Sanidad eleva a 12.500 los muertos reales por la epidemia

El pasado viernes, como ya es habitual, la Consejería de Servicios Sociales actualizaba los datos de fallecidos en residencias, y la situación que planteaba es, sencillamente, espeluznante. Según los datos recabados, el 41,4% de los usuarios de las trece residencias intervenidas han muerto durante la crisis.

En concreto, explican, son 603 los fallecidos sobre un total de 1.454 usuarios en las residencias que la propia Consejería dictaminó que se encontraban en “estado crítico”. Siguiendo con las residencias intervenidas, hay 244 mayores sin síntomas; 682 asintomáticos; 172 aislados con síntomas leves; y 356 positivos confirmados.

En el total de las 475 residencias que hay en la Comunidad, se han producido, a fecha del pasado viernes, 837 muertos que habían dado positivo; y 4.435 con síntomas compatibles, lo que provoca que el total de muertes en residencias en mes y medio haya sido de 6.444 de los que 5.272 lo habrían hecho por coronavirus.

Siguiendo con la situación de las residencias, los primeros test rápidos dan una idea de la propagación del coronavirus entre los mayores. Así, de los 23.280 test entregados en residencias, 6.743 han sido cumplimentados, de los que 2.695 resultaban positivos, es decir, un 40% del total.

Políticas Sociales también actualizaba el número real de muertos, que ya asciende a 12.589, casi seis mil más de los reconocidos por el Ministerio, que sólo contabiliza casos positivos registrados en Hospitales. Los datos de Madrid, así, se desglosan en 616 muertos en domicilios, cuatro en vía pública, nueve fallecidos situados en la morgue de Valdebebas, y los 5.272 de las residencias, datos que se suman a los 7.007 que reconocía el Ministerio de Sanidad a cierre de este balance.

La Comunidad de Madrid continúa desarrollando el Plan de Choque en las residencias para hacer frente al COVID-19. Así, desde que la Consejería de Sanidad tomara el control de estos centros socio-sanitarios el pasado 27 de marzo, se han intervenido un total de 144 residencias públicas y privadas, con 57 equipos presenciales de profesionales sanitarios. Estos pertenecen a Atención Primaria y a hospitales de la red sanitaria, que atienden in situ a los residentes que lo necesitan y facilitan además los traslados.

Por un lado, un total de 25 equipos de médicos y enfermeras pertenecientes a Atención Primaria mantienen un seguimiento rutinario de forma presencial en 69 residencias, tanto públicas como privadas, habiendo llegado a atender hasta 81 centros. Asimismo, los profesionales de los centros de salud realizan un seguimiento permanente a otras 250 residencias.

Asimismo, 14 hospitales de la red pública se han organizado para atender a un total de 75 residencias mediante 32 equipos, también formados por médicos y enfermeras. Por su parte, los equipos de Farmacia Hospitalaria han repartido 115.500 dosis de medicamentos en 378 residencias y se han repartido 2.442 equipos de oxigenoterapia (botellas y concentradores de oxígeno) en 252 centros para el soporte asistencial de los residentes.

Tal y como explicó Ruiz Escudero durante su comparecencia parlamentaria el martes pasado, en el Plan de Choque en residencias se han definido cuatro perfiles de pacientes. Por un lado, los pacientes graves que se trasladan a las Urgencias de los centros hospitalarios; por otro, los que requieren de cuidados de media y larga estancia y son trasladados a los hospitales de Fuenfría, Guadarrama y Virgen de la Poveda; los agudos que no requieren atención urgente, que se trasladan a los hospitales Santa Cristina, Cruz Roja o el Virgen de la Torre, dependiente del Hospital Infanta Leonor, y, finalmente, los que están en una residencia pero que necesitan ser trasladados a otra para evitar complicaciones.

Desde el 1 de marzo y hasta la fecha el SUMMA 112 ha coordinado 4.203 traslados de residentes a los centros hospitalarios. De ellos, se han dado 2.099 altas. Los hospitales que más derivaciones de residentes han atendido son: Puerta de Hierro, con 432; Rey Juan Carlos con 390; La Paz con 369; Fundación Jiménez Díaz con 340; 12 de Octubre con 242; y el Infanta Sofía, con 241.

En todo este dispositivo intervienen los geriatras de los hospitales, coordinados por 25 geriatras referentes, que trabajan en red como especialistas clínicos consultores, ordenando traslados y facilitando la farmacoterapia y el material fungible a las residencias de cada área.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública mantiene desde el inicio de la crisis todas sus actuaciones. Desde sus Unidades Técnicas de Área se actúa en todos los centros sociosanitarios de la región, bien por la notificación o sospecha de casos de coronavirus por parte de los propios centros o por la búsqueda activa de casos en estos centros. Estas Unidades han mantenido el asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la propia enfermedad y en el tratamiento de los casos, la limpieza y la desinfección, así como en la actuación tras los fallecimientos.

Además, la Dirección General de Salud Pública ya ha repartido 23.280 test rápidos en 426 centros de toda la región. Hasta la fecha ha recibido 6.743 formularios cumplimentados, de los que 2.695 han resultado positivos.

Por su parte, la Consejería de Justicia ha coordinado 463 intervenciones “pesadas” y “ligeras” mediante equipos de Bomberos, UME y Policía Local en otras tantas residencias madrileñas. Estas actuaciones han permitido controlar los focos más graves e instaurar una rutina de trabajo que facilita el acceso a la información, la detección de urgencias, la desinfección de instalaciones y la entrega de material.

El acceso a los equipos de protección se ha visto reforzado gracias a las compras en China del Gobierno regional, que en dos semanas ha fletado cuatro aviones de carga con 332 toneladas de equipos de protección, a lo que hay que añadir el material donado por las empresas y ciudadanos.

Desde el pasado 21 de marzo se han distribuido, desde el almacén central ubicado el pabellón 10 de IFEMA, más de 12 millones de unidades de material a las residencias públicas del AMAS y centros privados, entre otros, los de los grupos Amavir, Orden de San Juan de Dios, Ilunion, Vitalia o Sanitas.

Entre ese material destacan 99.814 batas desechables e impermeables; 66.710 gafas de protección; 6,3 millones de guantes; 1,7 millones de mascarillas FFP2; 4.556 mascarillas FFP3; 3,6 millones de mascarillas quirúrgicas; y 14.564 unidades de solución hidroalcohólica.

La Comunidad de Madrid tiene previsto mantener el Plan de Choque en residencias de la región el tiempo que dure la alarma sanitaria desencadenada en España como consecuencia de la propagación del coronavirus.

Así lo ha avanzado el consejero de Justicia, Interior y Victimas, Enrique López, en la comparecencia que ha ofrecido en sede parlamentaria para explicar su gestión durante la crisis y que ha definido como “un trabajo humilde y esforzado de defensa del interés general, de la vida y de la salud, con vocación de resolver las dificultades” que se están presentando.

Como ha explicado López, el Plan de Choque ha demostrado su utilidad ya que, desde su activación -el 27 de marzo- ha permitido hacer frente al virus en las residencias. A través de este dispositivo se ha reconocido y analizado hasta el momento la situación de 463 centros residenciales, se han detectado focos de propagación del COVID-19 y, gracias al trabajo y profesionalidad del personal de los distintos cuerpos, departamentos y administraciones que colaboran en el dispositivo, se han atajado con eficacia.

El plan, además, está permitiendo completar el mapa de la red de más de 750 residencias de personas mayores, centros de atención a personas con alguna discapacidad y centros residenciales asistidos por congregaciones religiosas que existen en la región. El dispositivo está siendo útil para actuar con eficacia en el escenario actual, pero, también para afrontar con garantías futuras oleadas del virus. El seguimiento epidemiológico, las pautas de prevención y la intervención sanitaria y social que conlleva el Plan de Choque facilitan la protección actual y futura de las personas que habitan en estas residencias.

El Plan de Choque, dirigido por el mando único de la Consejería de Sanidad, se apoya sobre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, así como por la de Justicia, Interior y Víctimas, a través de los profesionales que integran la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Como ha descrito el consejero de Justicia, el plan es multidisciplinar, es decir, lo integran efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), médicos y personal de enfermería de la Consejería de Sanidad, técnicos de la Consejería de Políticas Sociales, Bomberos de la ciudad de Madrid y el SAMUR, Policías Locales, las agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja e incluso ONG como Médicos Sin Fronteras. Se trata, por tanto, de una actuación “transversal”, integrada por más de un centenar de hombres y mujeres a los que el consejero ha querido agradecer su compromiso calificándolos como “héroes”.

López ha detallado en su comparecencia el despliegue, que cuenta con 40 equipos “ligeros”, formados por miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y la UME, y centrados en llevar a cabo reconocimientos ágiles para recabar información útil en los centros residenciales.

Por su parte, los equipos “pesados” se han especializado en realizar desinfecciones, zonificar espacios, separar personas contagiadas de las no contagiadas, decidir traslados a hospitales u otras residencias, dar pautas de actuación al personal residencial y hacer entregas de material de protección procedente del centro logístico creado el 21 de marzo en el Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE).

La organización de este dispositivo ha permitido realizar, coordinando el trabajo de los más de 2.500 voluntarios de Protección Civil y de los agentes de la Policía Local, 1.871 entregas de material de protección en residencias, esto es, 1,1 millones de pares de guantes, 750.000 mascarillas, 119.000 calzas, 14.200 gorros, 53.000 batas, 7.900 monos, 9.000 gafas, 14.900 pantallas protectoras y 8.800 litros de gel desinfectante. El circuito de reparto establecido permite entregar material cada cuatro días en cada uno de los centros de la red residencial.

Asimismo, los Bomberos de la Comunidad de Madrid, en especial los del Parque de Las Rozas, colaboran en la tercera parte del plan, la retirada de cadáveres de las residencias, en apoyo de los servicios funerarios de la región. Hasta ahora han trasladado a los depósitos intermedios 157 cuerpos.

En su comparecencia, Enrique López ha desgranado tanto éstas como el resto de decisiones adoptadas por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas desde la activación, por parte de la Comunidad, del Plan Territorial de Protección Civil, el pasado 13 de marzo. Dicho dispositivo activó el nivel 3 al día siguiente, tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central. Desde entonces, el consejero y su equipo coordinan el trabajo de los Cuerpos de Policía Local y de las 98 agrupaciones de Protección Civil que operan en la región, trasladando toda la información recabada a la Delegación de Gobierno.

Para mejorar la eficiencia, la Consejería creó un Centro de Coordinación en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, y puso en funcionamiento el centro logístico en las instalaciones del IFISE, que ha servido para canalizar y distribuir el material de protección procedente de las donaciones realizadas por la sociedad civil, de las intervenciones de la policía y la Guardia Civil y de las compras realizadas en China por el Gobierno regional.

Como ha explicado López, su departamento sigue coordinando también a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, Bomberos, Agentes Forestales y Gestores de Emergencias del 112, de los que el consejero ha destacado su profesionalidad, compromiso y esfuerzo ante “la mayor emergencia sanitaria de la España democrática”.

Todos estos cuerpos han debido adaptarse a la situación asumiendo tareas nuevas, sin descuidar los planes de contingencia de los servicios de seguridad y emergencias, que aseguran la prestación de los servicios en caso de que surjan emergencias al margen del coronavirus.

Así, los Agentes Forestales, además de vigilar zonas de recreo y forestales para hacer cumplir el estado de alarma, están colaborando en la entrega de medicación a personas enfermas y contactando y visitando a aquella población residente en zonas más remotas de la región.

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad también se ha adaptado a una crisis evolutiva y cambiante. Así, 50 efectivos se dedican a prestar apoyo logístico y de seguridad en el almacén del hospital provisional de IFEMA y otros trabajan en los dos puntos de desinfección de vehículos sanitarios que se han instalado en este centro temporal y en el IFISE. Hasta el momento, esa labor fundamental se ha traducido en la desinfección de 670 ambulancias.

La seguridad y salud laboral de todos los profesionales vinculados a la gestión de emergencias ha sido una prioridad para la Comunidad de Madrid. De hecho, como ha explicado el consejero, de momento se han realizado 499 test de detección del COVID, y esta semana se acometerán 95 pruebas más.

El consejero ha destacado también la rapidez y eficiencia demostrada por el personal de su departamento para la puesta en marcha, junto a la UME, de hasta tres depósitos de cadáveres provisionales para atender la demanda de los servicios funerarios de la región, que han vivido una situación límite el último mes. Hasta el momento, el Palacio de Hielo de Madrid, el Instituto de Medicina Legal y el Palacio de Hielo de Majadahonda, ya clausurado, han recibido los restos de 1.832 personas víctimas de la tragedia del coronavirus.

En el apartado relativo a la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, Enrique López ha hecho mención a las resoluciones adoptadas los días 11 y 12 de marzo por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de la Justicia. Estas normas facilitaron la conciliación laboral de los empleados públicos con hijos menores a su cargo o personas mayores en riesgo por el virus.

El consejero ha destacado también el “permanente contacto” con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Fiscalía, los responsables del Ministerio de Justicia y los representantes de los trabajadores, con los que durante estas semanas se ha mantenido “un diálogo permanente”.

En ese sentido, López ha descrito las reuniones y contactos mantenidos con la Sala de Gobierno del TSJM, la Fiscalía y las organizaciones sindicales los días previos y posteriores a la declaración del estado de alarma para abordar la difícil situación y establecer la plantilla mínima necesaria para garantizar el servicio público judicial.

Una vez declarado el estado de alarma el pasado día 14 de marzo, la Comunidad de Madrid ha tenido “la mejor disposición para escuchar, dialogar y cumplir las órdenes dictadas” por la autoridad competente.

Esa colaboración se ha traducido en la celebración de cuatro reuniones con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los días 20 y 27 de marzo y 3 y 17 de abril, que como ha subrayado el consejero han servido para “aportar ideas e iniciativas que han sido atendidas y tratadas con interés, en un ambiente de colaboración exquisita”.

El fruto de ese trabajo conjunto han sido los distintos decretos, acuerdo y resoluciones con los que tanto la Fiscalía, como el TSJM, el CGPJ, la Secretaria de Estado y la Comunidad de Madrid han dado forma a la estructura judicial suficiente que asegurara el acceso de los madrileños a la administración de Justicia, siempre con el mínimo riesgo para trabajadores y ciudadanos.

Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid ha adoptado medidas de prevención tanto individuales, como colectivas y organizativas. Así, la Consejería ha entregado mascarillas, guantes y geles siguiendo, en todo momento, las directrices marcadas por la autoridad sanitaria. Asimismo, se han instalado mamparas de protección y se han intensificado las labores de limpieza y desinfección de las sedes judiciales, informando también al personal y público sobre la necesidad de mantener el distanciamiento social para evitar contagios.

Por último, ha explicado el consejero, se ha mantenido el contacto permanente con los Colegios de Abogados y de Procuradores de la Comunidad, atendiéndoles en todo momento y apoyándoles en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los servicios de orientación jurídica. Asimismo, pese a la crisis sanitaria, la Comunidad ha hecho efectivo el abono de la asistencia y el turno de oficio hasta febrero de 2020 y, tras recibir las certificaciones del mes de marzo, se procederá a pagar los servicios de ese periodo a finales de abril.