Según el Consistorio, el polvo ha reaccionado con los productos químicos que había en el interior de El Pilar

Eran las 09:10 horas de la mañana de este lunes cuando Policía Local recibía una alerta sobre una explosición en el Complejo Dotacional ‘El Pilar’, donde la Comunidad de Madrid desarrolla, desde el pasado 6 de marzo, trabajos para la demolición de varias instalaciones que prestaban importantes servicios públicos en la ciudad. Estas intervenciones requieren de uso continuado de agua para reducir el impacto generado por el polvo que, al contacto con sustancias químicas que se encontraban en el interior de un edificio, han ocasionado reacción.

“No se puede vivir así, no se puede vivir con estos sobresaltos, con este miedo… los/as vecinos/as estan conviviendo con tres importantes focos: los derribos de ‘El Pilar’ y de las viviendas de calle Presa, y las inyecciones de mortero que, hace unas semanas, se extendieron hasta la calle Nazario Calonge. Nos encontramos con roturas de suministros y averías, alumbrado y vías en mal estado, ruido constante, vibraciones… y maquinaria de gran porte a escasa distancia de las casas”, ha manifestado el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa.

Asimismo, el regidor local ha reclamado al Gobierno regional, único responsable sobre la infraestructura de Metro, “un plan de actuación ya, con fechas y plazos concretos de ejecución, con información pormenorizada y planificación sobre estas intervenciones de gran calado; además del realojo voluntario y temporal de las familias”.

Para finalizar, el primer edil ha indicado que “esto es un caos”, y ha vuelto a dirigirse a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. “Hoy ha sido un susto, señora Ayuso pero, cualquier día, pasaremos a la desgracia porque cerca del lugar donde se produjo la explosión viven vecinos/as”, ha apostillado.

Corpa ha vuelto a reclamar la aplicación del Plan Integral aprobado en diciembre de 2021 en sede parlamentaria, una ‘hoja de ruta’ a seguir con soluciones integrales “y no más parches, que llevamos soportando desde hace 15 años”, y la puesta en marcha de una Ley regional que aporte garantías a los/as afectados/as y comerciantes “hasta el cobro de indemnizaciones dignas».