Envían una carta a Delegación de Gobierno

Este martes el Ayuntamiento de Alcalá de Henares envió una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que se expresa la resolución adoptada en el Pleno ordinario del 15 de julio. En esta comunicación, el Consistorio solicita el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) que se encuentra en la ciudad.

El Ayuntamiento argumenta que el CAED fue inaugurado a finales de 2023 sin la debida consulta o notificación previa al propio Ayuntamiento. Este hecho se considera una falta de comunicación que ha generado descontento entre los representantes municipales.

A pesar de que el CAED fue presentado como una solución temporal con capacidad para albergar a un número limitado de personas, el Consistorio destaca que ya han transcurrido casi 20 meses desde su apertura. Actualmente, el centro acoge a 1.400 personas, cifra que excede considerablemente la capacidad inicialmente prevista.

Desde el Ayuntamiento se señala que el centro está "sobredimensionado", ya que a lo largo de su funcionamiento han pasado más de 10.000 personas. Las condiciones de vida dentro del CAED son motivo de preocupación, ya que los usuarios se encuentran "hacinados en carpas" y carecen de actividades formativas o de ocupación, lo que les lleva a deambular sin rumbo por las calles.

El Consistorio también menciona que la presencia del CAED ha generado tensiones en diversos servicios municipales. Entre los problemas destacados se encuentran:

Recogida de Residuos: Aumento de la carga en el sistema de recogida de basura.

Instalaciones Deportivas: Presión sobre las infraestructuras deportivas locales.

Escuela de Adultos: Dificultades en la gestión y atención a los estudiantes.

Urgencias Sanitarias: Incremento en la demanda de servicios de salud.

Estas tensiones han provocado un malestar creciente entre los vecinos de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento hace hincapié en que la situación ha generado preocupación entre los residentes, especialmente tras un incidente grave que involucró una presunta agresión sexual por parte de un residente del CAED contra una joven de la ciudad a finales de junio. Este evento ha intensificado la inquietud y el descontento en la comunidad.

El Consistorio subraya que su postura refleja la voluntad de la mayoría de los vecinos, quienes se sienten fatigados por las molestias ocasionadas por el CAED. A pesar de las dificultades, el Ayuntamiento destaca el "comportamiento cívico y ejemplar" de la población local, que históricamente ha sido acogedora, tolerante y solidaria.

Finalmente, el Ayuntamiento concluye su carta advirtiendo que, mientras no se implementen cambios significativos en la política migratoria que incluyan un reparto equitativo de los recursos, una planificación "justa y razonable", y una adecuada identificación de las personas que son derivadas al CAED, mantendrán su petición de cierre de la instalación. Esta posición refleja una clara demanda por parte del Consistorio para abordar las preocupaciones locales y mejorar la situación en Alcalá de Henares.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó su apoyo a la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de la ciudad.

García Martín realizó sus declaraciones en una rueda de prensa celebrada en la plaza de República Argentina. En sus comentarios, destacó que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares había enviado una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Esta carta contenía una resolución aprobada el Pleno ordinario del 15 de julio, donde se solicitaba oficialmente el cierre del CAED.

El consejero subrayó que esta solicitud no es aislada, sino que se suma a otras cartas y peticiones previas tanto del Gobierno de la Comunidad de Madrid como de otros municipios. García Martín enfatizó que el Gobierno central y la Delegación del Gobierno deben tomar medidas para cerrar estos "macrocentros", que, según su opinión, no cumplen con las condiciones necesarias para atender adecuadamente a las personas que llegan a estos centros.

El consejero manifestó que la Comunidad de Madrid comparte la preocupación expresada por la alcaldesa de Alcalá de Henares, así como por otros alcaldes de la región, como el de Pozuelo y el del Ayuntamiento de Madrid. Reiteró que estos centros, que originalmente fueron concebidos como provisionales, deberían dejar de existir, dado que no son adecuados para el propósito que se les ha asignado.

García Martín hizo hincapié en que los centros de acogida de inmigrantes irregulares, que han sido establecidos por el Gobierno central, no están en condiciones de proporcionar la atención necesaria a las personas que llegan. Esto refleja una crítica más amplia sobre la efectividad y la adecuación de la infraestructura existente para manejar la situación de la inmigración en la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su preocupación por la falta de información sobre el número de inmigrantes y menores no acompañados (menas) en la ciudad. Esta solicitud se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha solicitado el cierre de un centro de acogida, lo que ha llevado a Almeida a demandar al Gobierno de España una comunicación más efectiva y regular sobre la situación migratoria en Madrid.

Almeida ha hecho un llamado al Gobierno español para que proporcione información puntual y periódica sobre la cantidad de inmigrantes y menores no acompañados presentes en Madrid. Esta solicitud surge tras la decisión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, bajo la dirección de Judith Piquet, de enviar una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que se solicita el cierre del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED).

El alcalde ha enfatizado que la falta de datos precisos sobre la población inmigrante afecta la capacidad del Ayuntamiento para gestionar adecuadamente los servicios públicos. Almeida ha argumentado que es esencial para la administración local tener acceso a esta información para poder dimensionar los recursos y servicios que se deben ofrecer a la población, dado que los inmigrantes utilizan estos servicios.

Almeida ha reconocido que la presencia de recursos destinados a inmigrantes puede generar alarma social en algunos sectores de la población. Por esta razón, ha enviado mensajes de tranquilidad a los vecinos, indicando que la situación está bajo control.

El alcalde ha mencionado que, si es necesario, se podría considerar un refuerzo de la presencia de la Policía Municipal para garantizar la tranquilidad de los residentes. Esta medida busca mitigar cualquier preocupación que pueda surgir en la comunidad respecto a la inmigración y su impacto en la seguridad local.

Almeida ha señalado ejemplos específicos de información que el Gobierno podría proporcionar, tales como:

El número de inmigrantes en barrios específicos, como Carabanchel.

La rotación de inmigrantes en estas áreas.

Destinos de los inmigrantes al salir de Carabanchel: si permanecen en Madrid o se trasladan a otras localidades.

El alcalde ha lamentado la falta de comunicación por parte del Gobierno, mencionando que, aunque inicialmente se recibían correos semanales con información, esta práctica ha cesado. Esta interrupción ha dejado al Ayuntamiento sin datos relevantes para la toma de decisiones.