Se bonificarán el Impuesto de Transmisiones, el de Actos Jurídicos Documentados, y la adquisición de locales comerciales y plazas de garaje

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico bonificará el 100% de los tributos de gestión autonómica que están relacionados con la compra de una vivienda a los afectados por las obras de la línea 7B de Metro, en San Fernando de Henares, que han tenido que adquirir un inmueble.

Así lo ha avanzado durante la visita a la nueva área de descanso Pradera de la Virgen de la Peña del municipio de Rascafría. En concreto, se trata del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados y se aplicará también para la adquisición de un local comercial o plaza de garaje de segunda mano. El Gobierno regional ha calculado que hay unos 220 potenciales beneficiarios.

El objetivo es que esta medida se incluya en el proyecto de Presupuestos regionales de 2025. Se aplicará con carácter retroactivo desde el reconocimiento de la indemnización por los daños ocasionados con las obras de la línea 7B a su paso por el municipio y hasta los cuatro años posteriores.

La Comunidad de Madrid responde con esta exención fiscal a una de las peticiones más demandadas por las familias y vecinos perjudicados. De momento, ya se han abonado indemnizaciones patrimoniales por valor de 9 millones de euros, lo que supone que, de los 79 expedientes abiertos, se hayan pagado 63, mientras que el resto está en tramitación.

Igualmente, se ha creado este año una línea de ayudas de 500.000 euros para pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios que se hayan visto afectados y se encuentren en el perímetro formado por las calles Presa, Ventura de Argumosa, Rafael Alberti y Nazario Calonge, todas de San Fernando de Henares.

Las subvenciones están destinadas a cubrir las inversiones en infraestructuras y equipamientos para la recuperación y revitalización de sus negocios, incluyendo también gastos corrientes, como cuotas de hipoteca, alquiler, gastos de notaría, consultoría técnica o jurídica, o pago de seguros.

La Comunidad de Madrid cuenta con un Plan Integral de San Fernando de Henares, con más de 120 millones de euros, donde ya se han destinado unos 71 millones a gastos de alojamiento y manutención, además de a la atención ofrecida en la Oficina de Información en San Fernando de Henares. Igualmente, en este presupuesto se incluyen las obras de estabilización y consolidación del terreno, impermeabilización, reparación de superestructura y del sistema de drenaje, además de la demolición de edificaciones.

Tras conocer el anuncio de Ayuso, el Consistorio sanfernandino lo valoraba, y lo hacía para pedir, una vez más, soluciones definitivas. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares continuará reclamando “soluciones definitivas” por la “dignidad” del municipio ante la grave problemática creada por la Línea 7B de Metro, una infraestructura cuya única administración responsable y con competencias es la Comunidad de Madrid. “Vamos a seguir, como hemos venido haciendo desde 2019, aunque nos ataquen y quieran tapar esta situación, y le pese a quien le pese, porque es nuestro pueblo y es nuestra gente”, ha manifestado el alcalde, Javier Corpa; tras conocer el anuncio de bonificaciones fiscales realizado por la presidenta autonómica. Esta es una medida positiva que da respuesta a una demanda de los/as afectados/as y que también ha apoyado el Consistorio.

Recordar que, durante este mes de julio, el regidor municipal y el concejal de Planificación de la Ciudad y Desarrollo Sostenible (Urbanismo e Industria), Santos Rozalén; mantuvieron un encuentro con el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, a quien volvieron a exigir esta y otras medidas. Asimismo, el día 08 de julio tuvo lugar una masiva concentración convocada a instancias de los Ayuntamientos de San Fernando de Henares y Coslada. “Vamos a seguir en la calles, reivindicando; y en los despachos, llamando a todas las puertas, y ‘de la mano’ de las asociaciones y el tejido social, porque no queremos más parches (...). Llevamos más de 15 años sufriendo este drama”, ha asegurado el aludido, que volvió a reclamar “indemnizaciones dignas” para las familias.

La ciudad ha perdido dotaciones públicas como la Escuela Oficial de Idiomas, la Casa de la Mujer, un Centro de Juventud o una Sala de Exposiciones que era un referente; además del traslado de otras prestaciones. No obstante, el mandatario ha querido poner el acento en los/as vecinos/as, con el derribo de 41 viviendas, a las que se suman otras 14 que están siendo demolidas en estas semanas, y 18 más próximamente; con desalojos y vecinos/as que conviven con diversas afecciones.

Desde el Gobierno local se han solicitado tres importantes informes, relativos a la estabilización del terreno, a la salinidad y al flujo del agua que, todavía, no han sido remitidos por el Ejecutivo regional. “Reclamamos transparencia y total claridad, porque son muchas las personas que lo están pasando mal y queremos saber en qué punto nos encontramos, queremos certidumbres e información de primera mano, por parte de la administración responsable”, ha sentenciado Corpa.