Recuerdan que ya pusieron multas el año pasado

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha reforzado su sistema de monitorización de precios para controlar que no se lleven a cabo falsas rebajas durante el 'Black Friday' ("viernes negro" en español). El 'Black Friday' se celebra esta semana y supone un momento de significativas rebajas en muchas tiendas y grandes almacenes para incentivar compras.

Como rebajas engañosas se entiende el hecho de que un operador suba el precio de diversos productos antes del 'Black Friday' para luego rebajarlos a su precio original.

Estas prácticas comerciales se considerarían desleales con las personas consumidoras y supondrían una infracción en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Bajo este precepto, estas prácticas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Y en relación a estos preceptos, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ya ha impuesto sanciones por valor de 90.000 euros a dos operadores de comercio electrónico por llevar a cabo rebajas engañosas durante el último 'Black Friday', en noviembre de 2023, y mantiene abiertos expedientes a otros seis grandes operadores de comercio por esta misma práctica en sus ventas online durante ese mismo período el año pasado.

Sobre esta cuestión, el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista indica que, siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder llevar a cabo una correcta comparación. En este caso, la ley también indica que el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes.

En relación a esta normativa, la Dirección General de Consumo está recabando información de este tipo de prácticas como parte de una investigación previa puesta en marcha al considerar que existen indicios de que dichas operadoras podrían llevar a cabo estas prácticas en sus ventas online durante el Black Friday que se celebra esta semana. De esta manera, los servicios técnicos de la Dirección General de Consumo, adscritos a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, están monitoreando de forma diaria mediante la herramienta "Price Reduction Tool" de la Comisión Europea.

Desde el ministerio liderado por Bustinduy se está monitoreando una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes, cosmética) que se pueden adquirir en tiendas y en grandes superficies, siempre relativos a compras en línea a través de Internet. En la investigación relativa al año pasado, se constató que más de un 20% de los productos analizados presentaron incumplimientos y que un 60% de las empresas investigadas habrían cometido esta práctica fraudulenta, dando como resultado las sanciones a dos operadores de comercio electrónicos y los seis expedientes que continúan abiertos. A título ilustrativo, y referido a noviembre de 2023 (mes en el que se celebra el "Black Friday"), se ofrece el siguiente ejemplo de lo ocurrido:

En la investigación se detectó que, entre el 15 y el 20 de noviembre, un operador ofertaba un ordenador portátil por 626,99 euros. El 21 de noviembre, el operador subió el precio del ordenador portátil a 759,99 euros. Entre el 22 y el 29 de noviembre (coincidiendo con el 'Black Friday'), el operador volvió a bajar el precio del ordenador portátil de nuevo a los 626,99 euros. De esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 133 euros, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos.

Es importante llevar a cabo un consumo consciente y reflexivo, evitando sobreendeudamiento y prestando mucha atención a las condiciones de contratación (como el tipo de interés o la forma y plazo de amortización) en el supuesto de financiar las compras con crédito al consumo.

Un 70% de las rebajas que se anunciaron en operadores de comercio electrónico durante el 'Black Friday' de 2023 incumplían la normativa de protección a los consumidores al ser rebajas falsas o engañosas. Así se desprende de un estudio del Observatorio de Consumo en Internet, un proyecto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puesto en marcha a través de la Dirección General de Consumo.

Los resultados del estudio reflejan cómo muchas de estas ofertas no cumplen con las normas vigentes para la protección a los consumidores, en especial la correspondiente con las prácticas comerciales desleales y con la indicación de reducciones de precios. En estos casos, las ofertas se anunciaban como transacciones más ventajosas de lo que realmente podrían ser, llegando a ofrecerse en precios iguales a los ofrecidos en otros periodos del año y alterando el comportamiento de compra de las personas consumidoras.

En concreto, durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2023, el Observatorio de Consumo en Internet monitorizó más de 800 productos con descuento anunciados por 19 comercializadoras de distintos sectores, analizando la transparencia en la información y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

El estudio realizado por el Observatorio de Consumo en Internet ha constatado que las infracciones detectadas más frecuentes son las siguientes:

▪ Manipulación del precio de referencia: un 70% de los productos incumplía la normativa aplicable para la indicación de reducciones de precios. Así, según esta norma, el precio de referencia (aquel sobre el que se debe indicar el descuento) debe ser el precio más bajo durante los últimos 30 días, lo cual no se cumplía en el 70% de los casos. Esto se traduce, por ejemplo, en subidas de precio unos días antes del periodo de rebajas para reducir luego los precios durante el 'Black Friday' y etiquetar estos productos como "ofertados" o "descontados", a la par que se utiliza el formato característico de los descuentos.

▪ Ofertas falsas con códigos y cupones: un la misma línea, las reducciones de precio a través de códigos o de cupones disponibles para el público en general, presentan una alta prevalencia de incumplimientos, en torno al 65%. La casuística más común es similar a la anterior, se ofertan productos a un precio concreto que se eleva artificialmente a la par que se proporcionan cupones de descuento, dando la sensación de obtener un precio ventajoso cuando en realidad no lo es.

▪ Información engañosa y oportunidades temporales falsas: en un 50% de los casos en los que existe una afirmación relacionada con el precio, esta es potencialmente engañosa. Como ejemplo más característico, nos encontramos con afirmaciones de ofertas que aparentemente estarán vigentes un corto periodo de tiempo (por ejemplo: "Solo hoy" o "Oferta válida las siguientes 24h") cuando, finalizado ese plazo, se comprueba que el precio de adquisición se mantiene. Esta limitación de tiempo falsa impulsa, además, una compra compulsiva.

▪ Comparaciones de precios engañosas al no utilizar el precio de referencia: por último, es común la práctica de utilizar comparaciones de precios con formatos de descuento trasladando una sensación de encontrarnos ante productos ofertados que en realidad no lo están. Para ello, se emplean precios de diferente naturaleza (por ejemplo: "Precio de Venta al Público", "Precio Recomendado" u otros similares) como precios de referencia. Estos precios, aparecen tachados y/o con porcentajes de reducción a su lado dando la impresión de ser reducciones de precio cuando en realidad no lo son. Esta práctica induce a los consumidores a pensar que se encuentran ante ofertas ventajosas cuando en realidad se trata de comparaciones de diferentes precios cuyo origen o cálculo es desconocido para las personas consumidoras. En concreto, un 25% de los productos analizados, usaban precios distintos al precio de referencia establecido por la normativa, es decir, el más bajo de los últimos 30 días.

De forma complementaria a este estudio, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy puso en marcha una investigación, a través de la Dirección General de Consumo, que concluyó en la apertura de expedientes sanciones a ocho operadores de comercio electrónico que habrían realizado estas prácticas durante el último 'Black Friday', y que ya han supuesto la imposición de sanciones a dos de estos operadores por vulnerar los derechos de las personas consumidoras. Los otros seis expedientes sancionadores se mantienen abiertos.