Casi 40.000 estudiantes realizarán el examen en Madrid

La Comunidad de Madrid comienza este martes 3 de junio la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2024/25, a las que se presentan este año 39.801 alumnos. De ellos, 12.588 lo hacen en la Universidad Complutense, 9.847 en la Autónoma, 5.930 en la Carlos III, 5.635 en la de Alcalá, 4.155 en la Rey Juan Carlos y, por último, 1.646 en la Politécnica.

El primer día, los estudiantes se enfrentarán a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía; el miércoles, a Primera Lengua Extranjera e Historia de España, y jueves y viernes será el turno de las optativas y materias de modalidad. Finalmente, el sábado 7 de junio se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria.

Aquellos inscritos que no puedan concurrir por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre el 1 y 3 de julio, contando con el 4 de julio para coincidencias e incidencias.

Entre las novedades de la PAU 2025 destaca que cada materia presentará un modelo único del ejercicio, a diferencia de los pasados años en los que existían dos opciones, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas. Las pruebas deberán responderse en un máximo de 90 minutos y las preguntas podrán ser cerradas, semi construidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total. El diseño deberá incluir un mínimo de un 20% de preguntas de carácter competencial.

Además, se conservan las orientaciones y criterios de evaluación y corrección que ya fueron informados a comienzos del curso. En cuanto a los horarios, se realizarán de 9:30 a 11:00 horas, de 12:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar cada prueba.

Con el objetivo de garantizar las mejores condiciones en los traslados y evitar las aglomeraciones, Metro refuerza un 21% las líneas 2, 3, 5, 10 y también habrá mayor servicio en el tramo que permanece abierto de la 6, que se encontrará en obras. Además, el dispositivo especial contempla un incremento del 33% la noche del viernes 6 de junio para atender la demanda de usuarios que utilicen el suburbano con motivo de la finalización de la PAU.

En cuanto a la EMT, se dispondrá una oferta de 224 autobuses adicionales para realizar estos recorridos. En el caso del Campus de Moncloa se van a reforzar las líneas F, G, U, 82 y 132 y para los estudiantes que se dirijan al Campus de Somosaguas habrá más servicios en la A y H.

Los alumnos que se desplacen a Ciudad Universitaria, y que estén afectados por el cierre de la L6 de Metro entre Moncloa y Méndez Álvaro, tienen a su disposición diferentes alternativas, además del Servicio Especial Sustitutivo (SE6) que cubre el recorrido en superficie. Toda la información está disponible en la web https://www.metromadrid.es/es.

Respecto a los autobuses interurbanos, los que unen Madrid con las facultades de Alcalá de Henares, línea 227 o la Autónoma de Cantoblanco, la 714 y la L2 urbana de la localidad alcalaína, tendrán la misma frecuencia que en los días lectivos de invierno.

Los próximos 3, 4, 5 y 6 de junio, la Universidad de Alcalá celebrará la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) correspondiente a la convocatoria ordinaria del presente curso académico. Este año, el número total de matriculados para realizar el examen en la Universidad de Alcalá asciende a 5.635, de los cuales 5.293 proceden de Bachillerato y 342, de ciclos formativos. De ellos, 1.380 se examinarán en Guadalajara -1.273 de Bachillerato y 107 de ciclos formativos-.

egún el centro de secundaria del que procedan, los estudiantes matriculados realizarán las pruebas en los edificios de Medicina, Farmacia, Ciencias Ambientales, Enfermería y Fisioterapia y la Escuela Politécnica, ubicados en el Campus Científico Tecnológico de Alcalá; o en el Edificio Multidepartamental y la Facultad de Educación del Campus de Guadalajara.

Una vez realizados los exámenes, las calificaciones se harán públicas el día 13 de junio, a partir de las 12.00 horas. Para el próximo curso, la UAH oferta una cifra similar de plazas en centros propios, supera las 3.300 plazas. Los estudiantes tendrán una segunda oportunidad para realizar la prueba, en convocatoria extraordinaria, prevista para los días 2, 3 y 4 de julio.

Como novedad, el próximo curso comenzará la actividad académica en el nuevo Campus Torrejón de Ardoz de la Universidad de Alcalá, de cuyo programa formativo se conocerán los detalles en breve. Con este nuevo proyecto, la Universidad de Alcalá suma su cuarto campus, ampliando así su actividad en una nueva ciudad de la Comunidad de Madrid.

Unos 270.000 estudiantes de todo el país se enfrentan este año a la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que cuenta por primera vez con una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio.

La principal novedad es que la prueba tendrá al menos un 25% de preguntas de carácter competencial. Es decir, similar al bachillerato que han cursado estos alumnos. Además, para cada ejercicio deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación aprobados y publicados por las comisiones organizadoras de la prueba.

Por primera vez, estos criterios cuentan con una base común ya que la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos contarán al menos el 10% de la nota de cada ejercicio.

Además, habrá un único modelo de examen para cada materia y los ejercicios estarán estructurados en diferentes apartados, que podrán contener una o varias preguntas o tareas entre las que se podrá incluir la posibilidad de elegir. El tipo de respuesta podrá variar (abiertas, cerradas, semiconstruidas), pero la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida deberá alcanzar como mínimo el 70%.

Cada ejercicio tendrá una duración de noventa minutos y el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a tener más tiempo para realizar cada ejercicio si así lo prescribe su necesaria adaptación.

En cuanto al número de exámenes, serán cuatro en el caso de las comunidades sin lengua cooficial (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía). En aquellas CCAA con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinarán también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).

En las calificaciones no hay ningún cambio. La nota de la prueba se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima es un 4. La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60% de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5.

La convocatoria ordinaria de la prueba comienza este 3 de junio, en todas las comunidades autónomas salvo en Canarias, que empiezan el día 4, y Cataluña, que serán el 11, 12 y 13 de este mes.

El examen que cada año evalúa a miles de estudiantes de toda España que quieren estudiar una carrera universitaria incorporará novedades a partir de la convocatoria de 2024-2025: vuelve a llamarse PAU y se corregirá con criterios comunes en todas las comunidades.

Los estudiantes que quieran acceder a la carrera universitaria afrontarán, a partir de junio de 2025, un nuevo modelo de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), establecido con el objetivo de ajustarse a la nueva Ley de Educación (LOMLOE) y a los nuevos currículos de Bachillerato.

Tras un proceso de amplio debate, el Consejo de Ministros celebrado el 11 de junio de 2024 aprobó definitivamente la nueva PAU, antes conocida como EBAU o Selectividad.

Las principales novedades del nuevo examen son el establecimiento de criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas y una evaluación del alumnado más centrada en las competencias de los estudiantes.

La normativa recoge las características básicas de los ejercicios que componen la prueba de acceso y regula unos parámetros comunes para la evaluación del alumnado. Corresponderá a las comunidades autónomas concretar características, contenidos y criterios de corrección específicos de la prueba.

En todos los ejercicios de la PAU se incluirá información para el alumnado sobre los criterios de corrección y calificación que han sido previamente aprobados. Estos criterios valorarán, entre otros, los siguientes aspectos:

La adecuación de las respuestas a lo solicitado en el enunciado de las preguntas.

La coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de las respuestas, así como su presentación. La valoración de estos aspectos supondrá al menos el 10% de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto.

Con el establecimiento de estos criterios de calificación básicos en todas las comunidades se pretende garantizar la homogeneidad de la prueba y, con ella, la igualdad de oportunidades de los estudiantes en todo el territorio.

Las comisiones organizadoras de las pruebas en cada comunidad asegurarán la aplicación de criterios específicos de corrección y calificación, así como el desarrollo de un mismo procedimiento de revisión en todo el país.

Los ejercicios de la nueva PAU tendrán un diseño más enfocado en evaluar las competencias de los estudiantes frente a su capacidad memorística. Así, se requerirá del alumnado creatividad, capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez.

Por otro lado, la nueva norma exige que al menos el 70% de la puntuación obtenible en cada examen corresponda a preguntas de carácter abierto o semiconstruidas, lo que supone una novedad frente al modelo anterior, donde este tipo de preguntas tenían un peso mínimo del 50%.

Cada una de las pruebas tiene una única propuesta de examen. Si se estima conveniente, en algunos apartados, se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas.

Las preguntas abordarán preferentemente situaciones o ejemplos realistas, próximos a la vida del alumno, y contextualizados en entornos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos.

La nueva PAU mantendrá la estructura general en fases de la antigua EBAU, así como las principales características de los exámenes y el cálculo de la nota.

En la fase general u obligatoria los estudiantes seguirán realizando cuatro exámenes sobre:

Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Extranjera II

Historia de España o Historia de la Filosofía

Una de las materias específicas de la modalidad de 2º de Bachillerato

En las comunidades autónomas con lengua cooficial habrá un quinto examen sobre dicha lengua. En este caso, también se asegurará al alumnado la libre elección entre lenguas oficiales en su territorio para el desarrollo del resto de ejercicios, con la excepción de las pruebas de lengua castellana y lengua extranjera, que se realizarán en su idioma correspondiente.

En la fase voluntaria, destinada a aquellos que deseen subir su nota de admisión, los estudiantes podrán también examinarse de hasta tres materias de 2º de Bachillerato (comunes o de modalidad) distintas a aquellas de las que se hubieran examinado en la fase obligatoria. Además, podrán examinarse de una segunda lengua extranjera, también distinta de la que hubieran elegido en dicha prueba.

Todos los exámenes estarán diseñados para ser leídos y respondidos en 90 minutos (con un descanso entre exámenes de, al menos, 30 minutos).

La calificación se calcula ponderando un 60% la nota media obtenida en 1º y 2º de Bachillerato (sin incluir la calificación de Religión) y un 40% la calificación de la PAU. Para poder acceder a la universidad, esta nota media debe ser igual o superior a 5 puntos.

La Comunidad de Madrid abrirá el próximo miércoles 4 de junio el plazo para solicitar las becas de Educación Infantil del curso 2025/26. La inversión del Gobierno regional asciende a 67,3 millones de euros para beneficiar a cerca de 34.000 niños de 0-3 años. Los interesados podrán tramitar la documentación requerida desde esa fecha y hasta el próximo 24 de junio a través del portal institucional www.comunidad.madrid.

El último Consejo de Gobierno aprobó la inversión en estas ayudas para escolarizar en centros privados autorizados y que tienen como objetivo reforzar la libertad de elección de las familias, facilitar la conciliación de la vida personal y laboral e impulsar la igualdad de oportunidades, pilares de la calidad del sistema educativo madrileño. La escolarización en esta primera etapa es gratuita en toda la red de centros públicos de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid desde 2019.

Esta iniciativa va dirigida a niños que hayan nacido, o esté previsto su nacimiento, antes del 1 de enero de 2026. Además, deben estar matriculados o tener reserva de plaza para el curso 2025/26 en un centro de titularidad privada autorizado. Las cuantías que recibirán las familias beneficiarias, que se calculan en función de su renta, oscilarán entre los 1.947 y los 3.113 euros anuales.

En la baremación de las solicitudes obtendrán 7 puntos aquellas en las que ambos progenitores trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor en las mismas circunstancias o si uno de ellos está a tiempo completo y el otro tiene un impedimento para atender al menor por tener reconocida incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad debidamente acreditada. Estas mismas situaciones se valorarán con 5 puntos si la actividad laboral se desarrolla a tiempo parcial.

También se tendrán en cuenta a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. Además, el Gobierno regional dará más facilidades para acceder a las víctimas de violencia contra la mujer, y también podrán optar de forma excepcional los niños mayores de 3 años que deban estar escolarizados en el primer ciclo de Infantil un año más cuando presenten necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.

La Comunidad de Madrid establecerá la jornada partida como norma general en los colegios públicos de Infantil y Primaria, Educación Especial y los públicos autorizados a impartir Enseñanza Secundaria Obligatoria desde el próximo curso 2025/26. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy un informe sobre los principales puntos del proyecto de Decreto que ultima su aprobación para regular la jornada escolar, un documento que ya ha superado la fase de consulta pública y llegará próximamente al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional está impulsando este cambio a la jornada partida en su educación pública para incrementar la capacidad de elección de las familias madrileñas, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar el rendimiento de los alumnos –con edades de 3 a 12 años- y permitir que los horarios escolares se adapten a las necesidades actuales.

El texto del Decreto cuenta con dos partes diferenciadas. La primera de ellas establece la organización del horario en estos centros, que por norma general se desarrollará en dos sesiones de mañana y tarde con un intervalo entre ambas de dos horas y la posibilidad de realizar jornada continuada en los meses de septiembre y junio. La única excepción será la de aquellos que, a su entrada en vigor, ya tuvieran aprobado el horario continuado para su actividad docente.

La segunda parte del futuro Decreto regula el procedimiento para que estos colegios públicos de la región, si así lo desean, puedan tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido, una actuación que se facilita y que simplifica para que las familias y comunidades educativas que lo estimen puedan activarlo con todas las garantías.

Así, para poner en marcha el proceso de cambio tendrá que solicitarlo al menos un tercio de los miembros del Consejo Escolar del centro, formado por los padres de alumnos, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales. Actualmente se requiere que esa petición la planteen dos tercios de los miembros del Consejo, con mayoría absoluta de los representantes de padres y profesores.

El procedimiento de votación de las familias sigue permitiendo el presencial, por correo y telemático, pero se establece que para que sea válida únicamente será necesario que la mayoría de los emitidos sean favorables. Desaparecerá así la actual exigencia de que lo emitan al menos dos tercios del censo electoral del centro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando el Ejecutivo regional junto con los rectores de las universidades públicas y privadas y los Consejos Sociales, creará un Distrito único de prácticas que velará por que ningún estudiante universitario ni de FP se quede sin plaza. Díaz Ayuso ha desgranado hoy, en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, las claves de la futura Ley universitaria que dará respuesta a los retos y desafíos que afrontan las enseñanzas superiores en la región.

Entre los principales ejes y novedades de la LESUC, Díaz Ayuso ha destacado que la primera Ley de Enseñanzas superiores de la región universitaria más importante de España unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Este reconocimiento legal tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.

La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia afronta el desafío de la formación dual creando un Distrito único de prácticas, con una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada, para lograr que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas.

La Ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.

En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.

Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.

Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.

Además, Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el Real Decreto sobre el reconocimiento y acreditación de universidades que prepara el Gobierno central, “que ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas”. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ya ha presentado alegaciones a este texto ante el Ministerio.

Este Real Decreto se va a tramitar por el procedimiento de urgencia y establece requisitos adicionales para los centros privados, como tener un mínimo de 4.500 alumnos.

El Gobierno regional se opondrá a esta normativa con todos los instrumentos a su alcance para defender no solo a los centros de Madrid, sino a ese 60% de las universidades privadas aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE que se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este Real Decreto.

El sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas). La Comunidad de Madrid, que tiene el 14,4% de la población española, concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9%) que porcentaje de población (16,5%); o Andalucía, con un 17,7% de población y un 17,3% del total de universitarios del país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid cursan en la pública.