 Creen que puede salvarse modificando la redacción de algunos artículos
La Comunidad de Madrid anunció su intención de interponer un recurso contra una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta sentencia anula partes de un convenio firmado entre el Ejecutivo regional y los sindicatos para el personal funcionario y laboral de la Administración autonómica.
El convenio en cuestión, que entró en vigor el 1 de enero, fue objeto de impugnación por parte del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.). Este acuerdo, según el Gobierno autonómico, incluía mejoras significativas en las condiciones laborales y la estabilidad de más de 40,000 trabajadores públicos, incluyendo la posibilidad de incrementos salariales de hasta un 50%.
La sentencia del TSJM se produjo tras el análisis de 29 impugnaciones presentadas por CC.OO., de las cuales el tribunal aceptó menos de una quinta parte. La decisión judicial se centró en la anulación de cinco artículos del convenio colectivo, argumentando que estos vulneraban derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a la huelga y a la manifestación.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, liderada por Rocío Albert, ha indicado que el plazo para presentar el recurso finalizaba el lunes posterior al anuncio. Sin embargo, aún quedan trámites administrativos por completar antes de la presentación formal del recurso.
El Ejecutivo regional ha defendido que la sentencia del TSJM no desmantela el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios, sino que sugiere que el contenido del convenio puede ajustarse a derecho con "variaciones en la redacción o en su justificación". Esto implica que, aunque se anulen ciertos artículos, el núcleo del convenio y sus beneficios para los trabajadores podrían mantenerse.
La Sección 1 de lo Social del TSJM ha declarado la nulidad de los apartados 3, 4, 5 y 6 del convenio. Estos apartados contenían compromisos que prohibían la convocatoria de "huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo" que pudieran modificar lo acordado en el convenio.
La impugnación del convenio por parte de CC.OO. y la denuncia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayan la tensión entre el Gobierno regional y los sindicatos en relación con los derechos laborales de los empleados públicos.
La anulación de estos artículos podría tener un impacto significativo en la capacidad de los trabajadores para organizarse y defender sus derechos, lo que ha llevado a la Comunidad de Madrid a actuar rápidamente para proteger lo que consideran beneficios esenciales para el personal de la administración. |
