El Mundo entrevistó a trabajadores que desvelaron lo que ocurría dentro

Este fin de semana el Centro de Inmigrantes de Alcalá volvía a ser noticia, pues el diario El Mundo publicaba un amplio reportaje con testimonios de sus trabajadores, lo que ha provocado una enorme polémica, y volvía a poner en el candelero mediático a la alcaldesa complutense.

El Centro de Acogida de Emergencias y Derivación de Alcalá de Henares ha sido objeto de preocupación y denuncias por parte de sus trabajadores, quienes alertan sobre la saturación del recinto y la insuficiencia de medidas de seguridad. Este centro, diseñado para albergar hasta 1.800 personas, ha visto un aumento significativo en el número de inmigrantes que llegan desde Canarias, lo que ha llevado a la necesidad de improvisar soluciones para acomodar a los nuevos llegados.

En las últimas semanas, el centro ha recibido un número creciente de inmigrantes, muchos de los cuales son menores no acompañados. Se estima que cerca de 50 de estos menores están en el recinto, donde no se les permite salir. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estos menores son separados mientras se espera la verificación de su edad a través de pruebas radiológicas. Sin embargo, se ha señalado que algunos intentan hacerse pasar por menores para evitar ser trasladados a centros con condiciones más restrictivas.

La identificación de estos menores se complica debido a la falta de documentación o la presentación de pasaportes falsificados. Esto crea un desafío adicional para las autoridades, que deben asegurarse de que se cumplen los protocolos antes de determinar el destino de estos individuos.

Los trabajadores del centro han expresado su preocupación no solo por la saturación, sino también por la falta de recursos para garantizar la seguridad. Se ha informado de un número insuficiente de vigilantes por turno, lo que ha llevado a un aumento en los episodios de violencia entre los internos, así como al contrabando de tabaco y la venta de drogas. Los empleados se sienten "indefensos", llevando solo grilletes como medio de protección.

La frecuencia de las peleas y altercados ha generado un ambiente de tensión tanto para el personal como para los residentes. Los sindicatos han advertido que la situación refleja un modelo de gestión deficiente que no proporciona los recursos necesarios para un centro que originalmente estaba destinado a estancias cortas y derivaciones rápidas.

Desde el Ministerio, se ha negado la existencia de saturación en el centro, argumentando que está operando dentro de su capacidad prevista. Aseguran que la llegada de inmigrantes desde Canarias es parte de un proceso de redistribución habitual y que el centro está preparado para manejar aumentos temporales en la población acogida. Además, enfatizan que los menores no acompañados permanecen bajo control hasta que se verifique su edad.

Los residentes cercanos al centro han notado un aumento en la actividad en los accesos y han expresado su preocupación por la falta de información oficial sobre la situación en el interior del recinto. Aunque no se han reportado incidentes graves, la inquietud entre los vecinos continúa creciendo.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha manifestado su preocupación por la situación del macrocentro y ha solicitado al Gobierno central que refuerce la seguridad y la coordinación institucional. Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas sobre la gestión del centro, se insiste en la necesidad de una mejor colaboración para abordar los problemas derivados de la saturación.

La denuncia de los trabajadores, junto con la atención mediática sobre los recientes sucesos en Alcalá, sugiere que la gestión del macrocentro se convertirá en un tema prioritario en la agenda política, tanto a nivel local como nacional. Mientras tanto, el centro continúa recibiendo nuevos traslados desde Canarias, lo que plantea la posibilidad de que las tensiones internas sigan aumentando en un entorno que ya está al límite de su capacidad.

Los trabajadores del centro han señalado que la escasez de personal es un problema grave que impide manejar adecuadamente la situación dentro de las instalaciones. Esta falta de recursos humanos ha llevado a una incapacidad para contener las constantes peleas entre los residentes. Las peleas frecuentes dentro del centro son un indicativo de la tensión y el descontrol que se vive en el lugar. La situación se agrava con la llegada descontrolada de personas, lo que aumenta el riesgo de conflictos y desórdenes.

Otro de los problemas alarmantes que han denunciado los trabajadores es el tráfico de drogas en las instalaciones. Este fenómeno no solo afecta la seguridad de los residentes, sino que también pone en riesgo la integridad del personal que trabaja en el centro. Los trabajadores han afirmado que el centro está operando al límite de su capacidad. Esta sobrecarga no solo afecta la calidad de vida de los inmigrantes que buscan refugio, sino que también dificulta la labor del personal, que ya está sobrepasado.

La alcaldesa Piquet ha señalado que estas denuncias corroboran las advertencias que su administración y el Partido Popular han estado haciendo durante meses. En una aparición en el programa Espejo Público de Antena 3, Piquet afirmó que la situación en el CAED es insostenible, mencionando que el centro está "macrosaturado" y que la capacidad permitida se ha duplicado, lo que ha generado conflictos tanto dentro como fuera del centro.

Piquet ha enfatizado la necesidad de investigar la presencia de menores en el CAED, argumentando que deberían estar bajo la tutela de las comunidades autónomas y no en un centro para adultos en condiciones indignas. La alcaldesa ha insistido en que su denuncia no es ideológica, sino una respuesta a una situación concreta que afecta la seguridad y convivencia de los vecinos de Alcalá de Henares.

En contraste, el Ministerio de Inclusión y Migraciones ha defendido la gestión del CAED, afirmando que el sistema del centro es flexible y que, en este momento, hay camas libres. Sin embargo, no proporcionaron cifras exactas sobre el número de residentes, lo que ha llevado a Piquet a cuestionar la transparencia del Gobierno central.

El Pleno Municipal del 15 de julio aprobó una moción presentada por el Grupo Popular, que exige el cierre inmediato del CAED. Esta votación se produjo en un contexto de creciente presión mediática por parte de Piquet, quien ha utilizado diversas plataformas para comunicar su mensaje sobre la situación del centro.

La alcaldesa ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y al presidente Pedro Sánchez, reiterando su demanda de cierre del CAED. Piquet ha subrayado que su enfoque no es populista ni ideológico, sino que se centra en la seguridad y dignidad de los residentes y de los ciudadanos de Alcalá.

En medio de esta controversia, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares también ha estado trabajando en varios proyectos de infraestructura. Se han iniciado obras de transformación en la Avenida de Guadalajara, se está construyendo un nuevo aparcamiento en el barrio de Nuestra Señora de Belén y se ha aprobado un plan especial para la construcción de una nueva estación de autobuses interurbanos.

Además, se han implementado medidas para mejorar la seguridad y la accesibilidad en diversas áreas de la ciudad, incluyendo la renovación de la red de saneamiento y la mejora de espacios urbanos para facilitar el tránsito peatonal.

Piquet destacó que el macrocentro está operando con una capacidad que dobla lo permitido. Con una capacidad oficial de 700 plazas, el centro ha llegado a albergar hasta 1.680 inmigrantes, lo que genera una saturación alarmante. En la actualidad, se reporta que hay 1.129 residentes, lo que sigue superando la capacidad establecida.

Uno de los puntos más críticos que mencionó la alcaldesa es la presencia de menores en unas instalaciones que están destinadas únicamente a adultos. Esta situación fue confirmada por los propios trabajadores del centro, lo que añade un nivel de preocupación adicional respecto a la seguridad y el bienestar de los internos.

Judith Piquet criticó la "opacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Migraciones, señalando que no se proporcionan datos claros sobre la situación del centro. En particular, se quejó de la falta de información sobre el número de camas disponibles y el paradero de las 90 personas que salieron del centro el viernes anterior a su declaración. La alcaldesa enfatizó que los propios trabajadores del centro han denunciado las condiciones indignas en las que viven los internos, lo que refuerza su argumento sobre la necesidad de cerrar el macrocentro.