 Según los socialistas, el Pleno aprobó la transformación de una nave en suelo rústico en edificio residencial
La tranquilidad del pequeño municipio de Torres de la Alameda quedaba rota hace unos días tras la admisión a trámite en los Juzgados de Arganda de una denuncia y el comienzo del proceso de imputación de la actual alcaldesa, el ex alcalde y la ex concejala de Urbanismo en un presunto delito de prevaricación urbanística.
Según explicaban los socialistas en un comunicado, “el presunto delito de prevaricación urbanística, fue cometido por los Concejales del P.P. y A.C.O. que formaban el gobierno municipal en Torres de la Alameda, al consentir que se transformara, una nave agrícola/ganadera en un edificio residencial, todo ello en suelo rústico especialmente protegido y sin Licencia municipal de obras que amparase dicha transformación. Los hechos se iniciaron el 24/12/2008, cuando la Policía Local comunicó a la Concejala de Urbanismo Caridad de la Rosa Rodríguez, que se habían iniciado unas obras ilegales en suelo rústico que carecían de licencia municipal. El entonces Alcalde D. Valentín Márquez Romero (A.C.O.), supo de la reforma que se estaba llevando a cabo en la nave y en una vivienda contigua, carecían de la licencia municipal preceptiva, y a pesar de ello no hizo nada por restituir la legalidad”.
El Psoe de Torres explica también, a través de comunicado, que el asunto llegó hasta el Pleno Municipal: “Pero no solamente eran estos dos altos cargos municipales los que conocían la ilegalidad urbanística que se estaba cometiendo, sino que el resto de los Concejales del Equipo de Gobierno del PP y ACO también lo sabían, ya que en los Plenos del Ayuntamiento de Torres de la Alameda celebrados en los días 26-03-09, 30-04-09, 28-05-09, 25-06-09, 30-07-09, 24-09-09 y 26-11-09, en el turno de Ruegos y Preguntas, el Grupo Municipal Socialista comunicó de forma reiterada, la realización de esas obras ilegales, instando al Equipo de Gobierno a que actuara para restablecer la legalidad en materia urbanística. A pesar de ello, todo el equipo de Gobierno municipal incluida la Alcaldesa Clara Torre Ruiz (PP) prefirió hacer oídos sordos a esas denuncias, optando por mantener una actitud pasiva, y dejar que el paso del tiempo forzara una futura legalización de esas obras ilegales por hechos consumados”.
“Sin embargo, continúan los socialistas la Fiscalía remitió la denuncia al Juzgado de Arganda nº 4, el cual tras realizar las oportunas diligencias previas, ha dictado un Auto de fecha 26 de Octubre de 2012, que da inicio al Procedimiento abreviado (Nº 87/12), imputando a la actual Alcaldesa del municipio Dª Clara Torre Ruiz (PP)), a la ex-concejal de Hacienda Dª Manuela Gismero García (PP), al ex–alcalde D. Valentín Márquez Romero (ACO), a la ex– concejala de urbanismo Dª Caridad de la Rosa Rodríguez (ACO) y al actual concejal D. Raúl Cristóbal Barranco (ACO), por un presunto delito de PREVARICACION URBANISTICA, solicitando se realice un Juicio oral. Cabe señalar que el artículo 329 del Código Penal, incorpora un delito de prevaricación en relación con los delitos contra el medio ambiente, consistente en silenciar infracciones normativas de carácter general, permitiendo la comisión por omisión, es decir, no actuar cuando se está infringiendo normas en materia de ordenación del territorio, como ocurre en el presente caso, con la permisividad en la construcción de un edificio residencial en una zona rústica especialmente protegida. Tal conducta omisiva, ha causado un daño al medio ambiente, "consolidándose una realidad constructiva, como es un edificio residencial, totalmente contraria al ordenamiento jurídico urbanístico, máxime dado el grado de protección del suelo, que está clasificado como de especial protección en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del municipio de Torres de la Alameda. El artículo 408 del Código Penal dentro de los delitos contra la administración pública se centra en la omisión del deber de perseguir delitos.
“Se debió actuar y no se hizo y por ello, los Concejales del equipo de Gobierno, "que en su obligación de actuar no lo hicieron", habrían incurrido en el delito de una posible prevaricación medioambiental por "omisión dolosa e imprudente", "ya que existía una especifica obligación legal de actuar", concluye el Psoe de Torres. |
