Sólo han aplicado parcialmente 16 recomendaciones de las 19 exigidas en el anterior informe

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha constatado que las autoridades españolas deben intensificar sus esfuerzos para aplicar las reformas previstas encaminadas a reforzar los mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos ejecutivos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil).

En un informe de seguimiento publicado hoy, el GRECO concluye que, respecto a su informe de la quinta ronda de evaluación, adoptado en 2019, España ha aplicado parcialmente dieciséis recomendaciones y no ha aplicado tres.

En su informe de cumplimiento más reciente, aprobado durante su reunión plenaria de junio de 2025, el GRECO señala la falta de medidas decididas y resultados tangibles en relación con las recomendaciones formuladas respecto a los altos cargos ejecutivos del Gobierno central. Si bien se proponen mejoras a través de iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia, ya aprobado, y especialmente la Ley de Administración Abierta, todavía sin aprobar, su aplicación sigue pendiente.

El informe también destaca que la ausencia de formación sobre el Código de Conducta para las personas con altos cargos ejecutivos, así como los retrasos en la aplicación de una estrategia de integridad, ponen de manifiesto la necesidad de una acción más sistemática.

Las medidas de transparencia han mejorado con la entrada en vigor en España, el 1 de enero de 2024, del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, pero el GRECO expresa su preocupación por la duración de los tiempos de respuesta y el acceso público. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha adquirido más independencia, aunque su plena potestad sancionadora está aún pendiente de aprobación legislativa.

El GRECO señala que los esfuerzos para regular los grupos de presión todavía no se han materializado en la práctica, y el requisito de publicación de las agendas sigue siendo una asignatura pendiente. Además, es necesario reforzar las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos y los requisitos de declaración financiera, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. La Oficina de Conflictos de Intereses sigue careciendo de verdadera independencia y de presupuesto propio.

Además, el GRECO señala que no se ha tomado ninguna medida para reformar el procedimiento especial del sistema de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno (el llamado «aforamiento»). En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, el GRECO concluye que los progresos en la aplicación de sus recomendaciones han sido desiguales, con algunos avances, pero con deficiencias persistentes.

La Policía Nacional ha llevado a cabo evaluaciones del riesgo y actuaciones de supervisión, pero sigue faltando una estrategia anticorrupción específica. El Código de Conducta de 2013 sigue sin medidas de aplicación práctica, y la contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia. El GRECO reconoce los esfuerzos normativos en materia de formación policial, pero considera que las mejoras estructurales en lo que respecta a la ética y la integridad siguen siendo incompletas.

La Guardia Civil ha mostrado mayores progresos, en particular gracias al desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) y del Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP). Estas iniciativas introducen evaluaciones del riesgo y formación estructurada, con medidas de prevención de la corrupción integradas en estrategias más amplias. Sin embargo, aún quedan por adoptar algunas iniciativas clave, como el Protocolo de Buenas Prácticas.

El informe valora positivamente las mejoras en los mecanismos internos de denuncia y en la protección de los denunciantes tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, pero señala que sus regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados.

El GRECO concluye que España no cumple suficientemente las recomendaciones y pide a las autoridades españolas que presenten antes del 30 de junio de 2026 un informe sobre los progresos realizados en su aplicación. En aplicación de su reglamento interno, en el informe el GRECO invita al secretario general del Consejo de Europa a enviar una carta al ministro de Asuntos Exteriores de España para poner de manifiesto el incumplimiento de las recomendaciones y la necesidad de adoptar medidas contundentes para lograr avances tangibles lo antes posible.

A pesar de la contundencia del informe, el Gobierno sacaba pecho de los datos. El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, órgano del Consejo de Europa, constata que nuestro país ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones y reconoce los esfuerzos de iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia. El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano del Consejo de Europa, constata que España avanza en la prevención de la corrupción y ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones, tres más que en su última revisión.

El primer informe de la actual ronda de evaluación, iniciada en 2017, certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción tras dos legislaturas de inacción. Asimismo, evidenciaba que no existía una política anticorrupción sistemática, racionalmente planificada ni razonablemente evaluada. Sin embargo, desde ese primer informe, las evaluaciones realizadas por el GRECO han mejorado constantemente.

En la adenda publicada el 1 de agosto de 2025, se reconoce los esfuerzos realizados durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies, o el anteproyecto de ley de administración abierta, que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional.

Además, y en respuesta a su última evaluación, el Gobierno ha trasladado al Consejo de Europa la reciente presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, dotado de ambiciosas medidas en este ámbito, que se derivan de las recomendaciones formuladas por este organismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Comisión Europea. Asimismo, el Gobierno ha reiterado su firme compromiso con el GRECO, del que es miembro fundador, y el papel fundamental que desempeña en la lucha contra la corrupción. El informe se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad respecto de los miembros de los gobiernos centrales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En lo referido al primer bloque, el GRECO considera parcialmente cumplidas 8 de 10 recomendaciones. En su evaluación, valora positivamente avances como la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, que impone normas como la creación de un registro, establece obligaciones a los lobbies y prevé sanciones en caso de infracción. También celebra la futura limitación de las denominadas puertas giratorias para que los cargos públicos no puedan ejercer determinadas actividades privadas poco después de abandonar la política.

Asimismo, el informe valora positivamente los avances recogidos en el borrador del Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia. Y celebra que el Plan de Acción por la Democracia prevea la aprobación de un Real Decreto que incluirá una estrategia global de integridad.

En cuanto a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el informe constata avances y da por parcialmente cumplidas 8 de sus 9 recomendaciones. Entre otras iniciativas, valora positivamente el desarrollo del Sistema de Integridad de la Guardia Civil y del Plan de Acción de Ética Profesional. También celebra las evaluaciones de riesgos vinculados a la corrupción elaboradas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.