El alto tribunal afirma que paralizar el traslado tendría graves consecuencias en los menores

El Tribunal Supremo de España ha emitido un fallo en respuesta a una solicitud de la Comunidad de Madrid que buscaba la suspensión de doce actos administrativos relacionados con el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta y Canarias hacia la región madrileña. Esta decisión es relevante en el contexto de la gestión de la migración y la protección de menores en el país.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada, argumentando que los actos administrativos en cuestión fueron emitidos por las oficinas de extranjería de la Delegación del Gobierno en Ceuta y de las Subdelegaciones del Gobierno en Canarias. Estos actos son considerados como meros trámites administrativos que inician un procedimiento y no como acciones que puedan ser impugnadas a través de la "vía de hecho".

El tribunal sostiene que la impugnación presentada por la Comunidad de Madrid se basa en una interpretación errónea de la "vía de hecho", ya que los actos administrativos son formales y no constituyen una actuación material que pueda ser cuestionada de esa manera.

El Tribunal Supremo advierte que suspender los procedimientos de traslado podría resultar en "graves daños" a los menores. Se hace referencia a un auto anterior del Tribunal, donde se mencionaba el "notorio estado de hacinamiento" de los menores en Canarias, lo cual es incompatible con el interés superior del menor, un principio fundamental que debe ser protegido por los poderes públicos.

El tribunal señala que acordar la suspensión de los actos administrativos en cuestión sería contradictorio con su propia resolución anterior, que buscaba evitar condiciones perjudiciales para los menores.

El Tribunal también subraya la importancia de considerar el impacto que la entrada excepcional de menores ha tenido en las administraciones autonómicas. Se menciona que la declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y Canarias ha llevado a que la capacidad del sistema de protección de menores se haya superado en tres veces su capacidad ordinaria.

Las comunidades autónomas han tenido que destinar recursos especiales para atender a los menores migrantes, y la suspensión de los procedimientos de traslado podría complicar aún más esta situación. Finalmente, el Tribunal concluye que no se cumplen las condiciones necesarias para suspender la ejecución de los actos administrativos que iniciaron el procedimiento de traslado de los menores.

La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha emitido un comunicado en el que se destaca la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que se encuentran en Ceuta y Canarias. Este tema ha cobrado relevancia debido a la aprobación de Reales Decretos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que buscan establecer un reparto forzoso de estos menores.

La Comunidad de Madrid ha informado que los Reales Decretos mencionados están actualmente en proceso de revisión por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. A pesar de los esfuerzos de la Comunidad para suspender doce actos administrativos relacionados con el traslado de menores a Madrid, el Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar solicitada.

Hasta la fecha, la Comunidad ha atendido a un total de 120 menores provenientes de las Islas Canarias y Ceuta. Sin embargo, se ha denunciado que algunos de estos menores han sido trasladados de manera inapropiada, "como paquetes y en contra de su voluntad". Paralelamente, la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno central a acelerar los trámites para la acogida de menores solicitantes de asilo. En el último año, la administración regional ha brindado atención a 117 menores que han solicitado protección internacional, lo cual es considerado una competencia exclusiva del Estado.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad ha enviado un escrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, solicitando que se cumpla con la decisión del Tribunal Supremo del 18 de diciembre, que establece un plazo "improrrogable" de 30 días para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Acogida a menores no acompañados solicitantes de asilo.

El auto del Tribunal Supremo, que se emitió hace más de 40 días, exige que se adopten medidas para asegurar el acceso de los menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SAPI). La Comunidad ha enviado un listado de diez menores que están cerca de alcanzar la mayoría de edad, con el objetivo de facilitar su acceso inmediato al SAPI mientras aún son menores.

A pesar de las gestiones realizadas, la Comunidad ha recibido comunicaciones que asignan citas para el acceso al SAPI únicamente a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, lo cual contraviene el mandato del Tribunal Supremo. Esto ha generado preocupación, ya que se requiere documentación que acredite la mayoría de edad, lo que podría dejar a estos jóvenes en una situación de desprotección.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se ha enfatizado que las acciones deben alinearse con el principio del interés superior del menor. La Comunidad ha expresado su disposición a colaborar en la correcta ejecución de la resolución judicial, siempre respetando este principio y el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, expresó su satisfacción ante la decisión del Tribunal Supremo. Francisco Martín, en su perfil oficial de la red social 'X', subrayó que el interés y la protección de la infancia deben prevalecer sobre cualquier cálculo político. Reiteró que la "solidaridad y la justicia" deberían ser los pilares de la sociedad, destacando la importancia de priorizar el bienestar de los menores migrantes que han enfrentado situaciones de vulnerabilidad extrema.