiones en relación con el sistema de salud.

Matute presentó datos que respaldan su defensa del hospital, indicando que las listas de espera en Torrejón son menores que la media de la Comunidad de Madrid, que a su vez son inferiores a las del resto de España. Específicamente, mencionó que las listas de espera quirúrgicas en Torrejón son de 42 días, en comparación con los 48 días de media en la comunidad.

Además, destacó que el hospital ha mejorado su actividad, reportando casi 100,000 consultas más y 700 operaciones adicionales en comparación con el año anterior. También se mencionaron las listas de espera para pruebas diagnósticas, que son de tres días en Torrejón, frente a los 57 días de media en la comunidad. La consejera criticó lo que calificó como una "vil falsedad" en torno al hospital, argumentando que se intenta crear caos y desconfianza entre la población. Matute destacó que no se han dado "órdenes directas" a los profesionales para actuar en contra de su ética.

Matute también mencionó que se han llevado a cabo inspecciones en el hospital, no solo en términos de asistencia, sino también en seguridad, calidad y docencia. Afirmó que las inspecciones recientes confirmaron que todo se realiza correctamente y que no ha habido alteraciones en la asistencia o actividad del hospital. La consejera expresó su indignación ante las acusaciones de que se reutilizaba material médico de manera inapropiada o que había restos humanos en las camas, considerándolas terribles y dañinas para la confianza del público en el sistema de salud.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín ha calificado esta situación como un "ejemplo de indecencia política". Su comentario refleja una crítica profunda hacia las prácticas que, según él, están desmantelando los servicios públicos en favor de las empresas privadas. Martín señala que esta situación no es nueva, pero el hecho de que se haya podido escuchar directamente a un responsable hablando sobre la priorización de beneficios económicos sobre la atención al paciente es particularmente alarmante.

El delegado del Gobierno ha responsabilizado a aquellos que han implementado políticas que favorecen el desmantelamiento de los servicios públicos. Según su perspectiva, estas decisiones están diseñadas para "engordar las cuentas de resultado de las empresas privadas", lo que implica una crítica a la privatización y a la gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.

Martín ha enfatizado que la ciudadanía ha tenido la oportunidad de escuchar, a través del audio, cómo se manipulan las listas de espera para asegurar resultados y beneficios para la empresa que gestiona el hospital. Este tipo de prácticas, según él, son inaceptables y ponen en riesgo la calidad de la atención médica que reciben los ciudadanos.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a ofrecer "muchas explicaciones" sobre este asunto. Además, ha subrayado la necesidad de que tome "muchas decisiones" para abordar la situación. Esta llamada a la acción sugiere que se requiere una respuesta clara y efectiva por parte del gobierno regional para restaurar la confianza en el sistema de salud pública y garantizar que los intereses de los pacientes sean la prioridad.