Creen que la inhabilitación sólo afecta al cargo de Fiscal General del Estado

La Fiscalía General del Estado ha autorizado la reincorporación de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a la Sección de lo Social del Ministerio Público en el Tribunal Supremo. Esta decisión se basa en la interpretación de la sentencia que lo condenó a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos, la cual, según la Fiscalía, solo afecta su capacidad para desempeñar el cargo de fiscal general, sin inhabilitarlo para otros puestos.

García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por filtrar datos reservados relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia impuso una inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por un periodo de dos años, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros.

Las fuentes de la Fiscalía, bajo la dirección de Teresa Peramato, han aclarado que el fallo de la sentencia es específico y no se extiende más allá del cargo de fiscal general. Se destaca que el Código Penal exige a los tribunales especificar en la sentencia los empleos y cargos afectados por la inhabilitación, evitando así interpretaciones amplias o automáticas.

La Fiscalía argumenta que la inhabilitación no afecta la condición de García Ortiz como fiscal de carrera ni su capacidad para ejercer funciones fiscales en otros cargos. Esta interpretación se apoya en una sentencia previa del Supremo que establece que los miembros de la carrera judicial o fiscal solo pierden su condición si son condenados a penas privativas de libertad superiores a seis meses.

La reincorporación de García Ortiz se realizó conforme a las previsiones estatutarias, eliminando su anterior situación de servicios especiales que tenía cuando ocupaba el cargo de fiscal general. Esto implica que su nuevo destino en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo es válido y se ajusta a las normativas vigentes. García Ortiz renunció a su cargo el 24 de noviembre, cuatro días después de que se conociera el fallo de su condena. Su cese formal se produjo el 9 de diciembre, y fue sucedido por Teresa Peramato, quien es reconocida por su experiencia en la lucha contra la violencia de género.